UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS en la elaboración y evaluación de las políticas antidrogas es la gran brecha entre la prédica y la práctica de los gobiernos.
El tema de las drogas impone casi siempre obligaciones demagógicas de puño cerrado que se estrellan contra evidencias exitosas de mano abierta. Paradójicamente los gobiernos pueden terminar ocultando sus triunfos para ofrecer el esfuerzo severo de sus fracasos.
Hace poco el ministro Valencia Cossio dijo que en el Gobierno “están contentos” porque Obama coincide con los lineamientos del Ejecutivo en el tema de las drogas. Uno podría decir que los discursos tienen una cautela política parecida pero utilizan la expresión “problema de salud pública” con motivaciones distintas y fines contrarios: el gobierno Obama intentará flexibilizar algunas encrucijadas criminales y el de Uribe buscará asustar a los consumidores, internar a los adictos y encerrar a los jíbaros con la amenaza de un mismo tribunal.
Pero más allá de los discursos del Gobierno central la política antidrogas en Estados Unidos tiene iniciativas propias surgidas desde las regiones y las ciudades. Un ejemplo comparativo puede demostrar las diferencias de enfoque. En Colombia el Departamento del Cauca ha venido sufriendo ataques por parte de las Farc que en la última semana dejaron 11 muertos y 15 heridos. Las grandes pérdidas del Ejército y la Policía en los últimos meses se han concentrado en el Cauca y el ataque más reciente a una estación de Policía terminó con la muerte de un niño de 5 años. Para muchos observadores es claro que las Farc están defendiendo su negocio y las rutas de salida para abastecer el mercado local.
Mientras tanto el Estado de California, séptima economía del mundo, reino de Hollywood, meca de Silicon Valley, cuna de los vinos del Napa, se apresta a votar en noviembre un referendo para legalizar la posesión, el cultivo y el consumo de marihuana. Un grupo de promotores, médicos y millonarios activistas a favor del moño, lograron reunir 433.971 firmas para someter a aprobación popular la Cannabis Act. De aprobarse se establecería un límite legal para el porte de 28 gramos por persona y 2,3 metros cuadrados por “parcela verde”. Los legisladores estatales que apoyan la propuesta han encontrado un argumento irrebatible: según los cálculos el comercio legal de la hierba dejaría 1.300 millones de dólares al año en impuestos para un Estado con problemas fiscales. La cifra ha hecho pensar a más de uno de los antiguos bulldogs antidrogas. Michael Hennessey, Sheriff de San Francisco, es uno de los nuevos apoyos para legalizar el proveedor de 10 barillitos.
Pero hay diferencias más dicientes. Llevamos tres meses oyendo hablar de la lucha cerrada contra el jíbaro. Sin embargo, algunas ciudades gringas han encontrado fórmulas distintas para tratar la violencia que generan las plazas de vicio. La operación Alto al Fuego ofreció a los socios de algunas ollas la alternativa de no ser procesados si disminuían los ataques violentos a la competencia. Así se logró frenar algunas vendettas entre distribuidores. En otras ciudades la policía identificó a los jíbaros, usualmente muy jóvenes, e informó a los padres y profesores sobre el negocio de los pelaos y las posibilidades de cárcel. Luego de dos años se redujeron los arrestos y los delitos violentos bajaron un 25%. En Colombia todavía creemos que se trata de fruncir el ceño y cambiar los números del Código Penal.
wwwrabodeaji.blogsspot.com
UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS en la elaboración y evaluación de las políticas antidrogas es la gran brecha entre la prédica y la práctica de los gobiernos.
El tema de las drogas impone casi siempre obligaciones demagógicas de puño cerrado que se estrellan contra evidencias exitosas de mano abierta. Paradójicamente los gobiernos pueden terminar ocultando sus triunfos para ofrecer el esfuerzo severo de sus fracasos.
Hace poco el ministro Valencia Cossio dijo que en el Gobierno “están contentos” porque Obama coincide con los lineamientos del Ejecutivo en el tema de las drogas. Uno podría decir que los discursos tienen una cautela política parecida pero utilizan la expresión “problema de salud pública” con motivaciones distintas y fines contrarios: el gobierno Obama intentará flexibilizar algunas encrucijadas criminales y el de Uribe buscará asustar a los consumidores, internar a los adictos y encerrar a los jíbaros con la amenaza de un mismo tribunal.
Pero más allá de los discursos del Gobierno central la política antidrogas en Estados Unidos tiene iniciativas propias surgidas desde las regiones y las ciudades. Un ejemplo comparativo puede demostrar las diferencias de enfoque. En Colombia el Departamento del Cauca ha venido sufriendo ataques por parte de las Farc que en la última semana dejaron 11 muertos y 15 heridos. Las grandes pérdidas del Ejército y la Policía en los últimos meses se han concentrado en el Cauca y el ataque más reciente a una estación de Policía terminó con la muerte de un niño de 5 años. Para muchos observadores es claro que las Farc están defendiendo su negocio y las rutas de salida para abastecer el mercado local.
Mientras tanto el Estado de California, séptima economía del mundo, reino de Hollywood, meca de Silicon Valley, cuna de los vinos del Napa, se apresta a votar en noviembre un referendo para legalizar la posesión, el cultivo y el consumo de marihuana. Un grupo de promotores, médicos y millonarios activistas a favor del moño, lograron reunir 433.971 firmas para someter a aprobación popular la Cannabis Act. De aprobarse se establecería un límite legal para el porte de 28 gramos por persona y 2,3 metros cuadrados por “parcela verde”. Los legisladores estatales que apoyan la propuesta han encontrado un argumento irrebatible: según los cálculos el comercio legal de la hierba dejaría 1.300 millones de dólares al año en impuestos para un Estado con problemas fiscales. La cifra ha hecho pensar a más de uno de los antiguos bulldogs antidrogas. Michael Hennessey, Sheriff de San Francisco, es uno de los nuevos apoyos para legalizar el proveedor de 10 barillitos.
Pero hay diferencias más dicientes. Llevamos tres meses oyendo hablar de la lucha cerrada contra el jíbaro. Sin embargo, algunas ciudades gringas han encontrado fórmulas distintas para tratar la violencia que generan las plazas de vicio. La operación Alto al Fuego ofreció a los socios de algunas ollas la alternativa de no ser procesados si disminuían los ataques violentos a la competencia. Así se logró frenar algunas vendettas entre distribuidores. En otras ciudades la policía identificó a los jíbaros, usualmente muy jóvenes, e informó a los padres y profesores sobre el negocio de los pelaos y las posibilidades de cárcel. Luego de dos años se redujeron los arrestos y los delitos violentos bajaron un 25%. En Colombia todavía creemos que se trata de fruncir el ceño y cambiar los números del Código Penal.
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