Dicen los expertos en las cuentas oscuras que el mercado de la cocaína mueve US$80 billones al año.
En Colombia se cultivaron 305.000 toneladas de hoja fresca de coca en el 2014, cantidad suficiente para producir cerca del 70% de la demanda de clorhidrato de cocaína en EE. UU. y un poco más del 30% en el mercado europeo. Sin contar con las cerca de 180 toneladas de cocaína que quedan cada año en manos de la armada, el ejército y la policía. El cultivo anual de hoja de coca en Colombia vale más o menos US$250 millones, una bicoca. La mata, sea Tingo María, Caucana, Pajarito, Pinguana, Chiparra o Guayaba, es dura de matar y agradecida con sus cultivadores. Entrega en promedio 3,8 cosechas cada año y mueve el mundo de las trochas y los ríos en una Colombia que solo conocemos desde los satélites y las avionetas de fumigación.
En los últimos 20 años cerca de 400.000 familias rurales en Colombia han tenido relación directa o indirecta con la economía de la coca: cultivadores, raspachines, cocineros menores, cocineras de finca, acarreadores de insumos y hoja, vigilantes, mayordomos. Los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dicen que cerca de 65.000 familias se dedican actualmente al cultivo de coca en Colombia. Son los chichipatos del negocio, quienes se rayan los dedos con el arbusto, se envenenan con los agroquímicos, se someten a la voluntad de los patrones y a las penas del Estado que los presenta como narcos. Ayer no más apareció un titular según el cual EE. UU. podría pedir en extradición a cultivadores de coca. ¿Será que reciben las 65.000 familias que ellos mismos ayudaron a contar?
Cada vez nuestros cocaleros se dedican menos a la cocina. El 68% vende directamente la hoja, sin transformación alguna, a cambio de un poco más de un dólar por cada kilo. Hace diez años el 65% de los cultivadores participaba en algún punto del proceso de transformación. En promedio una hectárea entrega 4.700 kilos de hoja fresca al año y deja ingresos brutos por US$5.500. El promedio de los lotes cocaleros en el país es de 0,66 hectáreas. Lo que demuestra por qué muchos cocaleros mezclan la coca con cultivos legales de subsistencia.
Pero el Código Penal no se pone con minucias en las cuentas ni se dedica a los detalles. Lo suyo es un rasero burdo y una pena pronta. En Colombia hay cerca de 23.000 presos por delitos relacionados con drogas. Es la principal causa de captura de mujeres y la cuarta para la captura de hombres. Tal vez los más inocentes sean los cultivadores de coca. Siempre capturados en flagrancia, siempre aconsejados por soldados, fiscal, defensor de oficio y hasta jueces a reconocer su culpa bajo amenaza de penas mayores. Seis años es la pena mínima para los cultivadores luego de una reforma realizada con el ceño fruncido del país entero en 2014. En los últimos cinco años se han presentado cerca de 2.500 capturas por cultivo, conservación y financiamiento de plantaciones de coca. Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta son los líderes y, si pensamos que algo menos del 30% del cultivo está en resguardos y territorios comunitarios afro, es fácil deducir quiénes están en las cárceles. En la cárcel de San Isidro, en Popayán, por ejemplo, hay 600 presos por delitos relacionados con drogas de un total de 3.000 internos.
Se viene el posconflicto en tierras de la coca. Llegan las buenas intenciones y los mecanismos de siempre. Aparecerá la presión de las Farc jugando a la legalidad contra los nuevos actores de la coca. Esperemos que el Estado deje de creer que dará pelea con un tanque de veneno a la espalda y el Código Penal en la mano derecha.
Dicen los expertos en las cuentas oscuras que el mercado de la cocaína mueve US$80 billones al año.
En Colombia se cultivaron 305.000 toneladas de hoja fresca de coca en el 2014, cantidad suficiente para producir cerca del 70% de la demanda de clorhidrato de cocaína en EE. UU. y un poco más del 30% en el mercado europeo. Sin contar con las cerca de 180 toneladas de cocaína que quedan cada año en manos de la armada, el ejército y la policía. El cultivo anual de hoja de coca en Colombia vale más o menos US$250 millones, una bicoca. La mata, sea Tingo María, Caucana, Pajarito, Pinguana, Chiparra o Guayaba, es dura de matar y agradecida con sus cultivadores. Entrega en promedio 3,8 cosechas cada año y mueve el mundo de las trochas y los ríos en una Colombia que solo conocemos desde los satélites y las avionetas de fumigación.
En los últimos 20 años cerca de 400.000 familias rurales en Colombia han tenido relación directa o indirecta con la economía de la coca: cultivadores, raspachines, cocineros menores, cocineras de finca, acarreadores de insumos y hoja, vigilantes, mayordomos. Los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dicen que cerca de 65.000 familias se dedican actualmente al cultivo de coca en Colombia. Son los chichipatos del negocio, quienes se rayan los dedos con el arbusto, se envenenan con los agroquímicos, se someten a la voluntad de los patrones y a las penas del Estado que los presenta como narcos. Ayer no más apareció un titular según el cual EE. UU. podría pedir en extradición a cultivadores de coca. ¿Será que reciben las 65.000 familias que ellos mismos ayudaron a contar?
Cada vez nuestros cocaleros se dedican menos a la cocina. El 68% vende directamente la hoja, sin transformación alguna, a cambio de un poco más de un dólar por cada kilo. Hace diez años el 65% de los cultivadores participaba en algún punto del proceso de transformación. En promedio una hectárea entrega 4.700 kilos de hoja fresca al año y deja ingresos brutos por US$5.500. El promedio de los lotes cocaleros en el país es de 0,66 hectáreas. Lo que demuestra por qué muchos cocaleros mezclan la coca con cultivos legales de subsistencia.
Pero el Código Penal no se pone con minucias en las cuentas ni se dedica a los detalles. Lo suyo es un rasero burdo y una pena pronta. En Colombia hay cerca de 23.000 presos por delitos relacionados con drogas. Es la principal causa de captura de mujeres y la cuarta para la captura de hombres. Tal vez los más inocentes sean los cultivadores de coca. Siempre capturados en flagrancia, siempre aconsejados por soldados, fiscal, defensor de oficio y hasta jueces a reconocer su culpa bajo amenaza de penas mayores. Seis años es la pena mínima para los cultivadores luego de una reforma realizada con el ceño fruncido del país entero en 2014. En los últimos cinco años se han presentado cerca de 2.500 capturas por cultivo, conservación y financiamiento de plantaciones de coca. Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta son los líderes y, si pensamos que algo menos del 30% del cultivo está en resguardos y territorios comunitarios afro, es fácil deducir quiénes están en las cárceles. En la cárcel de San Isidro, en Popayán, por ejemplo, hay 600 presos por delitos relacionados con drogas de un total de 3.000 internos.
Se viene el posconflicto en tierras de la coca. Llegan las buenas intenciones y los mecanismos de siempre. Aparecerá la presión de las Farc jugando a la legalidad contra los nuevos actores de la coca. Esperemos que el Estado deje de creer que dará pelea con un tanque de veneno a la espalda y el Código Penal en la mano derecha.