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Ahora que sectores de la oposición, por ahora sin fundamento, se han dedicado a regar el infundio de que el presidente Gustavo Petro no quiere entregar el poder en 2026, es muy grave que, desde el gobierno, se busque socavar la confianza que el país tiene en la Registraduría.
De manera general puede decirse que si algo funciona bien en Colombia es el conteo electoral y la rápida entrega de los resultados. Y no hay duda de que, por más que aún existan aberraciones en el sistema político como la compra de votos en algunas regiones, los resultados electorales son confiables. De otra manera no se entendería que Gustavo Petro hubiera llegado a la presidencia.
Sin embargo, cuando estamos a casi año y medio de que se celebren elecciones presidenciales y de congreso, a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, muy allegada al presidente, se le da por intervenir en un ente autónomo e independiente, como es la Registraduría, para investigar a unos funcionarios de la entidad. Y ello sucede porque hace siete meses, a raíz de una visita administrativa (especie de allanamiento) que la SIC le hizo a la Registraduría, dicen que esos funcionarios se negaron a suministrarle información con el argumento de que la SIC no tenía competencia sobre sus funciones. Y por esa razón, ahora, la SIC les imputó cargos.
Pero sucede que, en efecto, la SIC no tenía esa competencia, de acuerdo con varios exprocuradores citados por El Tiempo: “claramente no se puede hacer lo que la Superintendencia le está haciendo a la Registraduría. Me parece que hay un acoso”, afirmó Alfonso Gómez Méndez. “El caso de la Registraduría debería ser de competencia de la Procuraduría”, dijo Jaime Bernal Cuéllar. Y Edgardo Maya calificó de abuso la investigación a los funcionarios del órgano electoral, y llamó a la Procuraduría a vigilar este proceso.
Por otra parte, en entrevista que le concedió a ese periódico el registrador Hernán Penagos, reveló que “toda la información que la Superintendencia solicitó se le ha entregado y se le entregará (…) Eso no significa que puedan investigar a la Registraduría. A esta entidad la investigan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Eso no lo digo yo, está en los manuales de buenas prácticas electorales de la OEA y de la misma Comisión de Venecia, pues allí se señala que deben garantizarse órganos electorales autónomos, que no pueden estar sometidos a la injerencia de dependencias gubernamentales (…) Aceptar que la superintendencia pueda investigar a la registraduría es aceptar que la superintendencia pueda investigar a la Contraloría, a la Fiscalía y a las Cortes. Eso es absolutamente inconstitucional”, añadió el registrador, y concluyó: “peligra la democracia si no existen autoridades electorales independientes. Lo que significa esto es que cualquier injerencia de entidades del Gobierno pone en riesgo la autonomía del órgano electoral”. Tiene razón el Registrador Penagos.
Tenemos que rodear a la Registraduría. ¿Qué tal que detrás de esta embestida haya un deseo inconfesable de que en 2026 la Registraduría esté en un desprestigio tal que se pueda decir que no hay condiciones para realizar elecciones? Esa sería una pesadilla.
Nota: ¡Qué merecido el Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista otorgado a Jesús Abad Colorado, un fotógrafo que ha recorrido el país a pie y, con su cámara magistral, ha retratado el dolor de nuestra guerra. ¡Bravo, Chucho!
