Produce angustia comparar el lenguaje constructivo utilizado por las Farc y el Eln en su comunicado del 23 de octubre con el incendiario utilizado en los medios por políticos tradicionales: mientras los insurgentes más temidos manifiestan su “firme decisión de llegar a una paz completa (…), de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc-Ep, avance la agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el Eln” y se armonicen los dos procesos, representantes de la vieja clase política y algunos (as) periodistas se empeñan en tirarse el proceso de paz: así, por ejemplo, mientras miembros de las Farc buscan volver realidad su compromiso de usar las palabras en vez de las balas, el presidente de la Cámara y dirigente de Cambio Radical justifica el haberles impedido el ingreso a ese recinto que hace unos años recibió a Mancuso y compañía, con el argumento de que aún no se han sometido a un juez cuando, precisamente, su partido y el uribismo se han empeñado en hacer lo posible porque el mecanismo que los juzgará, esto es, la Justicia Especial para la Paz (JEP), no se apruebe. Y, de la misma forma, sorprende ver cómo columnistas le caen encima a Humberto de la Calle cuando dice que el hecho de que aún no se haya aprobado la JEP desemboca en que los de las Farc puedan hacer política sin haberse sometido a la justicia, cuando esos mismos comentaristas son los que no han ahorrado esfuerzos para hacerle mal ambiente a la aprobación del tribunal.
Y aterra que, mientras unos colombianos que han dejado las armas piden que les permitan ingresar a la sociedad, vivir en paz, participar en la vida política y desarrollar proyectos productivos comunitarios, como ese muy interesante que tienen en Agua Bonita, Caquetá, una oposición vindicativa, o antiguos beneficiarios del Gobierno que por conveniencias electorales le dieron la espalda, se empeñen en cerrarles la puerta en las narices, sin detenerse a evaluar cuál de los dos escenarios puede ser mejor para Colombia: el de cumplir los acuerdos, doblar la página de la violencia y avanzar en la construcción de un país con mayor educación y desarrollo, como propone Sergio Fajardo, o el de incumplir los pactos, generar una profunda frustración en los excombatientes y sus zonas de influencia y abonar, así, el terreno para que explote de nuevo la violencia.
Colombia vive un momento crucial. Es hora de que la clase política asuma su responsabilidad en la crisis del país. Es hora de que tenga la sabiduría para escuchar, por ejemplo, lo que nos dicen desde Ecuador el Eln y las Farc:
“Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales (…) y el asesinato de 30 excombatientes de las Farc”.
“Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz (…) Por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo”.
“La verdad que habrá de conocerse para alcanzar la paz pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de nunca más”.
¿Será que lo que tanto temen quienes se oponen a que se cumplan los acuerdos es, justamente, que se conozca esa verdad que los haga celebrar también a ellos o a sus amigos ese compromiso de NUNCA MÁS?
Produce angustia comparar el lenguaje constructivo utilizado por las Farc y el Eln en su comunicado del 23 de octubre con el incendiario utilizado en los medios por políticos tradicionales: mientras los insurgentes más temidos manifiestan su “firme decisión de llegar a una paz completa (…), de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc-Ep, avance la agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el Eln” y se armonicen los dos procesos, representantes de la vieja clase política y algunos (as) periodistas se empeñan en tirarse el proceso de paz: así, por ejemplo, mientras miembros de las Farc buscan volver realidad su compromiso de usar las palabras en vez de las balas, el presidente de la Cámara y dirigente de Cambio Radical justifica el haberles impedido el ingreso a ese recinto que hace unos años recibió a Mancuso y compañía, con el argumento de que aún no se han sometido a un juez cuando, precisamente, su partido y el uribismo se han empeñado en hacer lo posible porque el mecanismo que los juzgará, esto es, la Justicia Especial para la Paz (JEP), no se apruebe. Y, de la misma forma, sorprende ver cómo columnistas le caen encima a Humberto de la Calle cuando dice que el hecho de que aún no se haya aprobado la JEP desemboca en que los de las Farc puedan hacer política sin haberse sometido a la justicia, cuando esos mismos comentaristas son los que no han ahorrado esfuerzos para hacerle mal ambiente a la aprobación del tribunal.
Y aterra que, mientras unos colombianos que han dejado las armas piden que les permitan ingresar a la sociedad, vivir en paz, participar en la vida política y desarrollar proyectos productivos comunitarios, como ese muy interesante que tienen en Agua Bonita, Caquetá, una oposición vindicativa, o antiguos beneficiarios del Gobierno que por conveniencias electorales le dieron la espalda, se empeñen en cerrarles la puerta en las narices, sin detenerse a evaluar cuál de los dos escenarios puede ser mejor para Colombia: el de cumplir los acuerdos, doblar la página de la violencia y avanzar en la construcción de un país con mayor educación y desarrollo, como propone Sergio Fajardo, o el de incumplir los pactos, generar una profunda frustración en los excombatientes y sus zonas de influencia y abonar, así, el terreno para que explote de nuevo la violencia.
Colombia vive un momento crucial. Es hora de que la clase política asuma su responsabilidad en la crisis del país. Es hora de que tenga la sabiduría para escuchar, por ejemplo, lo que nos dicen desde Ecuador el Eln y las Farc:
“Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales (…) y el asesinato de 30 excombatientes de las Farc”.
“Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz (…) Por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo”.
“La verdad que habrá de conocerse para alcanzar la paz pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de nunca más”.
¿Será que lo que tanto temen quienes se oponen a que se cumplan los acuerdos es, justamente, que se conozca esa verdad que los haga celebrar también a ellos o a sus amigos ese compromiso de NUNCA MÁS?