“¿Qué fallas hay en la cultura colombiana y en la educación que brinda el Ejército a sus miembros como para que por lo menos siete soldados participen en la violación de una niña de 12 años?”, preguntaba la semana pasada El Espectador en un editorial titulado “Dejemos de hablar de monstruos y vamos al fondo”, escrito a propósito de la violación de una niña embera chamí, ocurrida hace poco en Risaralda.
Y ahora, luego de conocida la revelación hecha por Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV, sobre el caso de una indígena nukak de 15 años que en septiembre pasado, en Guaviare, habría sido secuestrada y violentada sexualmente durante cuatro días por “integrantes del Ejército que la llevaron al sitio del campamento” y, sin que le dieran “de comer ni de beber, luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera”, según dice el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, El Espectador tendría que repetir su pregunta, pero con más contundencia: ¿qué aberraciones hay en nuestra sociedad y en la formación que el Ejército les da a sus miembros para que esos horrores sucedan?
Lo primero que hay que decir es que la violación denunciada por Ávila se suma a cuatro casos más de niñas indígenas presuntamente violadas por soldados en Guaviare. Los hechos los investigó la Defensoría del Pueblo debido a denuncias que la comunidad hizo sobre el comportamiento de soldados con niñas del resguardo de la comunidad nukak.
Por lo visto, es frecuente que las víctimas de violación sean niñas indígenas y que los violadores sean soldados. Ello no significa que paramilitares, guerrilleros y disidentes no lo sean también. Según le dijo a W Radio el líder embera Gerardo Jumí, “el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, pero es invisibilizado y silenciado”.
Es decir que en esta sociedad machista, patriarcal y racista, que desprecia a los indígenas, en el fondo no es tan mal visto violar a niñas indígenas… De ahí que los delitos sexuales contra ellas sean silenciados o minimizados, sobre todo si quienes los cometen son miembros del Ejército.
Si no fuera así, ¿cómo se explica que luego de diez meses de que la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Procuraduría conocieran la denuncia de la violación de la niña nukak, aún hoy repose en la Fiscalía Segunda de San José del Guaviare sin que se haya avanzado en la investigación y sin que hayan capturado a ninguno de los militares responsables de los hechos?
¿Y cómo se explica que en el caso de la violación de la niña embera la Fiscalía haya procesado a sus autores solo por acceso carnal abusivo y no por secuestro y acceso carnal violento, y que los violadores se encuentren recluidos en el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, y no en una cárcel común, como si el delito que se les imputa hubiera sido propio del servicio?
Se equivocan quienes pretenden minimizar y silenciar estos hechos tan graves cometidos por miembros del Ejército; lo que las autoridades deben hacer es justamente lo contrario: denunciar a los responsables no solo ante la justicia, sino ante la opinión y destituirlos de manera pública y fulminante, de manera que se produzca un escarmiento y una sanción social que comience a cambiar los patrones culturales que conducen a que esos horrores sucedan.
Porque si bien es muy grave que cualquiera viole a un menor, lo es mucho más si la víctima es una indígena discriminada y si los violadores son miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas.
“¿Qué fallas hay en la cultura colombiana y en la educación que brinda el Ejército a sus miembros como para que por lo menos siete soldados participen en la violación de una niña de 12 años?”, preguntaba la semana pasada El Espectador en un editorial titulado “Dejemos de hablar de monstruos y vamos al fondo”, escrito a propósito de la violación de una niña embera chamí, ocurrida hace poco en Risaralda.
Y ahora, luego de conocida la revelación hecha por Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV, sobre el caso de una indígena nukak de 15 años que en septiembre pasado, en Guaviare, habría sido secuestrada y violentada sexualmente durante cuatro días por “integrantes del Ejército que la llevaron al sitio del campamento” y, sin que le dieran “de comer ni de beber, luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera”, según dice el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, El Espectador tendría que repetir su pregunta, pero con más contundencia: ¿qué aberraciones hay en nuestra sociedad y en la formación que el Ejército les da a sus miembros para que esos horrores sucedan?
Lo primero que hay que decir es que la violación denunciada por Ávila se suma a cuatro casos más de niñas indígenas presuntamente violadas por soldados en Guaviare. Los hechos los investigó la Defensoría del Pueblo debido a denuncias que la comunidad hizo sobre el comportamiento de soldados con niñas del resguardo de la comunidad nukak.
Por lo visto, es frecuente que las víctimas de violación sean niñas indígenas y que los violadores sean soldados. Ello no significa que paramilitares, guerrilleros y disidentes no lo sean también. Según le dijo a W Radio el líder embera Gerardo Jumí, “el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, pero es invisibilizado y silenciado”.
Es decir que en esta sociedad machista, patriarcal y racista, que desprecia a los indígenas, en el fondo no es tan mal visto violar a niñas indígenas… De ahí que los delitos sexuales contra ellas sean silenciados o minimizados, sobre todo si quienes los cometen son miembros del Ejército.
Si no fuera así, ¿cómo se explica que luego de diez meses de que la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Procuraduría conocieran la denuncia de la violación de la niña nukak, aún hoy repose en la Fiscalía Segunda de San José del Guaviare sin que se haya avanzado en la investigación y sin que hayan capturado a ninguno de los militares responsables de los hechos?
¿Y cómo se explica que en el caso de la violación de la niña embera la Fiscalía haya procesado a sus autores solo por acceso carnal abusivo y no por secuestro y acceso carnal violento, y que los violadores se encuentren recluidos en el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, Antioquia, y no en una cárcel común, como si el delito que se les imputa hubiera sido propio del servicio?
Se equivocan quienes pretenden minimizar y silenciar estos hechos tan graves cometidos por miembros del Ejército; lo que las autoridades deben hacer es justamente lo contrario: denunciar a los responsables no solo ante la justicia, sino ante la opinión y destituirlos de manera pública y fulminante, de manera que se produzca un escarmiento y una sanción social que comience a cambiar los patrones culturales que conducen a que esos horrores sucedan.
Porque si bien es muy grave que cualquiera viole a un menor, lo es mucho más si la víctima es una indígena discriminada y si los violadores son miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas.