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Aquí parece que nadie se conmueve, o se conmueven pocos… Porque la noticia de que el 92 % de los ex-Farc asesinados han sido comparecientes ante la JEP tendría que alarmarnos a todos, empezando por el presidente y su fiscal general (porque es suyo no más). Pero aquí no pasa eso. Aquí Yamid Amat le pregunta a Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, si eso significa que a quien comparezca ante ese tribunal lo matan, y él responde que la paz peligra, porque si los comparecientes son asesinados y no terminan de aportar su verdad, sus compañeros y las víctimas temerán hacerlo, y tampoco casi nadie se conmueve.
Lo más grave es que si el 92 % de los asesinados de las antiguas Farc han sido comparecientes ante la JEP, eso significa, ni más ni menos, que lo más seguro es que el móvil de esos crímenes haya sido evitar que revelen la verdad, y no, como han dicho fiscales y ministros de Defensa, líos de faldas, venganzas, disputas familiares o el regreso de los exguerrilleros a sus antiguos malos pasos. Obviamente, en ocasiones, esos móviles deben existir. Pero ese 92 % es demasiado alto como para no pensar que el propósito principal de esos homicidios haya sido silenciar y amedrentar a los comparecientes.
Ante esa situación, un verdadero fiscal general y un verdadero comisionado de Paz actuarían de inmediato. Y un defensor del Pueblo comprometido con su misión hubiera asistido de manera presencial, no virtual, a la reunión que realizaron los presidentes de la JEP y de la Comisión de la Verdad, y los directores de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Unidad de Investigación y Acusación, acompañados por los presidentes de las altas cortes y por varios funcionarios de Naciones Unidas.
El defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, tenía la obligación de asistir, porque el propósito de semejante reunión era entregarle una carta de 55 páginas en la que le exponen la situación de los asesinatos de defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc. También le solicitan que emita, a propósito de ese genocidio, una resolución defensorial, principal herramienta que tiene la Defensoría del Pueblo para denunciar vulneraciones a los derechos humanos y que constituye un mandato moral para que el Gobierno actúe. Pero no: el defensor emitió por Zoom una declaración babosa, en la que no increpa al Gobierno ni se compromete en concreto a nada. Tampoco intercambió opiniones con tan importantes asistentes ni participó, ni siquiera virtualmente, en la rueda de prensa que hubo a continuación. Es decir, no demostró la voluntad política que tenía Carlos Alfonso Negret, su antecesor, para defender la paz.
Y un presidente de verdad interesado en detener las muertes de excombatientes y defensores de derechos humanos tendría funcionando a todo vapor la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, para desmantelar las conductas y los grupos criminales, incluidos los herederos del paramilitarismo. Pero como Cifuentes le dijo a Yamid, esa Comisión, que se debe reunir mensualmente, no está actuando. Quien la preside, de manera indelegable, es el presidente de la República, que en sus 32 meses de mandato solo ha asistido a seis de sus reuniones.
Entonces, dadas estas consideraciones, abundan las razones para que la Corte Constitucional declare que, efectivamente, existe una vulneración masiva del Acuerdo de Paz.
