Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso. Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.
Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.
En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.
Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.
Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.
Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos.
Nota. Esta columna reaparecerá en dos semanas.
Al partido FARC le llegó su hora de la verdad: ahora sí tendrán que comprobar su compromiso con ella. Porque la verdad que se les aproxima será la más difícil de aceptar desde su propia ética: se trata de la relacionada con el reclutamiento forzado de menores de edad, el cual, en ocasiones, estuvo ligado a delitos de abuso sexual, como figura también en el proceso. Y es la verdad más difícil porque para las Farc los delitos de secuestro y asesinato figuraban en sus códigos de guerra. En cambio, como lo han dicho varios de sus excomandantes, el abuso sexual estaba proscrito en sus leyes y la violación era castigada con el fusilamiento. Sin embargo existía, así no fuera de manera generalizada, porque se trataba de una guerrilla conformada en su mayoría por hombres machistas y armados, que obedecían a una estructura patriarcal, como valerosamente lo dijo la senadora Victoria Sandino. Tan ocurrían esos abusos, agregó ella, que en sus códigos existían esas penas.
Digo que se les aproxima la hora de la verdad más difícil porque, así lo nieguen, a pesar de las acciones de los abogados del partido FARC para dilatar ese proceso en la JEP, lo más seguro es que el próximo 18 de agosto, y hasta el de 4 septiembre, tengan que rendir en este caso su versión voluntaria los 37 comparecientes (36 hombres y una mujer). Afirmo que es lo más seguro, porque aún esta semana sus defensores continuaban haciendo peticiones que dilatarían el proceso. Por ejemplo, que las versiones individuales fueran recibidas presencialmente cuando, por la pandemia, deben recibirse de forma virtual. Y también han solicitado que las diligencias sean recibidas en forma colectiva y que no participen las víctimas en las versiones voluntarias, porque ello afectaría los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.
En fin, como lo más seguro es que en la JEP rechacen sus argumentos, es indispensable que los 37 comparecientes, en soledad, se miren al espejo y acepten ante sí mismos, que es lo más difícil, su triste verdad. (No se trata de que se tenga que probar primero: eso ocurre en la justicia ordinaria, no en la transicional). Luego, deben aceptarla ante sus víctimas y pedirles perdón. Si lo hacen, no solo se quitarán de su conciencia y de sus hombros un peso enorme, sino que no perderán los beneficios concedidos por el Acuerdo de Paz, según los cuales serían sometidos —por ocho años— a sanciones restaurativas, que podrían ser, por ejemplo, encargarse de una fundación que prevenga el reclutamiento o emprender procesos productivos que beneficien a las víctimas, etc. Pero si no lo hacen, aumentaría el peso que llevan sobre sus hombros y su conciencia, y tendrían que pasar 20 años purgando su pena en una cárcel común.
Desde el punto de vista político, si ahora, cuando su mayor contradictor, el expresidente Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria, los miembros del partido FARC confiesan la verdad y les piden perdón a las víctimas, impulsarían un cambio político de tal magnitud, que lograrían que el país pasara la página del conflicto con las Farc y, por ende, de la polarización, y que se abriera el camino para una profunda democratización política.
Pero si los miembros del partido FARC continúan haciéndole el quite a la verdad, terminarán por acabar con la JEP y con la Comisión de la Verdad, con lo cual romperían el eje del Acuerdo de Paz.
Es una tremenda responsabilidad la que van a enfrentar. Tanto con el país como con ellos mismos.
Nota. Esta columna reaparecerá en dos semanas.