Que los hijos y la viuda de Luis Carlos Galán tengan que batallar en el Consejo Nacional Electoral para que le devuelvan la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, movimiento que fundó Galán, quien estuvo tan cerca de llegar al poder que por eso lo mató la mafia con la complicidad de políticos y policías, es algo que sólo puede suceder en este país santanderista de leguleyos que todo lo obstaculizan, o de partidos a los que no les conviene que el NL irrumpa en el escenario, esta vez dirigido por los hijos de Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, quienes han demostrado ser valientes y tener principios liberales y liderazgo político.
Veamos los hechos: además de Galán y de Rodrigo Lara, quienes libraron una batalla feroz contra la infiltración de la mafia en la política, fueron asesinados dos periodistas, cuatro concejales, una exdiputada, un exalcalde, cinco dirigentes de provincia y un escolta. Hubo atentados contra los líderes Alberto Villamizar, Iván Marulanda y Enrique Parejo; fue herido el escolta Pedro Nel Angulo; le pusieron una bomba al avión de Avianca HK-1803 donde iba a viajar el dirigente César Gaviria; atentaron contra el restaurante La Estación cuya dueña era del NL, y secuestraron a Maruja Pachón.
¿Si esa no es una operación de exterminio sistemático, entonces qué lo es?
Con base en ese argumento, el 9 de noviembre de 2017, Gloria Pachón de Galán y otros le solicitaron al CNE que le otorgara la personería jurídica al NL. La petición se acompañaba con sentencias que demuestran que a Galán lo mataron por su ideología y que fue asesinado por narcotraficantes, agentes del Estado, miembros de la clase política y las Autodefensas del Magdalena Medio.
Pero el 24 de noviembre, el exmagistrado del CNE y exsimpatizante del NL Carlos Ardila Ballesteros, empujado seguramente por algún maquiavélico político al que no le conviene que resurja el NL, pidió ser parte del proceso y se opuso a la solicitud, con el argumento de que ese movimiento había adherido en el 2000 a Cambio Radical. Según me explicó Juan Manuel Galán, fue Ardila quien, abusivamente, inscribió un movimiento NL y, después, lo adhirió a Cambio Radical.
Entonces, el CNE, ciego, o enceguecido por intereses políticos, concluyó el disparate de que Gloria Pachón de Galán y compañía no eran peticionarios legítimos porque el último representante legal del NL había sido Ardila Ballesteros.
Sin embargo, el 6 de julio el Consejo de Estado actuó con lógica y justicia, y le ordenó al CNE volver a estudiar la solicitud teniendo en cuenta que se había demostrado que los peticionarios (Gloria Pachón y cía.) son legítimos, que no había habido continuidad de la actividad política del NL y le pidió que analizara a fondo la violencia sufrida por ese movimiento.
La semana pasada se celebró una audiencia. Allí, el senador Iván Marulanda dijo que el Estado, entonces, “estaba penetrado por la criminalidad organizada”, que la enfrentaron en condiciones de desigualdad y que terminaron por aniquilarlos como fuerza política. Y agregó: “Lo justo con esta sociedad es que esas personas que quieren reivindicar esa lucha, esas ideas, tengan la oportunidad y el derecho que les quitaron las armas”.
El CNE tomará en noviembre la decisión final. Ojalá que, al hacerlo, piense en la importancia de que surjan nuevas fuerzas que debiliten la polarización y consoliden un centro político y que, al fallar, prevalezcan la lógica y la justicia y no los mezquinos intereses politiqueros.
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa
Que los hijos y la viuda de Luis Carlos Galán tengan que batallar en el Consejo Nacional Electoral para que le devuelvan la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, movimiento que fundó Galán, quien estuvo tan cerca de llegar al poder que por eso lo mató la mafia con la complicidad de políticos y policías, es algo que sólo puede suceder en este país santanderista de leguleyos que todo lo obstaculizan, o de partidos a los que no les conviene que el NL irrumpa en el escenario, esta vez dirigido por los hijos de Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, quienes han demostrado ser valientes y tener principios liberales y liderazgo político.
Veamos los hechos: además de Galán y de Rodrigo Lara, quienes libraron una batalla feroz contra la infiltración de la mafia en la política, fueron asesinados dos periodistas, cuatro concejales, una exdiputada, un exalcalde, cinco dirigentes de provincia y un escolta. Hubo atentados contra los líderes Alberto Villamizar, Iván Marulanda y Enrique Parejo; fue herido el escolta Pedro Nel Angulo; le pusieron una bomba al avión de Avianca HK-1803 donde iba a viajar el dirigente César Gaviria; atentaron contra el restaurante La Estación cuya dueña era del NL, y secuestraron a Maruja Pachón.
¿Si esa no es una operación de exterminio sistemático, entonces qué lo es?
Con base en ese argumento, el 9 de noviembre de 2017, Gloria Pachón de Galán y otros le solicitaron al CNE que le otorgara la personería jurídica al NL. La petición se acompañaba con sentencias que demuestran que a Galán lo mataron por su ideología y que fue asesinado por narcotraficantes, agentes del Estado, miembros de la clase política y las Autodefensas del Magdalena Medio.
Pero el 24 de noviembre, el exmagistrado del CNE y exsimpatizante del NL Carlos Ardila Ballesteros, empujado seguramente por algún maquiavélico político al que no le conviene que resurja el NL, pidió ser parte del proceso y se opuso a la solicitud, con el argumento de que ese movimiento había adherido en el 2000 a Cambio Radical. Según me explicó Juan Manuel Galán, fue Ardila quien, abusivamente, inscribió un movimiento NL y, después, lo adhirió a Cambio Radical.
Entonces, el CNE, ciego, o enceguecido por intereses políticos, concluyó el disparate de que Gloria Pachón de Galán y compañía no eran peticionarios legítimos porque el último representante legal del NL había sido Ardila Ballesteros.
Sin embargo, el 6 de julio el Consejo de Estado actuó con lógica y justicia, y le ordenó al CNE volver a estudiar la solicitud teniendo en cuenta que se había demostrado que los peticionarios (Gloria Pachón y cía.) son legítimos, que no había habido continuidad de la actividad política del NL y le pidió que analizara a fondo la violencia sufrida por ese movimiento.
La semana pasada se celebró una audiencia. Allí, el senador Iván Marulanda dijo que el Estado, entonces, “estaba penetrado por la criminalidad organizada”, que la enfrentaron en condiciones de desigualdad y que terminaron por aniquilarlos como fuerza política. Y agregó: “Lo justo con esta sociedad es que esas personas que quieren reivindicar esa lucha, esas ideas, tengan la oportunidad y el derecho que les quitaron las armas”.
El CNE tomará en noviembre la decisión final. Ojalá que, al hacerlo, piense en la importancia de que surjan nuevas fuerzas que debiliten la polarización y consoliden un centro político y que, al fallar, prevalezcan la lógica y la justicia y no los mezquinos intereses politiqueros.
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