La revocatoria del mandato no funciona en Colombia. Desde que una ley de 1994 reglamentó el mecanismo se han registrado treinta y siete intentos fallidos que llegaron hasta las urnas, y más de un centenar que terminaron con un arrume de planillas con firmas falsas o insuficientes.
Para remediar las dificultades ha surgido un trámite expedito liderado por un funcionario dispuesto a encarnar la voluntad popular con dos instrumentos: un código y una probada vocación política. El manto de la moralidad pública es lustroso por fuera, pero puede esconder algunas impudicias bajo el reverso de raso. Uno de los principales alfiles de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría contaba con orgullo hace unos años el número de alcaldes (302) y gobernadores (29) destituidos durante sus 18 meses de labores. Cerraba la entrevista con una enérgica advertencia: “Mire, en tan poco tiempo, todas las sanciones que salieron contra servidores públicos, vendrán muchas más”.
Nadie tiene tiempo de pararse a leer el fallo que destituyó al alcalde de Firavitoba o Cajamarca o Villanueva o Filandia o El Palmar. Pero también han caído los de Cali, Bucaramanga y Bogotá. Se hacen experimentos en pequeño y en grande, se pule una plantilla jurídica, se sondea la opinión y se equilibran los daños políticos. La tan celebrada destitución de Samuel Moreno consolidó la fachada anticorrupción de la Procuraduría de Ordóñez. En últimas el fallo contra Moreno no fue por corrupto sino por inepto, por las demoras en advertir las fallas de los contratistas y por la falta de estudios y diseños al emprender algunas obras. Como quien dice: por lento y por apresurado.
Ahora, cuando Ordóñez evalúa con toda calma la posibilidad de tumbar al segundo alcalde de Bogotá en menos de dos años, cuando hace sus cálculos políticos y mide con la balanza de su futuro personal en la mano, vale la pena preguntarse si su poder se ha desbordado. Ordóñez encontró un instrumento perfecto para un juez con aspiraciones políticas. Un código disciplinario que según la misma Corte Constitucional deja una amplia libertad a quien lo aplica. Al compararlo con el Código Penal y sus elementos taxativos, ha dicho la Corte: “... mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación...”.
De modo que la Procuraduría se ha convertido en el árbitro que juzga no sólo la legalidad de las actuaciones de alcaldes y gobernadores sino la eficiencia y la oportunidad de sus decisiones. En esos fallos entran a jugar las encuestas y las lealtades. Ordóñez siempre podrá encontrar un pretexto con vestidura jurídica para sacar a un alcalde equivocado. Se borró la línea entre juzgar a los corruptos y a los ineptos. La lupa sobre los contratos, la letra menuda de los códigos, la opinión sobre negligencia o impericia entregarán siempre una prueba reina. Tres días con basuras sobre unas volquetes pueden ser suficientes para desestimar la elección popular en la capital de Colombia. La ruleta del procurador puede ser más peligrosa que los carruseles.
La revocatoria del mandato no funciona en Colombia. Desde que una ley de 1994 reglamentó el mecanismo se han registrado treinta y siete intentos fallidos que llegaron hasta las urnas, y más de un centenar que terminaron con un arrume de planillas con firmas falsas o insuficientes.
Para remediar las dificultades ha surgido un trámite expedito liderado por un funcionario dispuesto a encarnar la voluntad popular con dos instrumentos: un código y una probada vocación política. El manto de la moralidad pública es lustroso por fuera, pero puede esconder algunas impudicias bajo el reverso de raso. Uno de los principales alfiles de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría contaba con orgullo hace unos años el número de alcaldes (302) y gobernadores (29) destituidos durante sus 18 meses de labores. Cerraba la entrevista con una enérgica advertencia: “Mire, en tan poco tiempo, todas las sanciones que salieron contra servidores públicos, vendrán muchas más”.
Nadie tiene tiempo de pararse a leer el fallo que destituyó al alcalde de Firavitoba o Cajamarca o Villanueva o Filandia o El Palmar. Pero también han caído los de Cali, Bucaramanga y Bogotá. Se hacen experimentos en pequeño y en grande, se pule una plantilla jurídica, se sondea la opinión y se equilibran los daños políticos. La tan celebrada destitución de Samuel Moreno consolidó la fachada anticorrupción de la Procuraduría de Ordóñez. En últimas el fallo contra Moreno no fue por corrupto sino por inepto, por las demoras en advertir las fallas de los contratistas y por la falta de estudios y diseños al emprender algunas obras. Como quien dice: por lento y por apresurado.
Ahora, cuando Ordóñez evalúa con toda calma la posibilidad de tumbar al segundo alcalde de Bogotá en menos de dos años, cuando hace sus cálculos políticos y mide con la balanza de su futuro personal en la mano, vale la pena preguntarse si su poder se ha desbordado. Ordóñez encontró un instrumento perfecto para un juez con aspiraciones políticas. Un código disciplinario que según la misma Corte Constitucional deja una amplia libertad a quien lo aplica. Al compararlo con el Código Penal y sus elementos taxativos, ha dicho la Corte: “... mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación...”.
De modo que la Procuraduría se ha convertido en el árbitro que juzga no sólo la legalidad de las actuaciones de alcaldes y gobernadores sino la eficiencia y la oportunidad de sus decisiones. En esos fallos entran a jugar las encuestas y las lealtades. Ordóñez siempre podrá encontrar un pretexto con vestidura jurídica para sacar a un alcalde equivocado. Se borró la línea entre juzgar a los corruptos y a los ineptos. La lupa sobre los contratos, la letra menuda de los códigos, la opinión sobre negligencia o impericia entregarán siempre una prueba reina. Tres días con basuras sobre unas volquetes pueden ser suficientes para desestimar la elección popular en la capital de Colombia. La ruleta del procurador puede ser más peligrosa que los carruseles.