En un texto titulado No maten más, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, hace reflexiones que deben ser tenidas muy en cuenta por los negociadores de paz, tanto del gobierno como de los grupos armados:
González Posso desarrolla la tesis central de que “lo urgente es el cese unilateral de agresiones a la población”. Eso es mucho más urgente que los ceses bilaterales anunciados por el presidente Petro. Es que las comunidades están desesperadas con la violencia y las arbitrariedades que tienen que padecer al estar en esa aterradora condición de sándwich entre los grupos armados enfrentados entre sí. Porque ahora, para ellas, los principales inconvenientes no les surgen de estar en la mitad de los combates entre los armados y el ejército, sino en el centro de la guerra a muerte que libran entre sí los distintos grupos guerrilleros y mafiosos.
“El pueblo Awa y las comunidades afrocolombianas en Nariño”, afirma Camilo González, “están exigiendo alto a las agresiones, reclutamiento, confinamiento y al asesinato, como el de los dos niños en Alto Mira el 31 de diciembre. (Y) aunque los frentes de las llamadas disidencias dicen estar en cese al fuego, parece que lo entienden solo frente a la fuerza pública porque no cesan de masacrarse entre ellos y de victimizar a la población como en Putumayo y Cauca”.
Y agrega: “Los pueblos Embera de todo el Pacífico, de la costa del Valle y Chocó, se han pronunciado exigiendo alto a las armas con las que los desplazan y confinan. Son muchas las voces en el Chocó que exigen Acuerdo Humanitario Ya y que emplazan al Eln y a las Agc Clan del Golfo a cesar el terror contra la población. Los Barí le pidieron al presidente una acción urgente para sacar las armas, la coca y toda violencia de sus territorios y del Catatumbo. Las organizaciones sociales del Cauca (…) se han pronunciado insistentemente exigiendo alto a toda agresión en contra de las comunidades y sus territorios”.
Por eso angustia que mientras el gobierno y el Eln discuten cómo solucionar sus diferencias y cuáles serán las reglas del juego de las próximas conversaciones; y mientras prosiguen los diálogos con el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo con miras a precisar protocolos y procedimientos para hacer realidad el cese al fuego bilateral, no se hagan, como dice González, “compromisos unilaterales inmediatos de suspensión y condena a todas las agresiones en contra de las comunidades”.
Y agrega: “el que se ocupen de todo ese trámite y papeleo tan importante no puede ser pretexto para ocultar que lo inmediato, urgente, e indiscutible, es que todos los armados que vienen agrediendo a la población civil deben declarar ante el país y el mundo que prohíben matar civiles (…), desplazar o confinar (…), extorsionar, secuestrar, desaparecer, torturar, perpetrar delitos sexuales (…) desposeer a las familias y comunidades de sus bienes, atentar contra los niños, niñas, adolescentes (...) Ahora lo urgente y sin condiciones, al tiempo que se avance en el funcionamiento de las mesas bilaterales de diálogo, es que los grupos armados ilegales de todos los tipos se pronuncien unilateralmente anunciado que condenan cualquier agresión a las comunidades, organizaciones, líderes y ciudadanos y que harán públicos los reglamentos y medidas para evitar que sus integrantes y aliados atenten contra la población civil”.
Esa es la prioridad indiscutible, señores negociadores.
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa
En un texto titulado No maten más, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, hace reflexiones que deben ser tenidas muy en cuenta por los negociadores de paz, tanto del gobierno como de los grupos armados:
González Posso desarrolla la tesis central de que “lo urgente es el cese unilateral de agresiones a la población”. Eso es mucho más urgente que los ceses bilaterales anunciados por el presidente Petro. Es que las comunidades están desesperadas con la violencia y las arbitrariedades que tienen que padecer al estar en esa aterradora condición de sándwich entre los grupos armados enfrentados entre sí. Porque ahora, para ellas, los principales inconvenientes no les surgen de estar en la mitad de los combates entre los armados y el ejército, sino en el centro de la guerra a muerte que libran entre sí los distintos grupos guerrilleros y mafiosos.
“El pueblo Awa y las comunidades afrocolombianas en Nariño”, afirma Camilo González, “están exigiendo alto a las agresiones, reclutamiento, confinamiento y al asesinato, como el de los dos niños en Alto Mira el 31 de diciembre. (Y) aunque los frentes de las llamadas disidencias dicen estar en cese al fuego, parece que lo entienden solo frente a la fuerza pública porque no cesan de masacrarse entre ellos y de victimizar a la población como en Putumayo y Cauca”.
Y agrega: “Los pueblos Embera de todo el Pacífico, de la costa del Valle y Chocó, se han pronunciado exigiendo alto a las armas con las que los desplazan y confinan. Son muchas las voces en el Chocó que exigen Acuerdo Humanitario Ya y que emplazan al Eln y a las Agc Clan del Golfo a cesar el terror contra la población. Los Barí le pidieron al presidente una acción urgente para sacar las armas, la coca y toda violencia de sus territorios y del Catatumbo. Las organizaciones sociales del Cauca (…) se han pronunciado insistentemente exigiendo alto a toda agresión en contra de las comunidades y sus territorios”.
Por eso angustia que mientras el gobierno y el Eln discuten cómo solucionar sus diferencias y cuáles serán las reglas del juego de las próximas conversaciones; y mientras prosiguen los diálogos con el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo con miras a precisar protocolos y procedimientos para hacer realidad el cese al fuego bilateral, no se hagan, como dice González, “compromisos unilaterales inmediatos de suspensión y condena a todas las agresiones en contra de las comunidades”.
Y agrega: “el que se ocupen de todo ese trámite y papeleo tan importante no puede ser pretexto para ocultar que lo inmediato, urgente, e indiscutible, es que todos los armados que vienen agrediendo a la población civil deben declarar ante el país y el mundo que prohíben matar civiles (…), desplazar o confinar (…), extorsionar, secuestrar, desaparecer, torturar, perpetrar delitos sexuales (…) desposeer a las familias y comunidades de sus bienes, atentar contra los niños, niñas, adolescentes (...) Ahora lo urgente y sin condiciones, al tiempo que se avance en el funcionamiento de las mesas bilaterales de diálogo, es que los grupos armados ilegales de todos los tipos se pronuncien unilateralmente anunciado que condenan cualquier agresión a las comunidades, organizaciones, líderes y ciudadanos y que harán públicos los reglamentos y medidas para evitar que sus integrantes y aliados atenten contra la población civil”.
Esa es la prioridad indiscutible, señores negociadores.
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