Ahora que las masacres van en un ascenso vertiginoso, a pesar de que el presidente Duque niegue la evidencia, recuerdo el único encuentro que, sin yo buscarlo, tuve con Carlos Castaño, el temido jefe de los paramilitares y ordenador de la mayoría de las masacres que ocurrían en el país, las cuales sus colaboradores llamaban “objetivos militares múltiples”, así como Duque las denomina “homicidios colectivos”.
Sucedió a mediados de septiembre del 2002, cuando gobernaba Álvaro Uribe. Yo había viajado a Córdoba invitada por una antigua presa de las Autodefensas a quien había entrevistado para mi libro Las mujeres en la guerra, pues quería que me llevara a conversar con adolescentes paramilitares, ya que estaba investigando por qué los niños se iban a la guerra. Me acompañaban la actriz Carlota Llano y la fotógrafa Claudia Rubio. Cuando estaba realizando los reportajes en un hospital paramilitar localizado al frente de una escuela de Tierralta, me interrumpió mi anfitriona y me dijo: “Tenemos que irnos: el jefe quiere verla”.
Me dio pánico: años antes, yo había estado en varias listas de amenazados, seguramente elaboradas por él. Le pedí que me permitiera antes hacer una llamada. Me comuniqué con Carlos, mi compañero, le conté lo que iba a ocurrir y le dije:
“Si esta noche no he aparecido, ya sabes dónde estoy”.
Castaño nos recibió en la finca que tenía por la ruta hacia San Pedro de Urabá. Llevaba jeans y camisa Lacoste roja. Con él estaban su guardia personal y un coronel retirado de la Policía. Conversamos dos horas. Me reclamó por varios artículos que yo había escrito. Entre las muchas cosas que me dijo, afirmó:
“Mire, si a mí me quieren capturar, en diez minutos llega un helicóptero y me capturan porque el Ejército y la Policía saben dónde estoy”.
Ahora, cuando veo los horrores que suceden en los territorios (en las últimas dos semanas ha habido ocho masacres y 40 muertos, la mayoría jóvenes), repaso la frase de Castaño.
Obviamente, hoy el fenómeno es distinto: sucede que después de la desmovilización de las Farc, que ejercían control en esas zonas, se creó en ellas un vacío de poder que no llenó el Estado, y entonces permitió que allí llegaran bandas que se disputan el control territorial de los negocios del narcotráfico y de la explotación del oro, el cual, con los altos precios que ha alcanzado, está a punto de desbancar al negocio de la coca.
Pero es curioso que donde ocurren la mayoría de masacres (Nariño, Cauca, Catatumbo) y donde más líderes sociales matan es donde hay más presencia militar y policial. ¿Entonces qué sucede? ¿Será que la fuerza pública vive divorciada de la población, aislada y encerrada en sus cuarteles? (Ahora recuerdo a un policía que en Cáceres, Bajo Cauca, me dijo el año pasado que a ellos ni siquiera les vendía arepas la señora del mercado). ¿O será que sí saben quiénes son y dónde están los jefes de las bandas en sus zonas, pero se hacen los locos, bien sea por miedo, porque sienten que no tienen garantías jurídicas o porque han sido sobornados? ¿O será que el Gobierno no ha diseñado una estrategia para combatir el fenómeno porque sencillamente no entiende lo que pasa en el país y se quedó en la película de que todo es culpa de “la Far”?
Yo no sé. Pero lo que es innegable es que Duque perdió el control, sencillamente no sabe en qué país vive y menos aún cómo es el país que debe gobernar.
Le quedó grande.
Ahora que las masacres van en un ascenso vertiginoso, a pesar de que el presidente Duque niegue la evidencia, recuerdo el único encuentro que, sin yo buscarlo, tuve con Carlos Castaño, el temido jefe de los paramilitares y ordenador de la mayoría de las masacres que ocurrían en el país, las cuales sus colaboradores llamaban “objetivos militares múltiples”, así como Duque las denomina “homicidios colectivos”.
Sucedió a mediados de septiembre del 2002, cuando gobernaba Álvaro Uribe. Yo había viajado a Córdoba invitada por una antigua presa de las Autodefensas a quien había entrevistado para mi libro Las mujeres en la guerra, pues quería que me llevara a conversar con adolescentes paramilitares, ya que estaba investigando por qué los niños se iban a la guerra. Me acompañaban la actriz Carlota Llano y la fotógrafa Claudia Rubio. Cuando estaba realizando los reportajes en un hospital paramilitar localizado al frente de una escuela de Tierralta, me interrumpió mi anfitriona y me dijo: “Tenemos que irnos: el jefe quiere verla”.
Me dio pánico: años antes, yo había estado en varias listas de amenazados, seguramente elaboradas por él. Le pedí que me permitiera antes hacer una llamada. Me comuniqué con Carlos, mi compañero, le conté lo que iba a ocurrir y le dije:
“Si esta noche no he aparecido, ya sabes dónde estoy”.
Castaño nos recibió en la finca que tenía por la ruta hacia San Pedro de Urabá. Llevaba jeans y camisa Lacoste roja. Con él estaban su guardia personal y un coronel retirado de la Policía. Conversamos dos horas. Me reclamó por varios artículos que yo había escrito. Entre las muchas cosas que me dijo, afirmó:
“Mire, si a mí me quieren capturar, en diez minutos llega un helicóptero y me capturan porque el Ejército y la Policía saben dónde estoy”.
Ahora, cuando veo los horrores que suceden en los territorios (en las últimas dos semanas ha habido ocho masacres y 40 muertos, la mayoría jóvenes), repaso la frase de Castaño.
Obviamente, hoy el fenómeno es distinto: sucede que después de la desmovilización de las Farc, que ejercían control en esas zonas, se creó en ellas un vacío de poder que no llenó el Estado, y entonces permitió que allí llegaran bandas que se disputan el control territorial de los negocios del narcotráfico y de la explotación del oro, el cual, con los altos precios que ha alcanzado, está a punto de desbancar al negocio de la coca.
Pero es curioso que donde ocurren la mayoría de masacres (Nariño, Cauca, Catatumbo) y donde más líderes sociales matan es donde hay más presencia militar y policial. ¿Entonces qué sucede? ¿Será que la fuerza pública vive divorciada de la población, aislada y encerrada en sus cuarteles? (Ahora recuerdo a un policía que en Cáceres, Bajo Cauca, me dijo el año pasado que a ellos ni siquiera les vendía arepas la señora del mercado). ¿O será que sí saben quiénes son y dónde están los jefes de las bandas en sus zonas, pero se hacen los locos, bien sea por miedo, porque sienten que no tienen garantías jurídicas o porque han sido sobornados? ¿O será que el Gobierno no ha diseñado una estrategia para combatir el fenómeno porque sencillamente no entiende lo que pasa en el país y se quedó en la película de que todo es culpa de “la Far”?
Yo no sé. Pero lo que es innegable es que Duque perdió el control, sencillamente no sabe en qué país vive y menos aún cómo es el país que debe gobernar.
Le quedó grande.