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Pascual Gaviria

12 de junio de 2024 - 12:05 a. m.

Hace seis años Nicolás Maduro tenía una desfavorabilidad del 75 %, según las encuestas en Venezuela. Un triunfo parecía imposible, pero para el PSUV, partido de gobierno, urnas y burlas son una misma palabra. Los principales candidatos opositores —Capriles, López, Machado y Rodríguez— estaban inhabilitados o en la cárcel. El presidente decidía quiénes serían sus rivales y en qué momento sería el juego: cambió a su antojo, aplazando la fecha establecida legalmente, el día de las elecciones. Al final la MUD, principal plataforma opositora, decidió no participar en lo que consideraba un remedo electoral. Maduro ganó con el 67 % de los votos y una abstención del 54 % según el Gobierno y del 75 % según cálculos de la oposición. Ni siquiera la cifra de participación resultó confiable. La elección fue desconocida por la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima. Las felicitaciones al ganador llegaron desde China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán y Corea del Norte.

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Este año la carrera para Nicolás Maduro pinta aún peor que en el 2018. Según muchos analistas venezolanos (Luis Vicente León, Jesús Seguías, Félix Seijas), el chavismo enfrenta la mayor amenaza de salir del poder desde su llegada en 2002. Al igual que en el 2018, la principal opositora está inhabilitada, pero en esta ocasión la MUD logró un acuerdo sobre un candidato único e irá sí o sí a las elecciones del 28 de julio. Hace menos de dos meses la mitad de los venezolanos no conocían a Edmundo González Urrutia, el repuesto de María Corina Machado en la tarjeta electoral. Sin embargo, las últimas encuestas lo dan ganador con más del 50 % de los votos, mientras Maduro no logra superar el 25 % en ninguna de ellas. Pero Diosdado Cabello dice que se viene “una victoria esplendorosa” y Maduro ha crecido entre siete y diez puntos en los últimos dos meses.

La gran ventaja puede ser peligrosa para la oposición. A pesar del desbalance en la competencia contra un régimen que manda sobre los organismos electorales, los militares, la fiscalía, las cortes y la Asamblea Nacional, una alta posibilidad de derrota podría empujar al Gobierno a inhabilitar a González Urrutia o aplazar las elecciones. Una ventaja más cerrada hace posible que el Gobierno corra el riesgo y busque resolver luego del 28 por la vía del fraude o la negociación. Hay seis meses entre el día de la elección y la posesión del nuevo presidente, un plazo tentador para un plan B del Gobierno. Pero que Maduro se mida en las condiciones actuales ya sería un avance.

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Las dos cartas del Gobierno para competir son la abstención y la dispersión del voto entre 12 candidatos minoritarios y supuestamente opositores. De los 21 millones de votantes ya hay cuatro millones por fuera del país y de la posibilidad de marcar la tarjeta. No pudieron inscribirse. Si vota el 60 % de los potenciales 17 millones, la abstención total ya sería del 48 % y los votos efectivos serían 10 millones. Maduro ganó en 2018 con unos supuestos seis millones de votos. Podrían sostener esa misma caña y ganar. El temor a represalias por votar a un opositor, las ofertas directas a quienes señalen a Maduro en la tarjeta y una maquinaria electoral con visos militares hacen que el Gobierno pueda pelear. Además, desde Miraflores esperan que los 12 enanitos le resten al menos un millón y medio de votos al exdiplomático González Urrutia.

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Falta un mes largo para las elecciones, pero todo está por verse. Es claro que las ganas de un cambio son mayoritarias, pero Venezuela es impredecible aunque se conozcan las cartas marcadas de su Gobierno. No habrá elecciones libres, equilibradas ni transparentes, pero hay una buena posibilidad de derrota para el PSUV. Seis años más de Maduro harían cada vez más irreversible la dictadura roja, rojita.

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