LA CONDENA AL CORONEL PLAZAS Vega por las desapariciones luego de la quema del Palacio de Justicia es sin duda una paradoja, una prueba de fuego al Estado, como dirían los ingeniosos.
No es fácil entender que la amnistía al M-19 surgió de un proceso de paz apoyado por todo el país, incluido un senador antioqueño de la época llamado Álvaro Uribe Vélez, y que los años de cárcel para Plazas Vega tienen que ver con un procedimiento macabro en las caballerizas, y no con errores militares ni fuerzas desmedidas.
El reciente desenlace de uno de los viejos dramas del ejército inglés puede servir de ejemplo para Colombia. Hace 38 años los soldados británicos dispararon contra un grupo de manifestantes en la ciudad de Londonderry en Irlanda del Norte. Una marcha contra las detenciones sin fórmula de juicio que hacía el ejército inglés derivó en las usuales batallas de piedras y botellas contra los soldados. Y lo que era una sencilla pedrea terminó con 14 jóvenes muertos y una justificación inmejorable para los separatistas radicales. Buena parte del mundo ha cantado una versión de la historia por cuenta del Sunday Bloody Sunday de U2. Durante mucho tiempo el gobierno inglés defendió a su ejército e intentó cubrir la matazón con un manto de legalidad. Unos meses después, el informe oficial dijo que los soldados ingleses respondieron la amenaza según los protocolos militares.
Pero el tiempo ha dado la posibilidad de aceptar las culpas. Una investigación de 12 años acaba de determinar que nunca hubo justificación para los disparos sobre víctimas civiles, y que sólo el ejército inglés es culpable de las muertes en el famoso Domingo Sangriento. El Primer Ministro David Cameron lo aceptó con claridad y resignación: “Soy un patriota (…) nunca he querido creer nada negativo sobre nuestras fuerzas militares (…), pero las conclusiones de este reporte son inequívocas: lo que ocurrió en el Domingo Sangriento fue injustificado e injustificable (…) No defendemos al ejército británico defendiendo lo indefendible. No tiene sentido intentar suavizar o presentar con ambigüedad lo que dice el informe”.
El tribunal que decidió el caso no hace parte de la justicia ordinaria, es un híbrido inglés entre comisión de la verdad y corte de última instancia sin competencia para aplicar sanciones penales. Fue creado por Tony Blair en 1998 para responder a los reclamos de impunidad que hacían los familiares de las víctimas. Trabajó en condiciones que entre nosotros parecen siempre incompatibles: bajo el amparo presupuestal del gobierno (se gastaron 234 millones de euros en la investigación) y muy por encima de sus intereses y sus intuiciones.
Podrán decir que es ridículo comparar las consecuencias de una marcha con las de un asalto. Pero hay algunos puntos de contacto. Los manifestantes también dispararon, no todos eran simples adolescentes rabiosos. El actual viceministro irlandés, el republicano Martin McGuinness, estaba en la marcha armado de una ametralladora Thompson, era el subcomandante del Ira en el principal enclave nacionalista. Sin embargo, el informe lo absolvió de toda responsabilidad en las muertes. Dirán también que es más fácil aceptar un fallo sin consecuencias penales. Pero el informe ha sido remitido a la fiscalía norirlandesa, que deberá decidir si abre un proceso contra los soldados.
Ojalá nuestros gobiernos entendieran, como el gobierno británico, que al Estado lo honra aceptar sus crímenes. No importa que sean viejos y que otros hayan cometido faltas más graves.
LA CONDENA AL CORONEL PLAZAS Vega por las desapariciones luego de la quema del Palacio de Justicia es sin duda una paradoja, una prueba de fuego al Estado, como dirían los ingeniosos.
No es fácil entender que la amnistía al M-19 surgió de un proceso de paz apoyado por todo el país, incluido un senador antioqueño de la época llamado Álvaro Uribe Vélez, y que los años de cárcel para Plazas Vega tienen que ver con un procedimiento macabro en las caballerizas, y no con errores militares ni fuerzas desmedidas.
El reciente desenlace de uno de los viejos dramas del ejército inglés puede servir de ejemplo para Colombia. Hace 38 años los soldados británicos dispararon contra un grupo de manifestantes en la ciudad de Londonderry en Irlanda del Norte. Una marcha contra las detenciones sin fórmula de juicio que hacía el ejército inglés derivó en las usuales batallas de piedras y botellas contra los soldados. Y lo que era una sencilla pedrea terminó con 14 jóvenes muertos y una justificación inmejorable para los separatistas radicales. Buena parte del mundo ha cantado una versión de la historia por cuenta del Sunday Bloody Sunday de U2. Durante mucho tiempo el gobierno inglés defendió a su ejército e intentó cubrir la matazón con un manto de legalidad. Unos meses después, el informe oficial dijo que los soldados ingleses respondieron la amenaza según los protocolos militares.
Pero el tiempo ha dado la posibilidad de aceptar las culpas. Una investigación de 12 años acaba de determinar que nunca hubo justificación para los disparos sobre víctimas civiles, y que sólo el ejército inglés es culpable de las muertes en el famoso Domingo Sangriento. El Primer Ministro David Cameron lo aceptó con claridad y resignación: “Soy un patriota (…) nunca he querido creer nada negativo sobre nuestras fuerzas militares (…), pero las conclusiones de este reporte son inequívocas: lo que ocurrió en el Domingo Sangriento fue injustificado e injustificable (…) No defendemos al ejército británico defendiendo lo indefendible. No tiene sentido intentar suavizar o presentar con ambigüedad lo que dice el informe”.
El tribunal que decidió el caso no hace parte de la justicia ordinaria, es un híbrido inglés entre comisión de la verdad y corte de última instancia sin competencia para aplicar sanciones penales. Fue creado por Tony Blair en 1998 para responder a los reclamos de impunidad que hacían los familiares de las víctimas. Trabajó en condiciones que entre nosotros parecen siempre incompatibles: bajo el amparo presupuestal del gobierno (se gastaron 234 millones de euros en la investigación) y muy por encima de sus intereses y sus intuiciones.
Podrán decir que es ridículo comparar las consecuencias de una marcha con las de un asalto. Pero hay algunos puntos de contacto. Los manifestantes también dispararon, no todos eran simples adolescentes rabiosos. El actual viceministro irlandés, el republicano Martin McGuinness, estaba en la marcha armado de una ametralladora Thompson, era el subcomandante del Ira en el principal enclave nacionalista. Sin embargo, el informe lo absolvió de toda responsabilidad en las muertes. Dirán también que es más fácil aceptar un fallo sin consecuencias penales. Pero el informe ha sido remitido a la fiscalía norirlandesa, que deberá decidir si abre un proceso contra los soldados.
Ojalá nuestros gobiernos entendieran, como el gobierno británico, que al Estado lo honra aceptar sus crímenes. No importa que sean viejos y que otros hayan cometido faltas más graves.