Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las Auc, las Agc, los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría, sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80 % de los lotes identificados con coca ya había tenido tratamiento estatal. El trabajo del Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las mismas regiones donde ha reinado en los últimos diez años. Solo dos municipios, Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top diez de los cocaleros, concentran el 25 % de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la lista de los diez municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos diez municipios concentran el 48 % de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar, sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y compradores. Solo el 5 % de los sembrados está en territorios que nunca habían tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas para la siembra, un 30 % del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de líneas fronterizas. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40 % hace alguna transformación a la hoja fresca. Una familia de cinco miembros gana en promedio $15 millones al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del SIMCI, algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50 hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales” que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que, en las zonas de dominio histórico de las Farc (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare), el crecimiento fue mucho menor que en territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú, la coca pasó de 2.000 a 5.000 hectáreas. En todo el Catatumbo las negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años. Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros cocaleros. Y una tranquilidad: en las cercanías de más de la mitad de las zonas veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc entregará nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran conocimiento acumulado.
Han pasado las avionetas con glifosato, los planes de sustitución, las cuadrillas de erradicadores, los capos de ocasión, las Farc, las Auc, las Agc, los cantos de victoria contra la mata que mata, la guerra, la paz… y Colombia tiene de nuevo las 146.000 hectáreas de coca que tenía hace 15 años. Y la gran mayoría, sembradas en los mismos territorios que ya habían sido escrutados por los satélites, fumigados y erradicados previamente. El recién publicado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), estudio que realiza desde el año 2000 la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, deja claro que el 80 % de los lotes identificados con coca ya había tenido tratamiento estatal. El trabajo del Estado sirve sobre todo como abono para el terreno de siempre.
El estudio muestra que los núcleos fuertes de coca sirven como imán para nuevos cultivos en sus cercanías. La coca está cada vez más concentrada en las mismas regiones donde ha reinado en los últimos diez años. Solo dos municipios, Tumaco y Tibú, presentes durante más de una década en el top diez de los cocaleros, concentran el 25 % de toda la coca sembrada en el país. Entre 2015 y 2016 la lista de los diez municipios con más coca se mantuvo casi intacta, solo salió Olaya Herrera (Nariño) y entró Sardinata (Norte de Santander). Esos diez municipios concentran el 48 % de la coca sembrada en Colombia, hace un año marcaban apenas el 37% del total nacional. Ya no se trata de abrir trocha para sembrar, sino de utilizar el conocimiento y la hospitalidad de los viejos cultivadores y compradores. Solo el 5 % de los sembrados está en territorios que nunca habían tenido coca.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo tienen cerca de dos terceras partes de las hectáreas sembradas, y la mitad del crecimiento de cultivos en 2016 se dio en esos dos primeros departamentos. El negocio se concentra para facilidad de compradores de hoja, cocineros, exportadores. Integración vertical, dirían los empresarios. Y las zonas de frontera se han convertido en las preferidas para la siembra, un 30 % del total de cultivos está a menos de 20 kilómetros de líneas fronterizas. Ventajas logísticas, dirían los exportadores.
Mientras tanto, las casi 110.000 familias que siembran coca siguen teniendo en promedio un poco menos de una hectárea y solo el 40 % hace alguna transformación a la hoja fresca. Una familia de cinco miembros gana en promedio $15 millones al año por el cultivo de una hectárea de coca. Por fuera del SIMCI, algunos investigadores hablan del inicio de fincas coqueras de hasta 50 hectáreas y la conversión de las familias cocaleras en simples jornaleros para “gamonales” que siembran, cocinan y exportan.
El estudio muestra además que, en las zonas de dominio histórico de las Farc (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare), el crecimiento fue mucho menor que en territorios donde la presencia de actores armados es diversa o el dominio es claramente ejercido por el Clan del Golfo (Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca). Hay una alerta clave para lo que viene. Cerca de la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú, la coca pasó de 2.000 a 5.000 hectáreas. En todo el Catatumbo las negociaciones con los campesinos, llamadas Mesas de Interlocución y Acuerdos (MIA), llevaron a que las hectáreas se cuadruplicaran en los últimos tres años. Los acuerdos pueden ser garantía de más coca, más presión ilegal y paros cocaleros. Y una tranquilidad: en las cercanías de más de la mitad de las zonas veredales no hay coca y en otras tantas el área se mantuvo estable.
El acuerdo con las Farc entregará nuevas perspectivas, nuevas estrategias y nuevos recursos, pero la pelea seguirá siendo muy difícil con un mercado gringo creciente y un gran conocimiento acumulado.