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16 Jun 2021 - 5:05 a. m.

Lecciones brasileras

Durante siete años Brasil celebró una campaña anticorrupción con visos de carnaval y entregó aires de justicia y revancha a una mayoría de la población. La política ya no aportaba ninguna credibilidad así que era hora de que los jueces, su investidura y su severidad, cargaran con las emociones extinguidas de las campañas políticas. Las primeras del caso Lava Jato se dieron en 2014 e involucraron a 46 personas por delitos de soborno por parte de la estatal Petrobras y lavado de dinero. Un año más tarde el Ministerio Público había construido un portal con información abierta sobre el proceso que unos meses después tenía más de un millón de visitas. Ya en el 2017 el expresidente Lula da Silva había sido condenado a nueve años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht y perdía así la oportunidad de participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Sergio Moro fue desde el comienzo el líder y la cara visible de la ofensiva, un moralizador que se fue entusiasmando con su tarea y con la sociedad civil que lo aclamaba. Sus declaraciones sobre la vanidad judicial parecían calcadas de los políticos: “¡Siempre he dicho públicamente que lo importante es el trabajo institucional, el poder judicial y sus instituciones! Entonces, debemos enfocarnos en el fortalecimiento de las instituciones porque esto también implica el fortalecimiento de nuestra democracia”. Pero comenzaron a aparecer las fotos sociales con personas de la Social Democracia que al mismo tiempo eran llamadas a declarar contra sus rivales políticos. Las advertencias de los juristas más serios y garantistas fueron desestimadas como un afán de tapar a los poderosos. Desde 2014 un magistrado del Tribunal Federal dejaba claros los peligros: “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco”. Moro conminaba a Lula a declarar con la policía antes de notificarlo, filtraba a la prensa las piezas que consideraba fundamentales así no tuvieran respaldo legal. Por ejemplo, las interceptaciones de conversaciones con Dilma Rousseff que justificó citando como precedente el Watergate gringo de 1974.

Moro recibía premios internacionales, era aplaudido a rabiar en sus visitas a capitales latinoamericanas y su capa de superjuez cubría casos y condenas en muchos países. La falta de un contrincante de peso por la “descalificación” de Lula sumada al impulso anticorrupción llevaron a Bolsonaro al poder. Moro, que había negado de plano la posibilidad de estar en la política, llegó al Ministerio de Justicia del nuevo presidente alegando que era un cargo técnico para impulsar reformas claves. Un año y cuatro meses duró antes de salir disparando del gobierno por las injerencias de Bolsonaro en el despido del jefe nacional de Policía.

Pero faltaba lo peor. Las comunicaciones por Telegram de Moro y los fiscales se filtraron y fue claro que el juez hacía también de fiscal y daba órdenes y consejos a los acusadores. Ahora sí las filtraciones le parecían injustificables. En marzo pasado el Tribunal Supremo de Brasil confirmó la libertad de Lula y anuló los fallos en su contra decidiendo que la decisión de Moro había sido parcializada. Ahora muchas de las causas penales de Lava Jato tambalean y uno de los magistrados del Tribunal habló de una Stasi brasilera.

En Colombia esos juegos de justicia suelen ser mucho más mediocres. Impulsados por Margarita Cabello o Carlos Felipe Córdoba, simples rondadores de curules con encargos partidistas e ínfulas justicieras. Moro, la procuradora y el contralor demuestran que la aparente lucha contra la corrupción puede encarnar tantos peligros como la corrupción.

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