En Argentina llevan cerca de una semana intentando saber qué sustancia, mezclada con cocaína, causó la muerte a 24 personas que compraron sus dosis en algunos barrios en las afueras de Buenos Aires. Cuando los más de 200 consumidores intoxicados empezaron a llegar a los hospitales o a las morgues —algunos murieron en las calles y las cunetas del barrio— solo había una certeza: habían comprado la cocaína cortada en “expendios” de las villas Lanzone, Sarmiento, 18 y Tres de Febrero.
En esos barrios todo el mundo sabe cómo y dónde distribuyen la coca. Muchos señalan a la policía de “vigilar” la logística. Lo supuestamente más secreto está a la vista. El tráfico no es un misterio para nadie. La venta de droga no está sometida a la persecución de las autoridades sino al abuso y la vileza de los traficantes. Los barrios-expendio funcionan muy parecido en todos los países de América Latina. Largas esperas en las esquinas, señas en las ventanas, silbidos que anuncian, depósitos señalados para dejar y recoger. Los más jóvenes asumen el riesgo, como herramientas para el menudeo y primeros conejillos para el consumo. Según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en “las villas de emergencia o los asentamientos precarios” el 60 % de las personas encuestadas dicen que se venden drogas en su “manzana o vecindario”. El narcotráfico local es tal vez la principal actividad económica en los barrios donde murieron los jóvenes la semana anterior.
Lo que de verdad se ignora es la composición de la coca cortada y los motivos que llevaron a ese “envenenamiento” masivo. En un principio se dijo que muy seguramente la coca había sido mezclada con fentanilo, un opioide sintético que se ha convertido en el principal culpable de la epidemia que vive Estados Unidos por ese consumo. Entre 1999 y 2019 murieron casi 500.000 personas por el uso legal o ilegal de opioides. Pero los laboratorios en Buenos Aires han descartado la presencia de fentanilo en las primeras muestras. El Estado siempre parece ir un paso atrás en la caracterización de las nuevas sustancias psicoactivas (NPS).
Hasta ahora tampoco se sabe si se trató de una vendetta entre clanes barriales para marcar el control de clientes y territorio. Envenenar a los compradores de un competidor para eliminarlo. O si fue un error de los “cocineros” a la hora de cortar la coca para rendirla o hacerla más atractiva. Unos días después de lo sucedido en Buenos Aires aparecieron nuevas intoxicaciones en Rosario, lo que parece demostrar que no fue una represalia entre narcos menores en barrios marginados de Buenos Aires. Está claro quiénes son los más vulnerables a ese negocio y dónde están las ventanas para la venta. Pero la guerra contra las drogas no entrega ni la información más importante ni las posibles soluciones.
Hace 100 años un escritor británico llamado Aleister Crowley dijo que debería ser obvio que Inglaterra regresara a las condiciones previas a la Primera Guerra, “cuando cualquier persona responsable (firmando con su nombre en un registro) podía comprar a un precio justo en relación a su costo —digamos la cocaína a 16 chelines—, así todo el tráfico clandestino desaparecería como un mal sueño”. Al parecer estamos todavía lejos de despertar de esa pesadilla. El Estado sueña con el control imposible mientras miles sufren las consecuencias de semejante alucinación.
En Argentina llevan cerca de una semana intentando saber qué sustancia, mezclada con cocaína, causó la muerte a 24 personas que compraron sus dosis en algunos barrios en las afueras de Buenos Aires. Cuando los más de 200 consumidores intoxicados empezaron a llegar a los hospitales o a las morgues —algunos murieron en las calles y las cunetas del barrio— solo había una certeza: habían comprado la cocaína cortada en “expendios” de las villas Lanzone, Sarmiento, 18 y Tres de Febrero.
En esos barrios todo el mundo sabe cómo y dónde distribuyen la coca. Muchos señalan a la policía de “vigilar” la logística. Lo supuestamente más secreto está a la vista. El tráfico no es un misterio para nadie. La venta de droga no está sometida a la persecución de las autoridades sino al abuso y la vileza de los traficantes. Los barrios-expendio funcionan muy parecido en todos los países de América Latina. Largas esperas en las esquinas, señas en las ventanas, silbidos que anuncian, depósitos señalados para dejar y recoger. Los más jóvenes asumen el riesgo, como herramientas para el menudeo y primeros conejillos para el consumo. Según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en “las villas de emergencia o los asentamientos precarios” el 60 % de las personas encuestadas dicen que se venden drogas en su “manzana o vecindario”. El narcotráfico local es tal vez la principal actividad económica en los barrios donde murieron los jóvenes la semana anterior.
Lo que de verdad se ignora es la composición de la coca cortada y los motivos que llevaron a ese “envenenamiento” masivo. En un principio se dijo que muy seguramente la coca había sido mezclada con fentanilo, un opioide sintético que se ha convertido en el principal culpable de la epidemia que vive Estados Unidos por ese consumo. Entre 1999 y 2019 murieron casi 500.000 personas por el uso legal o ilegal de opioides. Pero los laboratorios en Buenos Aires han descartado la presencia de fentanilo en las primeras muestras. El Estado siempre parece ir un paso atrás en la caracterización de las nuevas sustancias psicoactivas (NPS).
Hasta ahora tampoco se sabe si se trató de una vendetta entre clanes barriales para marcar el control de clientes y territorio. Envenenar a los compradores de un competidor para eliminarlo. O si fue un error de los “cocineros” a la hora de cortar la coca para rendirla o hacerla más atractiva. Unos días después de lo sucedido en Buenos Aires aparecieron nuevas intoxicaciones en Rosario, lo que parece demostrar que no fue una represalia entre narcos menores en barrios marginados de Buenos Aires. Está claro quiénes son los más vulnerables a ese negocio y dónde están las ventanas para la venta. Pero la guerra contra las drogas no entrega ni la información más importante ni las posibles soluciones.
Hace 100 años un escritor británico llamado Aleister Crowley dijo que debería ser obvio que Inglaterra regresara a las condiciones previas a la Primera Guerra, “cuando cualquier persona responsable (firmando con su nombre en un registro) podía comprar a un precio justo en relación a su costo —digamos la cocaína a 16 chelines—, así todo el tráfico clandestino desaparecería como un mal sueño”. Al parecer estamos todavía lejos de despertar de esa pesadilla. El Estado sueña con el control imposible mientras miles sufren las consecuencias de semejante alucinación.