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A comienzos del año 2000, los paramilitares comenzaron a tomarse la Universidad de Córdoba. Se trataba de una estrategia de “inteligencia” para detectar guerrilleros, de un negocio para lograr recursos extras y de sus esfuerzos por el dominio social. “Lo hicimos porque era un sitio donde se negociaban los secuestros y donde se impartía una ideología tendenciosa hacia el fenómeno guerrillero… No podíamos permitir el adoctrinamiento de los muchachos”, dijo Mancuso en Justicia y Paz.
Rápidamente lograron infiltrar a uno de sus colaboradores en el Consejo Estudiantil, presionar a los miembros del Consejo Superior y nombrar un rector obediente. Directores regionales del CTI y hombres de la Sijín sirvieron de “enlaces” del Estado para completar la estrategia de terror y control. 17 personas fueron asesinadas en seis años de infiltración en la universidad.
Algunos jóvenes cercanos a los paras –Mancuso era su tutor– comenzaron a recibir becas y estímulos para ingresar a la universidad. Ya sabemos cuáles eran sus estudios. Los estudiantes se convirtieron en informantes para señalar supuestos guerrilleros y confirmar sentencias a muerte. ‘Los de los libros’, les decían entre las AUC, no se sabe si como burla o reconocimiento. Carlos Andrés Palencia, alias Visaje, el ‘decano’ de Mancuso en la universidad, dijo en una declaración en Justicia y Paz en 2010 que había al menos 15 jóvenes que servían como chivatos. Algunos de ellos fueron asesinados luego de sus trabajos: sabían demasiado.
En 1998, la Universidad del Atlántico sufrió la Red Cóndor, donde agentes de inteligencia del Gaula, el DAS y el Ejército se unieron con paramilitares de ‘Jorge 40’ para “imponer orden” en la universidad. Los políticos regionales también jugaron un papel importante en esa toma paramilitar. Además, personajes como José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, tuvieron la gran idea de poner sus fichas en los Consejos Superiores de algunas universidades. Desde los tiempos de Rojas Pinilla, el Estado ha sido bastante atento y “estricto” en las universidades públicas. No hablemos de Turbay Ayala.
Por esa historia tenebrosa causó tanta sorpresa el doble rol de Wilmar Mejía en la Universidad de Antioquia y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según parece, para Mejía el asunto era normal, en un momento le contó a algunos compañeros del CSU que ejercía labores en la DNI. Las menciones a su nombre en las comunicaciones de las disidencias de ‘Calarcá’, que lo sitúan como el enlace del Gobierno, hacen que pasemos de la incompatibilidad de funciones al riesgo latente. Mejía logró llegar a un alto cargo en la DNI por información recibida de militares, por ser un eficaz ciudadano interesado. Es imposible pensar que tenía un oído para ejercer como académico y el otro para aguzar como director de inteligencia. El recontraespionaje exige tiempo completo.
La extraña simbiosis en los encargos de Mejía tiene un agravante. El Gobierno Petro tiene las universidades como un escenario clave en sus luchas políticas, la elección de la Nacional y los empeños de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar son ejemplos claros y los arrebatos constituyentes del presidente tienen a las universidades como bastión. La universidad que imagina Petro solo tiene una carrera: ciencia política con énfasis en actividad electoral. En la U de A eso ha desatado un agrio enfrentamiento con el gobernador. En ese ambiente de pugnacidad, y en medio de señalamientos mutuos, todo se hace más riesgoso. Hace poco, el gobernador Rendón dijo, de forma ligera, que los tentáculos del Gobierno en la universidad quieren “abonarle el camino a criminales y terroristas”. Señalamientos públicos, agentes encubiertos, peleas ideológicas, antecedentes subversivos y paramilitares. Mucho fuego para ese laboratorio universitario.
