Hace seis meses comenzó en Medellín una súbita reducción en los casos de homicidio. En un pequeño lapso tuvimos el mes más violento en los últimos cinco años y el mes más “tranquilo” en los últimos dos años y medio. Al comenzar junio el aumento de homicidios con respecto a 2018 era cercano al 35 % y al terminar noviembre tenemos una reducción del 5 %. En los últimos seis meses, entre junio y noviembre, se han presentado 77 homicidios menos que en el mismo lapso del año pasado. Un corte semejante, tan preciso en el tiempo, como si se tratara del inicio de una nueva temporada, hace inevitable que se piense en un acuerdo entre estructuras ilegales en el Valle de Aburrá.
Entre periodistas e investigadores ya ha comenzado a mencionarse una supuesta reunión en La Picota, en Bogotá, dada el primero de junio, en la que hombres de los grandes bandos acordaron buscar un poco de orden, respetar territorios y rentas, evitar calenturas mayores. El peligro de que las luchas en Bello se regaran por todo el Valle hizo necesaria una “cumbre”. No hay noticias de la participación oficial, pero alguien, al menos, tuvo que facilitar la sede.
La administración de Federico Gutiérrez acabó con su primer secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, en la cárcel con una condena por lo que la Fiscalía llamó “acuerdos siniestros” con un sector de la oficina. Pero luego de eso el discurso desde la Alcaldía ha sido el de la guerra de frente contra líderes de las bandas. Las capturas y la percepción entre el hampa muestran que la pelea se ha dado más allá de las declaraciones oficiales. Resulta paradójico que un gobierno orgulloso de su postura de nulo contacto con los armados pueda terminar su mandato con el 2019 como único año con reducción de homicidios gracias a un pacto entre “oficinas”.
“Hagan sus acuerdos, pero bien lejos y no me cuenten”, parece ser la política obligada para quienes llegan a la Alcaldía de Medellín. Los picos de violencia en la ciudad hacen imposible negar que ambiciones y ajustes entre criminales signan los peores años; y treguas, repartijas y silencios marcan los días de relativa tranquilidad. La criminalidad sigue siendo la que decide los ciclos de la crónica roja. La Fiscalía, por su parte, se dedica a tramitar los principios de oportunidad y los casos por concierto para delinquir contra los cabecillas que vuelven a la calle a los cuatro o cinco años de la caída.
La pregunta importante en medio de ese cuadro que se repite, la cuestión moral y política, la encrucijada institucional es si vale la pena y si es posible un papel más activo y menos encubierto del Estado en esas inevitables negociaciones entre bandidos. Por supuesto no se trata de negociaciones con grupos que amenazan la primacía del Estado. Aquí es solo el pragmatismo y la posibilidad de “domesticar”, paso a paso, a delincuentes que imponen reglas sociales y se lucran de rentas ilegales ¿Podrían las administraciones municipales, acompañadas de la Fiscalía, alentar esas negociaciones? ¿Sería lícito que el Estado fuera tras algo así como la “reducción del daño” en territorios que le han sido ajenos?
En 1990, el periódico El Mundo planteaba una posible negociación en un artículo titulado: “Plantean una solución al sicariato”. Se decía que 200 sicarios estaban dispuestos a dejar el fierro y la moto. “Diálogo, desarme, amnistía o indulto no deben convertirse en temas tabú a la hora de impulsar un esfuerzo de reconciliación…”, decía la nota. ¿Valdrá la pena reconocer cierta impotencia de las administraciones y buscar un papel de intermediario?
Hace seis meses comenzó en Medellín una súbita reducción en los casos de homicidio. En un pequeño lapso tuvimos el mes más violento en los últimos cinco años y el mes más “tranquilo” en los últimos dos años y medio. Al comenzar junio el aumento de homicidios con respecto a 2018 era cercano al 35 % y al terminar noviembre tenemos una reducción del 5 %. En los últimos seis meses, entre junio y noviembre, se han presentado 77 homicidios menos que en el mismo lapso del año pasado. Un corte semejante, tan preciso en el tiempo, como si se tratara del inicio de una nueva temporada, hace inevitable que se piense en un acuerdo entre estructuras ilegales en el Valle de Aburrá.
Entre periodistas e investigadores ya ha comenzado a mencionarse una supuesta reunión en La Picota, en Bogotá, dada el primero de junio, en la que hombres de los grandes bandos acordaron buscar un poco de orden, respetar territorios y rentas, evitar calenturas mayores. El peligro de que las luchas en Bello se regaran por todo el Valle hizo necesaria una “cumbre”. No hay noticias de la participación oficial, pero alguien, al menos, tuvo que facilitar la sede.
La administración de Federico Gutiérrez acabó con su primer secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, en la cárcel con una condena por lo que la Fiscalía llamó “acuerdos siniestros” con un sector de la oficina. Pero luego de eso el discurso desde la Alcaldía ha sido el de la guerra de frente contra líderes de las bandas. Las capturas y la percepción entre el hampa muestran que la pelea se ha dado más allá de las declaraciones oficiales. Resulta paradójico que un gobierno orgulloso de su postura de nulo contacto con los armados pueda terminar su mandato con el 2019 como único año con reducción de homicidios gracias a un pacto entre “oficinas”.
“Hagan sus acuerdos, pero bien lejos y no me cuenten”, parece ser la política obligada para quienes llegan a la Alcaldía de Medellín. Los picos de violencia en la ciudad hacen imposible negar que ambiciones y ajustes entre criminales signan los peores años; y treguas, repartijas y silencios marcan los días de relativa tranquilidad. La criminalidad sigue siendo la que decide los ciclos de la crónica roja. La Fiscalía, por su parte, se dedica a tramitar los principios de oportunidad y los casos por concierto para delinquir contra los cabecillas que vuelven a la calle a los cuatro o cinco años de la caída.
La pregunta importante en medio de ese cuadro que se repite, la cuestión moral y política, la encrucijada institucional es si vale la pena y si es posible un papel más activo y menos encubierto del Estado en esas inevitables negociaciones entre bandidos. Por supuesto no se trata de negociaciones con grupos que amenazan la primacía del Estado. Aquí es solo el pragmatismo y la posibilidad de “domesticar”, paso a paso, a delincuentes que imponen reglas sociales y se lucran de rentas ilegales ¿Podrían las administraciones municipales, acompañadas de la Fiscalía, alentar esas negociaciones? ¿Sería lícito que el Estado fuera tras algo así como la “reducción del daño” en territorios que le han sido ajenos?
En 1990, el periódico El Mundo planteaba una posible negociación en un artículo titulado: “Plantean una solución al sicariato”. Se decía que 200 sicarios estaban dispuestos a dejar el fierro y la moto. “Diálogo, desarme, amnistía o indulto no deben convertirse en temas tabú a la hora de impulsar un esfuerzo de reconciliación…”, decía la nota. ¿Valdrá la pena reconocer cierta impotencia de las administraciones y buscar un papel de intermediario?