Hace 25 años, luego de la sentencia sobre dosis mínima dictada por la Corte Constitucional, surgió una reacción de rechazo casi unánime por parte de políticos y medios de comunicación. Indignación y pánico podrían ser las palabras para definir la forma como se recibió el fallo en ese momento. El presidente Gaviria, cerca al final de su mandato, habló de la necesidad de una consulta popular que limitara el artículo 16 de la Constitución. Carlos Lemos Simmonds soltó la frase que hoy habría sido un éxito en redes sociales: “Presumo que algunos necesitarán muchos gramos de mariguana, cocaína o bazuco para desarrollar su personalidad”. Ahí está, creo, el primer equívoco que se ha mantenido durante más de dos décadas. Para muchos, el “libre desarrollo de la personalidad” es apenas la posibilidad de ejercer la mesura, la decencia y la cautela. Ese desarrollo es visto como un proceso de crecimiento personal, como el logro de unas metas sociales. Pero resulta que los individuos tienen derecho a lo que algunos llaman extravíos, y pueden decidir contra la ruta de las mayorías e incluso contra sí mismos. Nadie está obligado a ser ejemplo de virtud y sobriedad.
La segunda confusión que se mantiene es la imposibilidad de separar a consumidores y adictos. Vicioso es el término que los agrupa a los dos con mucho de desprecio. Una mirada que recuerda las notificaciones de los grupos de limpieza social. Hace 100 años en Estados Unidos estaba en boga la necesidad del “aislamiento y la cuarentena para quienes consumían habitualmente drogas narcóticas”. La drogadicción como una especie de contagio muy cercano a las enfermedades venéreas. Para algunos era otra “amenaza secreta” que debía ser extirpada y destruida. Algo parecido vemos hoy con el pavor a que los menores puedan ver a alguien consumiendo. La estrategia parece ser esconder cualquier referencia a las drogas, negar un mercado cada vez más omnipresente, dejar toda la información en manos de los jíbaros. En la Unión Europea el 20 % de los jóvenes entre los 15 y los 24 años fumaron marihuana en el último año. Y el estudio de consumo entregado una semana pasada habla de la “uberización” del tráfico en las ciudades. Ahora no se necesita salir a los parques o las esquinas para “mercar”. En Estados Unidos el 35 % de los estudiantes del grado 12° fumaron hierba en el último año. Y el gran debate electoral de hoy en Reino Unido surgió porque 7 de los 11 candidatos conservadores han reconocido haber consumido drogas ilegales. Es imposible proteger a los menores de las drogas escondiendo su existencia.
Pero tal vez el peor punto de nuestro debate sea la manera como se ignoran las evidencias sobre el consumo de menores en Colombia. Lo importante es vender la idea de una epidemia con el rostro ceñudo. Según el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar realizado en 2016, los crecimientos en los últimos 5 años son marginales. Los estudiantes, entre 7° y 11°, que han probado alguna vez marihuana, cocaína, éxtasis o popper pasaron del 12 % al 13,4 %. Incluso hay una reducción entre quienes consumieron en el último año. Por otra parte, el consumo de las sustancias a las que están más expuestos, alcohol y cigarrillo, se redujo de manera considerable. La prevención puede más que el prejuicio.
El último despiste tiene que ver con el reciente fallo. La policía conserva la potestad de perseguir la venta en espacio público y las autoridades locales pueden entrar a imponer reglas y restricciones. El fallo no es una invitación al consumo, sino a lograr acuerdos de convivencia más allá de una prohibición general. Nunca sobra una restricción al libre desarrollo de la arbitrariedad en aras de acuerdos sociales más cuidadosos y menos rabiosos.
Hace 25 años, luego de la sentencia sobre dosis mínima dictada por la Corte Constitucional, surgió una reacción de rechazo casi unánime por parte de políticos y medios de comunicación. Indignación y pánico podrían ser las palabras para definir la forma como se recibió el fallo en ese momento. El presidente Gaviria, cerca al final de su mandato, habló de la necesidad de una consulta popular que limitara el artículo 16 de la Constitución. Carlos Lemos Simmonds soltó la frase que hoy habría sido un éxito en redes sociales: “Presumo que algunos necesitarán muchos gramos de mariguana, cocaína o bazuco para desarrollar su personalidad”. Ahí está, creo, el primer equívoco que se ha mantenido durante más de dos décadas. Para muchos, el “libre desarrollo de la personalidad” es apenas la posibilidad de ejercer la mesura, la decencia y la cautela. Ese desarrollo es visto como un proceso de crecimiento personal, como el logro de unas metas sociales. Pero resulta que los individuos tienen derecho a lo que algunos llaman extravíos, y pueden decidir contra la ruta de las mayorías e incluso contra sí mismos. Nadie está obligado a ser ejemplo de virtud y sobriedad.
La segunda confusión que se mantiene es la imposibilidad de separar a consumidores y adictos. Vicioso es el término que los agrupa a los dos con mucho de desprecio. Una mirada que recuerda las notificaciones de los grupos de limpieza social. Hace 100 años en Estados Unidos estaba en boga la necesidad del “aislamiento y la cuarentena para quienes consumían habitualmente drogas narcóticas”. La drogadicción como una especie de contagio muy cercano a las enfermedades venéreas. Para algunos era otra “amenaza secreta” que debía ser extirpada y destruida. Algo parecido vemos hoy con el pavor a que los menores puedan ver a alguien consumiendo. La estrategia parece ser esconder cualquier referencia a las drogas, negar un mercado cada vez más omnipresente, dejar toda la información en manos de los jíbaros. En la Unión Europea el 20 % de los jóvenes entre los 15 y los 24 años fumaron marihuana en el último año. Y el estudio de consumo entregado una semana pasada habla de la “uberización” del tráfico en las ciudades. Ahora no se necesita salir a los parques o las esquinas para “mercar”. En Estados Unidos el 35 % de los estudiantes del grado 12° fumaron hierba en el último año. Y el gran debate electoral de hoy en Reino Unido surgió porque 7 de los 11 candidatos conservadores han reconocido haber consumido drogas ilegales. Es imposible proteger a los menores de las drogas escondiendo su existencia.
Pero tal vez el peor punto de nuestro debate sea la manera como se ignoran las evidencias sobre el consumo de menores en Colombia. Lo importante es vender la idea de una epidemia con el rostro ceñudo. Según el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar realizado en 2016, los crecimientos en los últimos 5 años son marginales. Los estudiantes, entre 7° y 11°, que han probado alguna vez marihuana, cocaína, éxtasis o popper pasaron del 12 % al 13,4 %. Incluso hay una reducción entre quienes consumieron en el último año. Por otra parte, el consumo de las sustancias a las que están más expuestos, alcohol y cigarrillo, se redujo de manera considerable. La prevención puede más que el prejuicio.
El último despiste tiene que ver con el reciente fallo. La policía conserva la potestad de perseguir la venta en espacio público y las autoridades locales pueden entrar a imponer reglas y restricciones. El fallo no es una invitación al consumo, sino a lograr acuerdos de convivencia más allá de una prohibición general. Nunca sobra una restricción al libre desarrollo de la arbitrariedad en aras de acuerdos sociales más cuidadosos y menos rabiosos.