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Siento tristeza al escribir esta columna. Yo he sido una convencida de la necesidad de negociar la paz. He apoyado todos esos procesos. Desde 1999 he pertenecido a la Comisión Facilitadora del Proceso con el ELN. Pero para hacer la paz se necesitan dos. Y, definitivamente, los hechos han demostrado que el actual ELN no quiere hacer la paz. Tristemente, creo que no hay nada qué hacer, por lo menos mientras continúen los mismos mandos.
De modo que la decisión que acaba de tomar la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de reactivar las órdenes de captura contra los 31 voceros del ELN en las mesas de diálogos de paz, incluidos los miembros del COCE Antonio García y Pablo Beltrán, no solo es acertada sino que debe cambiar rotundamente las relaciones entre el gobierno y el ELN y debe llevar a otra acción inmediata de parte del presidente Petro: solicitarle al gobierno de Maduro la extradición a Colombia de Antonio García y demás dirigentes y miembros del ELN que se encuentran en territorio venezolano.
Ya se acabaron las disculpas: después de los 60 u 80 o quién sabe cuántos asesinatos, muchos de ellos firmantes de paz, más los veinte o treinta mil desplazamientos que el ELN ha ocasionado en Catatumbo en una semana, más todo lo demás, no hay vuelta atrás. El presidente suspendió el proceso de paz con el ELN y, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “el ELN ha botado a la caneca de la basura una vez más, y diría que de forma definitiva, la posibilidad de construir la paz en Colombia”. Es decir que el proceso de paz con el ELN se acabó. Por lo tanto, no hay justificación alguna para que Venezuela albergue a sus jefes y a sus bases y les ofrezca una cómoda retaguardia.
Y si existen protocolos que les impidan a los países garantes entregar a los jefes del ELN, deben deshacerse las cosas como se hicieron porque Colombia no puede seguir tolerando que esos salvajes se protejan en Venezuela, pasen a pie o a nado la frontera, asesinen a cuantos quieran, y regresen a sus casas como Pedro por su casa.
La gente del Catatumbo, y de las otras zonas afectadas por la pelea sangrienta de los grupos violentos (Cauca, Norte del Valle, Bajo Caguán, Chocó, Cesar), y los colombianos en general, necesitamos sentir que hay un estado que nos protege, y no que cada vez estamos más en manos de unas bandas criminales sin control que parece que le están ganando la pelea al Estado.
Como sostuvo en su pronunciamiento Aliadas, una asociación que agrupa a 32 de las principales asociaciones y gremios del país, “la Fuerza Pública no puede ser un actor expectante o un simple mediador; su papel debe ser el de garantizar la seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales que hoy desafían la estabilidad del país. La inacción no es una opción cuando la vida de miles de colombianos está en juego”.
Es que es inaudito que, en noviembre pasado, mediante una alerta temprana, la Defensoría del Pueblo vaticinara que, en el Catatumbo, se produciría una escalada de violencia debido a los enfrentamientos entre el ELN y una facción de las disidencias, el gobierno no haya tomado medidas preventivas, ahora estemos lamentando semejante tragedia y, encima de todo, el presidente diga que no sabe por dónde entraron ese montón de hombres armados.
Y lo más grave es que lo mismo puede ocurrir en el Norte del Valle, el Bajo Caguán, Quibdó y Cesar, territorios que también han sido advertidos.
Por favor, presidente, no deje que la tragedia se repita.
