Entre nosotros se ha ido borrando la línea que separa la legítima defensa de la justicia violenta y privada. De la excepción penal que exime de responsabilidad a quien rechaza de manera proporcional un ataque cierto a su integridad o a la de un tercero, pasamos a una regla social que justifica la agresión, el escarmiento y, por qué no, la muerte de quienes cometen un delito. La impotencia frente a una justicia “inofensiva”, el deseo de venganza, el odio reservado y los prejuicios sociales nos llevan del derecho individual a defender la vida al derecho colectivo a limpiar el vecindario, a dejar una lección de sangre. Para muchos, es hora del legítimo linchamiento.
Una encuesta sobre cultura ciudadana —Los ciudadanos que somos— realizada el año pasado en Medellín registra una parte de la sociedad que empuña razones para la autodefensa. La favorabilidad frente al porte de armas ha venido creciendo desde 2009 y hoy está en el 17,3 %. En dos años creció más de cinco puntos. El 30 % de los consultados dicen que se le debe dar una “golpiza” al ladrón capturado en flagrancia. Un crecimiento del 9 % en los últimos nueve años. Y el 10 % piensa que cuando la policía captura a un ladrón debería matarlo. Hace diez años solo el 4 % creía que esa “pena de muerte” era una opción válida. Mientras tanto el control ilegal se va consolidando en los barrios y los “manuales de conducta” se hacen más informales y más implacables.
En Bogotá, por su parte, un estudio dirigido y publicado en 2019 por Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, pasa de medir las intenciones de linchamiento a los linchamientos ciertos. Es difícil contar los casos de una conducta que no está tipificada penalmente ni se anota en las bitácoras policiales. Sin embargo, sí se registran los “arrestos ciudadanos” y, según el estudio, en el año 2014 se presentaron en promedio 1.200 cada mes. En el mes de agosto de ese año la policía registró los casos en que esos arrestos terminaron en violencia contra los “detenidos”. Solo en ese mes se contaron 141 casos. El estudio concluye, al diferenciar linchamientos (violencia efectiva) y posibles linchamientos (intención de ejercer violencia), que Bogotá puede tener cerca de 800 casos de golpizas contra delincuentes o presuntos delincuentes cada año. Ratas, escorias, plaga, desechos… son algunas de las expresiones de quienes celebran esa violencia “comunitaria”.
Lo usual es que la mirada ciudadana se concentre en un caso particular o una experiencia propia y ponga en la balanza la vida del inocente y la vida del agresor. La conclusión es sencilla: mejor que muera el ladrón que su víctima. El hurto se percibe como un duelo a muerte. Pero aquí no se trata de elegir a una víctima mortal, se trata, creo yo, de reducir al máximo la violencia letal, no rechazar como una solución que habla de “limpieza”. El año pasado, Medellín tuvo 28 homicidios asociados a hurto según cifras oficiales. Eso es un 4,4 % del total de homicidios en la ciudad. Una cifra que duele y enardece, pero al mismo tiempo deja claro que muy seguramente la violencia privada, entiéndase escarmientos, aplicación de “penas barriales”, linchamientos, limpieza social y venganzas personales, es una causa mucho mayor de asesinato y de la muerte de inocentes.
En enero pasado fueron capturadas en Medellín 300 personas acusadas de hurto. ¿Sería mejor nuestra ciudad, sería más tranquila y más pacífica, si, digamos, una tercera parte de esos capturados estuvieran muertos? ¿Saciar la rabia, la venganza y el odio nos haría más felices? ¿Disfrutar el dolor ajeno nos hace más humanos?
Entre nosotros se ha ido borrando la línea que separa la legítima defensa de la justicia violenta y privada. De la excepción penal que exime de responsabilidad a quien rechaza de manera proporcional un ataque cierto a su integridad o a la de un tercero, pasamos a una regla social que justifica la agresión, el escarmiento y, por qué no, la muerte de quienes cometen un delito. La impotencia frente a una justicia “inofensiva”, el deseo de venganza, el odio reservado y los prejuicios sociales nos llevan del derecho individual a defender la vida al derecho colectivo a limpiar el vecindario, a dejar una lección de sangre. Para muchos, es hora del legítimo linchamiento.
Una encuesta sobre cultura ciudadana —Los ciudadanos que somos— realizada el año pasado en Medellín registra una parte de la sociedad que empuña razones para la autodefensa. La favorabilidad frente al porte de armas ha venido creciendo desde 2009 y hoy está en el 17,3 %. En dos años creció más de cinco puntos. El 30 % de los consultados dicen que se le debe dar una “golpiza” al ladrón capturado en flagrancia. Un crecimiento del 9 % en los últimos nueve años. Y el 10 % piensa que cuando la policía captura a un ladrón debería matarlo. Hace diez años solo el 4 % creía que esa “pena de muerte” era una opción válida. Mientras tanto el control ilegal se va consolidando en los barrios y los “manuales de conducta” se hacen más informales y más implacables.
En Bogotá, por su parte, un estudio dirigido y publicado en 2019 por Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, pasa de medir las intenciones de linchamiento a los linchamientos ciertos. Es difícil contar los casos de una conducta que no está tipificada penalmente ni se anota en las bitácoras policiales. Sin embargo, sí se registran los “arrestos ciudadanos” y, según el estudio, en el año 2014 se presentaron en promedio 1.200 cada mes. En el mes de agosto de ese año la policía registró los casos en que esos arrestos terminaron en violencia contra los “detenidos”. Solo en ese mes se contaron 141 casos. El estudio concluye, al diferenciar linchamientos (violencia efectiva) y posibles linchamientos (intención de ejercer violencia), que Bogotá puede tener cerca de 800 casos de golpizas contra delincuentes o presuntos delincuentes cada año. Ratas, escorias, plaga, desechos… son algunas de las expresiones de quienes celebran esa violencia “comunitaria”.
Lo usual es que la mirada ciudadana se concentre en un caso particular o una experiencia propia y ponga en la balanza la vida del inocente y la vida del agresor. La conclusión es sencilla: mejor que muera el ladrón que su víctima. El hurto se percibe como un duelo a muerte. Pero aquí no se trata de elegir a una víctima mortal, se trata, creo yo, de reducir al máximo la violencia letal, no rechazar como una solución que habla de “limpieza”. El año pasado, Medellín tuvo 28 homicidios asociados a hurto según cifras oficiales. Eso es un 4,4 % del total de homicidios en la ciudad. Una cifra que duele y enardece, pero al mismo tiempo deja claro que muy seguramente la violencia privada, entiéndase escarmientos, aplicación de “penas barriales”, linchamientos, limpieza social y venganzas personales, es una causa mucho mayor de asesinato y de la muerte de inocentes.
En enero pasado fueron capturadas en Medellín 300 personas acusadas de hurto. ¿Sería mejor nuestra ciudad, sería más tranquila y más pacífica, si, digamos, una tercera parte de esos capturados estuvieran muertos? ¿Saciar la rabia, la venganza y el odio nos haría más felices? ¿Disfrutar el dolor ajeno nos hace más humanos?