Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Señalar a una región del país como el origen de la violencia de Estado y de la alianza entre política y paramilitarismo es una simplificación propia de un político en campaña. La historia del paramilitarismo en Colombia tiene múltiples tiempos y geografías, los crímenes de Estado se confunden con nuestra primera independencia y encuentran, tal vez, su punto más alto en la violencia partidista de mediados del siglo XX. La guerra sigue siendo el estribillo preferido de nuestra política. La derecha tiene el rechazo al Acuerdo con las FARC, firmado hace 10 años, como bandera inamovible. La impunidad no es el motivo de su nostalgia de la guerra contra las FARC, es solo un despecho por su principal discurso. La izquierda tiene el señalamiento a la violencia paramilitar, luego de 20 años de Justicia y Paz, como el centro de su estrategia. No se trata de una defensa de la memoria nacional: es, sobre todo, un ejercicio de excitación electoral.
Pero cuando la muletilla del conflicto tiene además acusaciones regionales se acude a un peligroso juego divisorio. Se critican, con razones justificadas, los delirios regionales de Antioquia y la ridiculez del “Paisaporte”, y al mismo tiempo se juega a la exclusión regional. Construir una geografía de la maldad nacional es inútil, injusto y peligroso.
Estoy seguro de que Iván Cepeda conoce de sobra los orígenes complejos del paramilitarismo y la parapolítica en Colombia. Al igual que la amplia red nacional de la participación del Estado en violaciones masivas de Derechos Humanos.
Sabe, por supuesto, que desde los años sesenta los manuales militares tenían instrucciones para acompañar a los civiles en las operaciones contrainsurgentes. Los grupos de “defensa civil” tienen su origen en una ley de 1968 y documentos militares de finales de los setenta hablan de pautas de operación de “juntas de autodefensa” y “comités cívico-militares”. Las Convivir son un desarrollo posterior en esa prehistoria del Estado criminal.
Y sabe también que el Magdalena Medio fue la cuna paramilitar y Puerto Boyacá lució muchos años la valla de “capital antisubversiva de Colombia” en sus afueras. Y que municipios como Chinácota, Puerto Triunfo, Cimitarra, Yacopí, Barrancabermeja, entre otros, fueron el comienzo de esa hoguera que incendió casi todo el país. Confluencia de grupos armados ya consolidados, cercanía de bases militares, llegada de narcos y esmeralderos a la zona y ser puntos de expansión guerrillera fueron, entre otros, los factores para que ese primer paramilitarismo se desarrollara. Cepeda conoce de sobra esa historia.
Y muy seguramente ha hablado en sus debates de la configuración de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. No sé si ha dicho que las FARC jugaron un papel importante en esa tragedia. El asesinato de cientos de desmovilizados del EPL por parte de las FARC, conoce sin duda la masacre de La Chinita, hizo que muchos esperanzados crearan los Comandos Populares. Esos Comandos terminaron siendo claves en los ejércitos de Los Castaño. De ahí salieron los hermanos Úsuga David. Seguro ha oído hablar de ellos. Ese modelo de Urabá se exportó por buena parte del país y donde llegaron construyeron nexos con la política local.
También tiene claro el papel del MAS (Muerte a Secuestradores) en la financiación de esos brotes paras luego del secuestro de Martha Nieves Ochoa por parte del M-19. Esa franquicia del MAS se regó por todo el país, sirvió de parapeto como pasó después con Las Águilas Negras. Ahí estuvieron narcos de todas partes.
Iván Cepeda quiere señalar a Álvaro Uribe y señala a Antioquia como una mancha en el mapa de nuestra violencia generalizada. Un triste juego regional de barra brava para atizar odios. Es seguro que sería más pertinente, para un candidato que conoce nuestro conflicto, hablar de la violencia actual y señalar soluciones nacionales.
