La Contraloría General de la República tiene este año un presupuesto superior a $1 billón. Tal vez haya sido la institución pública con mejor suerte en las asignaciones de recursos en tiempos de austeridad pandémica. El aumento para el ejercicio del control fiscal en 2021 llegó al 30 % y la mayoría se usa para gastos de funcionamiento. Corbatas a la medida, escritorios según cálculos electorales, salarios siguiendo la afinidad. Desde que llegó Carlos Felipe Córdoba, la nómina no ha parado de crecer. Según un estudio de La Silla Vacía, “Pipe” ha nombrado a más de 3.000 funcionarios durante su reinado, que inició en 2018. Además de ser un delicioso escampadero para políticos de todos los colores, la Contraloría es una guillotina implacable para decapitar rivales. Es el instrumento soñado para la angurria burocrática y la ambición electoral: acomodos millonarios para los amigos y venganzas a la mano para los rivales políticos.
Carlos Felipe Córdoba resultó perfecto para el cargo. Tiene la desbordante simpatía del culebrero, la habilidad de camuflaje del lagarto joven, el soporte familiar de un cacique y la obediencia del ambicioso sin demasiados afanes. Eso hizo posible que fuera miembro de las juventudes uribistas, amigo y ahijado de Vargas Lleras, hombre de campaña de Óscar Iván Zuluaga, preferido de los conservadores por recomendación de su suegro, alfil de los liberales por simpatías regionales y ecuaciones burocráticas con César Gaviria. No es raro entonces que haya sido elegido con 205 votos en el Congreso y con la bendición diligente del presidente Duque. En su discurso luego de la celebración agradeció a Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y César Gaviria.
“Pipe” se ha convertido en casi el director de una multipartidista bancada en el Congreso. Sus nombramientos han dado gusto a sus variopintos apoyos y es el hombre que mueve hilos claves en el Capitolio. Sin esa maquinaria hubiera sido imposible que el Congreso le aprobara en 2019 una reforma constitucional que le entregó poderes desorbitados y le aseguró un crecimiento presupuestal durante tres años consecutivos. ¿Una reforma constitucional con parágrafo para plata fija? Sí, con “Pipe” todo es posible. Entre las peligrosas atribuciones que dejó esa reforma está la posibilidad de exigir la suspensión de los funcionarios mientras se avanza en las investigaciones. Para eso es necesario confiar en su “verdad sabida y buena fe guardada”. Sus investigaciones sirven además como prueba en procesos disciplinarios y penales. Su control es prevalente, preventivo, en tiempo real, concomitante… Solo faltó incluir omnipotente.
¿Cómo entender que políticos y Gobierno de manera casi silenciosa hayan aprobado entregar más plata y más herramientas de investigación y castigo a una entidad encargada de fiscalizar y sancionar sus poderes? La respuesta es simple: el contralor no es un investigador ni un vigilante de los recursos públicos sino un instigador contra algunos y un amable y servicial mayordomo de mayorías y castas políticas. Un refranero de ocasión para la política de baranda. Lo mejor de todo es que Córdoba da resultados en el corto plazo, entrega vales y sentencias en meses y los posibles desmentidos se demoran años.
La Contraloría General hace pensar que la lucha contra la corrupción puede resultar peor que la corrupción. La política tradicional entrega vítores, poder y plata a un funcionario encargado del castigo a los corruptos. Un contrasentido. No hay duda de que ese lagarto se muerde la cola.
