Sentencias y cátedras

La gran mayoría de los mortales no enfrentarán en sus vidas los tormentos de un juicio penal, ese espectáculo incomprensible que se aplaude con virulencia y superioridad. Los procesos penales (y los disciplinarios y fiscales, que son entre nosotros algo así como ejercicios preparatorios) sirven en Colombia como principal alimento para la política y los medios. Una investigación de la Fiscalía vale más que tres debates y una imputación tumba plenarias, alianzas y reformas. Los medios conocen el gusto de su público, saben que el aleteo de una mariposa en un juzgado puede provocar un terremoto en sus audiencias y redes, de modo que confunden la justicia con las notificaciones. Azuzar es tal vez la palabra más apropiada para ese ejercicio periodístico. Y como el derecho penal no se mueve al ritmo de las ansias de la opinión ni de los acosos de las redacciones, cunden la indignación y el ansia de desquite.

Hace unos días la periodista Vicky Dávila fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá a pagar $165 millones, de manera solidaria con la cadena RCN, a la familia de Jorge Hilario Estupiñán, un coronel retirado de la Policía. La condena se fundamenta, entre otras, en la presión que la periodista ejerció sobre el inspector de la Policía Nacional en 2014 cuando se investigaban posibles hechos de corrupción del coronel Estupiñán. Dávila reveló algunos audios durante la entrevista al inspector general y lo instó a, por lo menos, suspender al coronel: “Esos hechos de corrupción no tienen vuelta de hoja”, sentenció en su ejercicio acusatorio. Según el Tribunal, la periodista “fue irresponsable, pues se pretendió inmiscuir en el trámite de una investigación que desde todo punto de vista refleja el coercitivo ejercicio periodístico, pretendiendo interferir en la actividad autónoma de los funcionarios encargados de la investigación”. Además, señala que Dávila actuó de manera inquisitiva, con ironía y sarcasmo; mejor dicho, al Tribunal no le gustó el tono de la entrevista. Más adelante señala la función del periodismo y acota sus facultades: “La función social de esta profesión [el periodismo] es informar, pero de manera alguna puede ser el báculo para el ejercicio de presión infundada a cualquier ente judicial y administrativo…”.

Los miembros del Tribunal de Bogotá son oyentes exigentes y con sentido crítico, no les gusta el tono del “sistema radial acusatorio” que usa Dávila, y tienen una idea sobre lo que debe ser el ejercicio del periodismo. Lo peligroso es que sus críticas a una manera de hacer periodismo se conviertan en una condena y que sus opiniones sobre la tarea de los medios se traduzcan en restricciones a la libertad de expresión. Los medios son un actor más en la democracia y ejercen control y presión, es imposible que solo lean comunicados y transcriban decisiones judiciales. Las opiniones, “así causen molestia o afecten el amor propio de las personas”, tienen incluso una mayor protección según ha dicho la Corte Constitucional. Muchas veces en la prensa se desconocen las garantías necesarias en procesos penales y disciplinarios, se privilegia la condena por encima de los derechos, pero los prejuicios, el afán de escándalo y los alardes justicieros no pueden derivar en restricciones a la libertad de prensa vía condenas civiles. La Corte ha protegido el contenido y el tono en el ejercicio del periodismo. Los magistrados del Tribunal pueden mover el dial o apagar el radio, pero no dictar cátedra con los fallos como si fuera nota de calificación.