Una escena electoral inauguró el guion de Daniel Quintero acerca de las reclamaciones luego de la contingencia de abril de 2018 en el proyecto Hidroituango. En medio de una sesión del Concejo de Medellín sobre el estado de EPM, Quintero llevó un trozo de queso a manera de simbolismo para dar a entender que los ratones se estaban comiendo la empresa. El resumen de su discurso fue que EPM favorecía a sus contratistas y la empresa estaba subordinada a los intereses privados. En los cuatro años anteriores a la bufonada del entonces candidato, el patrimonio de EPM había crecido 28,5 %, las transferencias al municipio de Medellín habían sobrepasado los $5 billones y los ingresos de la empresa habían subido un 38 %. La propaganda de Quintero se alejaba de la realidad de los números.
Ya en la Alcaldía, Quintero montó la pantalla y comenzó a proyectar su película. Lo primero fue anunciar una demanda contra los contratistas de la obra para cobrar $9,9 billones. Según sus cuentas, eso valía la culpa del consorcio CCC que EPM había contratado para construir el proyecto. La Junta Directiva en pleno (tres miembros nombrados por el alcalde) renunció al no ser consultada sobre semejante decisión. En la carta de renuncia se lee: “No conocemos que se haya estructurado la matriz de riesgo para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”. Esos riesgos estuvieron a punto de consumarse con una parálisis del proyecto el 1° de enero de 2022. Hoy en día la famosa demanda no existe. En marzo de este año fue inadmitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y se quedó en suspenso porque el demandante decidió no subsanar los errores de forma.
Pero esa demanda fallida sí trajo efectos reales: primero, la baja de la calificación de EPM de BBB a BBB- por parte de Fitch y el consiguiente aumento de intereses que según el actual gerente haría crecer en $2,1 billones lo que falta por ejecutarse en Hidroituango. Segundo, el cañazo de Quintero con la demanda sacó de la gerencia a Álvaro Guillermo Rendón, el primer gerente que el alcalde llevó a EPM. Rendón renovó el contrato del consorcio CCC y según su jefe eso podría incidir en las posibilidades de éxito de la demanda presentada por EPM. “Necesito un gerente que me copie más”, dijo el alcalde. Tercero, las aseguradoras que habían comenzado a pagar retrocedieron un poco al advertir que la demanda no descartaba la culpa grave de los contratistas. Se arriesgaba la plata en aras de sostener la caña.
El contralor Felipe Córdoba llegó a reforzar la película de Daniel Quintero y se convirtió en protagonista. Su fallo le daba sustento al guion del alcalde, aunque por ningún lado hablara de corrupción sino de una serie de decisiones técnicas y administrativas desafortunadas. El fallo inhabilitaba al consorcio y ponía en riesgo la continuidad del proyecto. Quintero habló de nueva licitación y de un plan B para que EPM siguiera con las obras. Celebró el fallo y señaló a los contratistas. Antes había dicho que no era un tema de seguros sino de dignidad y que constructores y diseñadores tenían que pagar.
Llegó el pago de los seguros y la película de Quintero se vino al suelo. El juego político se cayó por completo y volvió la sana lógica que se planteó desde el día uno luego de la contingencia: cobrar los seguros y recuperar la plata sin demandas, vía el cumplimiento de un contrato con Mapfre. El consorcio CCC seguirá con la obra y no se presentaron los nuevos pliegos, ni el plan B, ni la demanda. La ficción cedió a la realidad, pero el payaso salió a celebrar y a anunciar nuevas acciones jurídicas. La obra seguirá el 1° de enero a pesar de que Quintero buscara imponer el desastre.
