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Chile cumplió seis años de una agitación política estéril para los grandes cambios y predecible para su historia reciente de alternancia democrática. Los bandazos electorales han sido la constante en las nueve elecciones disputadas en apenas seis años, entre plebiscitos, elección de delegados constituyentes, votaciones parlamentarias, presidenciales y regionales, que han descrito una especie de indecisión ciudadana, movida entre los arrebatos revolucionarios y la prudencia conservadora, los impulsos reaccionarios y a la estabilidad de los derechos constitucionales.
Luego del estallido social de 2019, todo el país habló de un descubrimiento: la sociedad no era tan mansa y satisfecha; el gobierno no era tan justo y conciliador, la era democrática no había traído prosperidad compartida; la política era también una batalla y las heridas de la dictadura no habían cicatrizado del todo. Ese nuevo país, o mejor, esa nueva conciencia, necesitaba cambios profundos, nada de retoques.
De modo que vino la primera elección como una especie de pacto luego de la tormenta. En octubre de 2020, el 78 % de los electores votaron SÍ un cambio constitucional, era la gran demanda del estallido social y la sociedad parecía entenderlo, al menos el 50 % de quienes participaron en ese referendo. Solo ocho de las 346 comunas del país votaron NO al cambio. Luego vino la elección de la convención constitucional en mayo de 2021, coincidiendo con las elecciones regionales. La derecha, agrupada alrededor del presidente Piñera, solo obtuvo el 20 % y no logró la tercera parte de los escaños para ejercer el veto en las deliberaciones, los candidatos independientes fueron la gran sorpresa: 103 de los 155 miembros de la Convención no tenían militancia partidista tradicional, y el Frente Amplio de Boric obtuvo la votación más amplia en la izquierda que vio derrotadas a sus miembros más moderados. La nueva constitución se redactó y en septiembre de 2022 el 62 % de la población rechazó el texto. Paradójicamente el exceso de independientes hizo que la explosión de propuestas dificultara la posibilidad de acuerdos sólidos. Hizo falta el papel articulador de los partidos. Además, el texto fue percibido como una exigencia de la izquierda y las mayorías prefirieron aplazar los cambios.
Vino entonces la elección de un nuevo Consejo Constitucional donde la derecha logró las mayorías. Pero un año y tres meses después, en diciembre del 2023, las mayorías volvieron a decir NO. El 55 % de los electores votaron en contra de la nueva propuesta constitucional. Ahora la gente percibía el texto como el plan de gobierno de la derecha liderada por José Antonio Kast. Las demandas del estallido no estaban por ninguna parte y la ciudadanía se había cansado de las discusiones constitucionales. La política parecía incapaz de resolver las preocupaciones ciudadanas respecto a la seguridad y la economía. Las mayorías tampoco querían un retroceso en derechos de las mujeres y las minorías. Boric cerró el capítulo de manera escueta: “Las urgencias son otras”. Ahora el 60 % de los chilenos decían no querer más discusiones constitucionales.
Dos años después de esa derrota de la derecha, su representante más extremo, el mismo Kast, acaba de ganar las elecciones con más de 17 % de ventaja. Una lección para los arrebatos constitucionales, la política espectáculo de los influencers, la erosión de los partidos y las reformas impuestas desde una facción ideológica.
Quedan algunas conclusiones. Los triunfos electorales siempre son más parciales y limitados que la retórica fundacional de muchos políticos, solo acuerdos mínimos son duraderos y los electores no responden al fetichismo normativo. El Chile más convulso desde el regreso de la democracia se movió de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y el péndulo solo entregó desengaños y promesas incumplidas. Solo hubo un gran cambio: el voto se hizo obligatorio.
