Según los censos en las regiones cocaleras y los satélites que husmean todo el año por entre las nubes, Colombia tiene cerca de 960 millones de matas de coca agrupadas en pequeños cultivos que en su gran mayoría no superan las cinco hectáreas.
Desde finales de 2013 se ha presentado un aumento en los cultivos de coca y al mismo tiempo una concentración en el área de siembra: más coca en menos tierra. A pesar de que 2015 terminó con el mayor número de hectáreas sembradas en los últimos 8 años, los kilómetros cuadrados con problemas cocaleros sumaron una de las menores cifras desde el 2000. En últimas, crecieron un poco los lotes en los mismos sitios donde había coca en 2014. Los diez municipios más cocaleros del país sumaban en 2014 el 42% del total sembrado, en 2015 llegaron al 47%; y Tumaco, el líder indiscutido, ya tiene el 17% de los cultivos nacionales.
Las cuentas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) dicen que 74.500 familias recibieron ingresos por la siembra de la hoja que ha marcado los territorios de la guerra durante cerca de 40 años. La mayoría de los cocaleros (65%) venden la hoja fresca a quienes se encargan de transformarla en pasta base y luego en cocaína. El porcentaje de quienes solo venden la hoja llega a 92% en la región del Pacífico donde se agrupa algo menos de la mitad del total de cultivos en Colombia. A pesar de que el kilo de hoja subió 39%, los ingresos de una familia cocalera no son muy distintos de los que logra una familia campesina sembrando yuca, cacao, plátano o café. Si se suma lo que recibe una familia por las cuatro cosechas de una hectárea de coca en un año y algo de trabajo como “cocineros” o raspachines en lotes más grandes, los cinco integrantes promedio pueden alcanzar ingresos por $18 millones. Aún así, queda claro que nunca será fácil para el Gobierno, con o sin colaboración eficaz de las Farc, reemplazar un mercado agropecuario que les entrega cerca de US$480 millones a 372.000 personas, un número que excede por mucho a la base de las Farc y muestra que el grupo guerrillero controla si acaso un 40% del mercado ilegal.
Para quienes creen que todas las soluciones llueven del cielo y extrañan el glifosato hay algunos datos desalentadores. En Caquetá, por ejemplo, las hectáreas fumigadas han sido estables desde 2012 y en ese lapso el área cultivada se duplicó. En Antioquia, la fumigación se triplicó en los últimos dos años y las hectáreas de coca se duplicaron. En Meta y Guaviare la fumigación disminuyó 30% en el último año y la coca sembrada cayó el 3%. En el Putumayo el promedio de fumigación se ha mantenido durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. La lógica de bombardear con veneno y mostrarle a los campesinos solo la cara del Estado en la barriga de las avionetas no es mágica ni mucho menos.
La zona de frontera con Ecuador, los parques nacionales, los resguardos indígenas y los territorios de los afro siguen siendo los puntos críticos para la lucha contra la mata de coca. Ahí está sembrada cerca del 45% de la coca y el Estado no tiene mucha posibilidad de entrar, ni por las buenas ni por las malas. El Catatumbo es la zona de la gran derrota para el Gobierno, sus pactos no han parado la violencia y en cambio han cedido el control territorial y logrado que la coca se multiplique por cinco en los últimos cinco años. Las buenas noticias están en la Sierra Nevada, la Amazonía y la Orinoquía, donde la coca casi ha desaparecido en diez años.
La pelea es dispareja y distinta en cada territorio. El Estado siempre será un verdugo o un protector torpe en un medio que conoce mejor desde el satélite que bajo el sombrero del funcionario. Inevitablemente, la coca seguirá siendo para muchos una dura vía de escape.
