Lecciones del narco

El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra frontal contra el narcotráfico. El ejército fue enviado a las calles y el Gobierno prometió proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Durante los primeros cuatro años de Calderón en el poder fueron detenidas más de 120.000 personas vinculadas con los diferentes carteles. Al frente de la estrategia contra la mafia estaba Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio presidencial y era conocido como el “superpolicía”. García Luna creó la Policía Federal y sus cifras le permitían, cada tanto, a Calderón decir que la guerra se estaba ganando. Pero la guerra se perdió en todos los frentes. Durante los seis años de gobierno fueron asesinadas más de 115.000 personas en crímenes relacionados con el narco. Uno de los cuerpos antimafia, el “incorruptible” Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), se convirtió en un centro de entrenamiento para los Zetas, el principal grupo sicarial de los carteles. La lucha entre capos llegó a la más horrorosa ostentación de violencia y los temores ciudadanos se multiplicaron. Por último, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos en 2019 acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa y colaborar con sus tareas.

El 9 de enero del próximo año comenzará el juicio contra García Luna ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Se dice que recibió millones de dólares de la mano de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán. La revista Forbes incluyó hace unos años a García Luna en la lista de los 10 hombres más corruptos de México. Un honor que cuesta. Hasta hace unos días, la colaboración del exsecretario de Seguridad Pública al Cartel de Sinaloa no era del todo clara a pesar de las casi 14.000 páginas de material probatorio que comenzarán a revelarse en 2023.

Esta semana la revista Proceso entregó un adelanto sobre la manera de trabajar del “superpolicía”. La entrevista a un hombre de unos 40 años, único sobreviviente de un grupo llamado Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, deja claro el papel del Gobierno como aliado de uno de los carteles emergentes. La guerra contra el narco, como se le llamó en México, era en realidad la guerra contra un narco en particular, el Cartel de los Arellano Félix. Lo novedoso de la historia es que demuestra que los narcos no solo pactan y buscan colaboración con poderes estatales y policías locales, como se ha dicho tantas veces en México, sino que lograron poner sus fichas en la dirección de la guerra en su contra.

Ese grupo policial encubierto, conformado por al menos 30 policías que actuaban de civil, trabajaba en silencio, torturando y asesinando narcos, para lograr una tarea específica: atacar y diezmar al grupo de los Arellano Félix en Tijuana para que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la región. Una casa en Sinaloa les servía como cuartel de torturas, allí “interrogaron” a más de 100 miembros de los Arellano Félix. Según su testimonio, dado desde Las Vegas (Nevada), los miembros de la agrupación policial eran amonestados y sancionados cuando capturaban a hombres del Chapo o el Mayo. Los hombres recibían órdenes del secretario de Seguridad Pública.

Está claro, y Colombia también es ejemplo evidente, cómo el Estado es incapaz de convertir a los narcos o someter a los carteles, y cómo en cambio los grandes capos logran que el Estado les sirva de aliado en sus disputas internas. Los gobiernos pretenden ser jueces implacables y se convierten en simples calanchines.