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Es hora de que Abelardo de la Espriella renueve el nombre de su ron. El cambio de su discurso de abogado garantista, apegado a los principios del derecho penal, a acusador primario, simple bravero de baranda que condena basado en su poder, deja a su ron Defensor por fuera de la vitrina. El ron Acusador llega a la cava de Abelardo y abre interrogantes frente al respeto a sus opositores políticos.
En sus actuaciones como defensor de los hermanos Moreno o de David Murcia se hicieron famosas las frases del indignado de la Espriella: “La acción punitiva del Estado solo puede tener legalidad cuando se respeta el debido proceso... El abogado, cuando asume un caso, no está defendiendo el delito; está defendiendo las garantías constitucionales del procesado”. La queja se repetía contra la Fiscalía y los medios por las filtraciones y la presión social que socavaba las garantías procesales. Frente al caso contra el expresidente Uribe sostuvo que las informaciones públicas buscaban “maltratar al imputado y presentarlo ante la sociedad como un criminal antes de que un juez se pronunciara”.
Desde sus amagos de campaña, el abogado defensor comenzó a mutar en un político listo para repartir condenas en tarima. En febrero de 2025, escribió en X una amenaza contra sus rivales: “La lucha por la democracia se libra con hechos, no con palabras. Solicitaremos al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que se retire la visa todos los aliados de Petro, incluidos funcionarios y empresarios. Pediremos al Departamento de Justicia que se procese a los implicados en el régimen de Petro bajo la ley RICO y la ley Bolívar”. No pasaba de ser una bravuconada lejos de la legalidad, invocando una ley que no existe. Luego, en noviembre pasado, denunció al presidente Petro ante la Cámara de Representantes por una supuesta traición a la patria: “El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcotraficantes, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder… No queremos constituyente, queremos un juicio político”. El derecho penal como arma política. El ron iba perdiendo destilación.
La campaña avanzó y las formas jurídicas fueron desapareciendo. Luego de la primera vuelta, volvió a mirar hacia la justicia de Estados Unidos y pidió al vicesecretario de Estado, Christopher Landau, vigilancia respecto a políticos cercanos a Petro. Una directa intimidación a contradictores políticos. Todo eso luego de que el presidente Trump llamara a Petro narcotraficante y lo animara a “cuidarse el trasero”. Pero no quedó contento y lanzó una nueva amenaza: “Vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”.
De modo que no se trata solo de un llamado a la justicia colombiana respecto a quien considera ha cometido delitos. Cosas sobre las que no tiene más pruebas que sus discursos. También hay un llamado, dada su cercanía con el gobierno Trump, a disciplinar a sus opositores con amenazas, a sostener una vigilancia no solo jurídica sino política. Vale recordar el retiro de las visas a directivos del diario La Nación de Costa Rica por el cubrimiento del gobierno del hoy expresidente Rodrigo Chávez, aliado incondicional de Trump. El presidente electo ha mostrado intenciones de llevar los juicios de los opositores a Estados Unidos vía alianzas políticas, ahora no le interesa el juez natural ni el debido proceso, pasó del garantismo a la amenaza con la arbitrariedad ajena, una forma de fanfarronear con el amigo duro del barrio, cobardía y desafuero a un mismo tiempo. Ese ron puede dejar ciego.
