Policía sanitaria

Los campos de cuarentena en China parecen una inmensa colección de baños públicos dispuestos para un evento multitudinario. Cubículos de 18 m² se enfilan en un orden recién dispuesto. En marzo de este año sorprendieron las imágenes del campo en Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan. Más de 4.000 celdas de plástico donde los confinados sacaban la cabeza por una ventanilla en medio de la puerta. La mayoría de ellos fueron conducidos por la policía por un supuesto contacto con alguien contagiado de COVID-19. Por pasar tres semanas en la prisión sanitaria deben pagar 330 yuanes (46 dólares) diarios. Los traslados se dan en medio de largas filas de buses con “capturados” que no saben muy bien a dónde los llevan. Cosas del Partido Comunista Chino y su afición por los grandes corrales.

Pero el terror al COVID-19 ha terminado por igualar a países que parecía imposible incluso comparar. Australia acaba de disponer de un campo obligatorio de cuarentena para quienes hayan tenido contacto estrecho con un contagiado. Hasta hace poco el campo, cerca de la ciudad de Darwin en el norte del país, era solo para viajeros llegados del exterior. Pero un reciente documento oficial deja claras las nuevas condiciones: “Cualquiera que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 puede ser enviado a cuarentena en su hogar, en una dirección alternativa o en un alojamiento arreglado por el gobierno”.

Australia y China se diferencian ahora por el tamaño de sus celdas sanitarias. El Centro de Resiliencia Nacional tiene mejores instalaciones y un cuadernillo de 39 páginas de reglas. El personal de salud entra de manera sorpresiva a tomar temperatura, y soldados y policías patrullan gritando que todo el mundo debe usar mascarilla. Una detenida dijo hace poco que la temporada de 14 días tuvo algo de campamento de carretera, cárcel y hospital. En mayo de este año fue famosa la escena en la que una mujer de 39 años tiraba su morral por encima de la valla del antiguo campamento de trabajadores y trepaba para salir caminando. La fuga le costó una multa de 4.000 dólares.

La fiebre ha comenzado a extenderse por Europa con el aplauso de las mayorías y las demostraciones de temple de los gobiernos. La política marca las decisiones de cuidado y los gobernantes aprovechan para trazar una línea entre los apestados (los no vacunados) y los sanos y responsables. Segregar minorías peligrosas siempre será una política para el aplauso. Austria no construye campamentos, pero decreta casa por cárcel para quienes no se han vacunado. Italia ha prohibido el ingreso a los lugares de trabajo a quienes no tienen vacuna. Recuerda en algo a nuestros lazaretos en el siglo XIX, cuando los leprosos perdían el derecho a votar y a heredar. ¿Aparecerán también los secretarios de lucha antileprosa que recibían recompensas por señalar a posibles enfermos? ¿Bonos del Estado por marcar las casas de los no vacunados? En Italia más del 80 % de la gente tiene esquema completo y para muchos científicos la evidencia médica no respalda la restricción.

La sensatez no se ha perdido del todo. En Estados Unidos una Corte de Apelaciones en Nueva Orleans tumbó la exigencia de vacunación para trabajadores de empresas con más 100 empleados. La Corte habló de los “graves problemas constitucionales” de la exigencia. En Reino Unido, Imperial College ha dicho que sería más útil una focalización de vacunación y refuerzo a las personas con mayor riesgo que la exigencia general de un pase sanitario. El ministro Ruiz ha comenzado a admirar a Austria. Una advertencia velada para lo que viene. No solo se trata de cumplir metas a toda costa, sino de cumplirlas con la policía a bordo. Las batas blancas han comenzado a ser insuficientes para la propaganda.