Desamparo

La sensación de desamparo que se vive en el país es insoportable: aterra presenciar un paro armado de una organización de narcotraficantes y paramilitares que paraliza durante días, según las autoridades, 95 municipios de 11 departamentos; incendia y afecta 186 automotores; obstruye vías; asesina a seis personas, entre ellas tres miembros de la Fuerza Pública, y no pasa mayor cosa. Las autoridades se van por las ramas, dicen que han capturado a unos cuantos, que trabajan sin descanso, que se acerca el fin del Clan del Golfo, pero la verdad es que su poder crece día a día, por más que hayan extraditado a Otoniel, su jefe (ya han surgido otros, como Chiquito Malo, etc.).

Que esto sea así no tiene más que una explicación: como ocurre en la mayoría de las series sobre mafiosos, estas organizaciones subsisten porque poseen tentáculos en la mayoría de los poderes políticos, militares, policiales y judiciales de las zonas donde operan, lo cual significa, ni más ni menos, que muchos de los grandes señorones, policías, jueces y militares de sus zonas de influencia trabajan bajo su mando y son sus asalariados.

Eso ya ha salido a la luz pública. Leyner Palacios, líder de Bojayá, ahora comisionado de la Verdad, denunció hace un par de años que en el Chocó había connivencia entre los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Lo mismo han dicho varios obispos de la región del Pacífico. Por otra parte, según un informe publicado en la revista Cambio sobre la coca en el sur de Bolívar, se supo que los campesinos se quejan de que la Policía Antinarcóticos les cobra por erradicar solo un pedacito de los cultivos de coca que tienen en esa área donde opera el Clan del Golfo, el cual les compra la coca al precio que quiere y patrulla la zona en compañía de algunos militares. Días antes de que extraditaran a Otoniel, cuando él empezó a mencionar nombres de funcionarios que estaban en la nómina del Clan del Golfo, afirmó que, entre otros, el general Leonardo Barrero, quien fuera comandante de las Fuerzas Militares, “servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado parte de la nómina del Bloque Centauros, de las Auc”.

Pero la inseguridad no solo es insoportable en los territorios donde opera el Clan. Miren esto que le ocurrió a un columnista: el 8 de mayo, cuando esperaba para cruzar la carrera séptima a la altura de la calle 127 de Bogotá, un tipo en jeans y camiseta le preguntó dónde podía conseguir marihuana. Él le respondió que no sabía, que no fumaba marihuana. Entonces aparecieron dos hombres que lo empujaron en una camioneta 4x4 de vidrios oscuros. Le dijeron que eran de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) y que estaban haciendo limpieza social. Le pidieron la cédula, le revisaron los grupos de WhatsApp, miraron sus chats y sus correos, le advirtieron que a los sapos les cortan los dedos, anotaron su número de celular, lo llevaron al cajero, lo obligaron a sacar dinero, lo regresaron al vehículo, le quitaron la plata y le dijeron que se fuera y ni se le ocurriera avisarles a los policías, porque ellos estaban en su nómina y le iría peor.

¡Este desamparo en que vivimos los colombianos no puede seguir! No podemos continuar contentándonos con el cuentico de que se está trabajando incansablemente para combatir el crimen y que vamos por buen camino. ¡No, señores! Los resultados están a la vista.

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