El caso Fajardo, vergüenza para la Fiscalía

El plan del fiscal Francisco Barbosa de llevar a la cárcel al exgobernador Sergio Fajardo, el candidato presidencial más opcionado de la coalición de centro, por no haber previsto que el dólar podría subir (como también hubiera podido bajar) al contraer en el 2013 una deuda de US$77 millones para la Gobernación de Antioquia, es un despropósito de tal magnitud que denota, por una parte, una ignorancia inmensa en asuntos económicos y penales y, por otra, una torcida intención política del fiscal.

Veamos: en cuanto al aspecto económico, vale la pena recordar la opinión que en este diario dio el economista Salomón Kalmanovitz. Según él, adquirir deudas en dólares tiene ventajas porque, por lo general, las tasas de interés son más bajas que en el mercado bancario colombiano y los plazos son más largos. Claro que existe el riesgo de cambio, pero “en general los beneficios de un crédito externo superan sus posibles desventajas”. Y claro que Fajardo hubiera podido tomar un seguro cambiario, pero esos seguros son costosos. Si el dólar hubiera bajado, a lo mejor lo hubieran acusado de detrimento patrimonial.

En cuanto al tema penal, es evidente que, en este caso, detrás de esa estrambótica acusación de peculado por apropiación a favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, delitos que tienen penas de hasta de 23 y 18 años de cárcel, respectivamente, no hubo dolo y, por consiguiente, no pudo configurarse delito.

Y en cuanto al aspecto político, la intención torcida del fiscal es evidente: por una parte, a un año de las elecciones presidenciales, desengavetó una investigación que llevaba dormida cinco años y que había sido solicitada a la Fiscalía por un funcionario del sucesor de Fajardo en la Gobernación, su enemigo Luis Pérez. Por otra, son varios los ejemplos de que el fiscal no utiliza la misma vara para medir los actos de los funcionarios. Es decir, los acusa o no según sus preferencias políticas. Por ejemplo, Noticias Uno recordó cómo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el 2004, cuando también era ministro de Hacienda pero de Álvaro Uribe, hizo una transacción por US$500 millones a una tasa cercana a los $2.700, pero tres años después el dólar cayó por debajo de los $1.800. Si se hubiera esperado, el fisco se habría ahorrado cerca de $400.000 millones. Pero por ese caso la Fiscalía no le ha imputado cargos a Carrasquilla. Como bien lo dice Kalmanovitz, “cuando comenzó el gobierno Duque, la deuda pública era del 47 % del PIB y en su tercer año supera el 64 %. En 2020, casi dos tercios de la deuda del Gobierno central correspondían a obligaciones en dólares. ¿Por qué el fiscal no les abre cargos a Iván Duque y Alberto Carrasquilla por haberse endeudado de esa manera, en momentos de intensa penuria fiscal, sin prever que el dólar subiría más de $300 en el primer trimestre de 2021? (…) Si Fajardo termina en la cárcel e inhabilitado para participar en la justa presidencial de 2022”, concluye Kalmanovitz, “Duque y Carrasquilla deberían ser destituidos y enjuiciados”.

En verdad, no hay derecho a que mientras se han cometido más de 1.000 asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, cuyos autores intelectuales es indispensable que la Fiscalía descubra, esta se dedique a desperdiciar sus recursos inculpando a inocentes y persiguiendo a los opositores y rivales políticos del presidente y sus amigos.

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