Silencio estampa

La reciente confirmación de que Misael Cadavid, excandidato por el partido Cambio Radical al Concejo de Medellín, tenía vínculos con actores armados en la capital antioqueña, hace inevitable un debate sobre a quién benefician las actuales normas que imponen el silencio de los funcionarios públicos durante las campañas.

Los seguimientos de la policía muestran a Cadavid en reuniones con hombres de confianza de Sebastián, uno de los jefes de los combos que prenden a plomo las comunas de la ciudad. El candidato fallido —sacó algo más de 5.000 votos— fue uno de los señalados en su momento por el exalcalde Alonso Salazar como exponente de lo que podría llamarse la “pillopolítica”. Como se sabe, esos señalamientos le costaron a Salazar la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años. La Procuraduría consideró que el exalcalde violó los principios de imparcialidad y buscó una influencia directa sobre los electores.

Los constituyentes de 1991 discutieron sobre la necesidad de limitar la participación política de los funcionarios. Al final quedó definido que quienes detentan jurisdicción y mando o tienen un cargo de dirección administrativa no pueden más que votar en secreto. De algún modo su libertad de expresión quedó restringida, y en el caso de los alcaldes, siendo los personajes con mayor legitimidad política en la ciudad, deben callar. Los políticos dejan de serlo una vez resultan elegidos, por la gracia de una prohibición que alienta la participación soterrada para impedir la que se hace de manera abierta. Porque se sabe que es imposible que los políticos bajen la cabeza durante las elecciones.

El caso de Salazar es paradigmático, porque plantea una situación límite. El alcalde tiene información de que existen políticos aliados con ilegales que buscan imponer candidatos en algunas zonas mediante la intimidación. La Fiscalía podría tardar años en producir resultados y faltan dos meses para la fecha de las elecciones. Pero una supuesta garantía democrática obliga al silencio. La idea de imparcialidad democrática beneficia a los ilegales y en la práctica reduce el período de alcaldes, gobernadores y presidente en algunos meses. Hoy en día Salazar está inhabilitado para ejercer política y Misael Cadavid no tiene más que una mancha mediática por sus contactos con el hampa. Pero mañana mismo podría ser candidato. El fallo de la Procuraduría evidencia obligaciones desproporcionadas frente a los actores ilegales: el alcalde no puede informar a los electores sobre sospechas fundadas acerca de candidatos que desequilibran la balanza vía amenazas. Asimismo, si un candidato basa su campaña en ataques sobre la persona o la obra del alcalde en ejercicio, éste deberá responder a media lengua para no ser destituido. El caso de Salazar evidencia las injusticias a las que se puede llegar con la mencionada prohibición: una sanción al político que se pone del lado de la legalidad, para defender el derecho de los ilegales a permanecer en la sombra.

Alonso Salazar decidió actuar según sus convicciones y privilegiar el valor civil y las obligaciones éticas sobre una posible sanción. No muchos harán lo mismo. Y los pillos tendrán un parapeto más seguro.