Por paradójico que parezca, la Asamblea Nacional Constituyente de comienzos de la década de los noventa fue impulsada más por la guerra con el cartel de Medellín que por la paz con el M-19.
Muchos comentaristas han hablado de las condiciones propicias, azarosas unas, estructurales otras, que se conjugaron para que la séptima papeleta llegara a ser la Constitución del 91. Una especie exótica que necesitó de un microclima excepcional.
Como antecedente mediato estaban las fallidas reformas de finales de los años setenta, que perecieron bajo vicios de trámite y dejaron unos papeles y unas ideas en la memoria. También flotaba en el ambiente la cercana frustración por el proyecto fallido presentado durante el gobierno Barco. Los narcos le metieron la carga de la extradición y el propio Gobierno decidió hundirla. El asesinato de Galán consolidó un clima de disolución nacional y la debilidad del Estado hizo que una espontánea movilización popular fuera acogida como posible salvación.
El 25 de agosto se convocó la llamada Marcha del Silencio y un discurso estudiantil marcó el camino para lo que siguió: “Solicitamos la convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual”. La clase política tradicional miraba con algo de burlona condescendencia a los estudiantes exaltados, pero menos de un año y medio después se estaba eligiendo a los miembros de una constituyente soberana y sin límites en su temario. En esa convocatoria participaron el poder Ejecutivo, el poder Judicial y los ciudadanos mediante el voto. Un decreto del gobierno Barco le dio carácter constituyente a los dos millones de papeletas depositadas en las elecciones de marzo de 1990. Un fallo de la Corte Suprema validó esa demostración y abrió la puerta para que la iniciativa fuera votada “formalmente” en las elecciones presidenciales de mayo. Por primera vez en años una expresión popular lograba romper los cercos del santanderismo. El 27 de mayo más de cinco millones de personas votaron para que se convocara a una asamblea constituyente.
Los asesinatos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo terminaron por convencer a gente de variadas militancias de que era clave buscar un cambio inspirado en palabras como reconciliación y tolerancia. Nadie podía negar la variada legitimidad de esa convocatoria, hecha con aval tardío de los partidos pero sin su principal protagonismo. Los resultados de la votación reprodujeron el ambiente de convocatoria: no hubo hegemonías y todo se parecía más al “sancocho nacional” de Bateman que a las mesas servidas del bipartidismo. Un catálogo de derechos ciudadanos y otro de mecanismos de participación política fueron los legados más importantes que quedaron escritos en la Constitución.
Durante todo ese tiempo las Farc estaban consolidándose como cartel narco. No se enteraron de los cambios y todavía hoy no logran diferenciar entre una extorsión armada de 10.000 combatientes y un movimiento ciudadano con legitimidad política y legal. Tampoco saben que Márquez no es Pizarro y que en las ciudades son sólo convictos peligrosos. Su gran mérito para pedir una constituyente es haber llegado tarde, traer algunas propuestas viejas y tener el repudio del 95% de la población.
Por paradójico que parezca, la Asamblea Nacional Constituyente de comienzos de la década de los noventa fue impulsada más por la guerra con el cartel de Medellín que por la paz con el M-19.
Muchos comentaristas han hablado de las condiciones propicias, azarosas unas, estructurales otras, que se conjugaron para que la séptima papeleta llegara a ser la Constitución del 91. Una especie exótica que necesitó de un microclima excepcional.
Como antecedente mediato estaban las fallidas reformas de finales de los años setenta, que perecieron bajo vicios de trámite y dejaron unos papeles y unas ideas en la memoria. También flotaba en el ambiente la cercana frustración por el proyecto fallido presentado durante el gobierno Barco. Los narcos le metieron la carga de la extradición y el propio Gobierno decidió hundirla. El asesinato de Galán consolidó un clima de disolución nacional y la debilidad del Estado hizo que una espontánea movilización popular fuera acogida como posible salvación.
El 25 de agosto se convocó la llamada Marcha del Silencio y un discurso estudiantil marcó el camino para lo que siguió: “Solicitamos la convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual”. La clase política tradicional miraba con algo de burlona condescendencia a los estudiantes exaltados, pero menos de un año y medio después se estaba eligiendo a los miembros de una constituyente soberana y sin límites en su temario. En esa convocatoria participaron el poder Ejecutivo, el poder Judicial y los ciudadanos mediante el voto. Un decreto del gobierno Barco le dio carácter constituyente a los dos millones de papeletas depositadas en las elecciones de marzo de 1990. Un fallo de la Corte Suprema validó esa demostración y abrió la puerta para que la iniciativa fuera votada “formalmente” en las elecciones presidenciales de mayo. Por primera vez en años una expresión popular lograba romper los cercos del santanderismo. El 27 de mayo más de cinco millones de personas votaron para que se convocara a una asamblea constituyente.
Los asesinatos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo terminaron por convencer a gente de variadas militancias de que era clave buscar un cambio inspirado en palabras como reconciliación y tolerancia. Nadie podía negar la variada legitimidad de esa convocatoria, hecha con aval tardío de los partidos pero sin su principal protagonismo. Los resultados de la votación reprodujeron el ambiente de convocatoria: no hubo hegemonías y todo se parecía más al “sancocho nacional” de Bateman que a las mesas servidas del bipartidismo. Un catálogo de derechos ciudadanos y otro de mecanismos de participación política fueron los legados más importantes que quedaron escritos en la Constitución.
Durante todo ese tiempo las Farc estaban consolidándose como cartel narco. No se enteraron de los cambios y todavía hoy no logran diferenciar entre una extorsión armada de 10.000 combatientes y un movimiento ciudadano con legitimidad política y legal. Tampoco saben que Márquez no es Pizarro y que en las ciudades son sólo convictos peligrosos. Su gran mérito para pedir una constituyente es haber llegado tarde, traer algunas propuestas viejas y tener el repudio del 95% de la población.