El asesinato del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero, aceptado como de su autoría por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, grupo del Eln que opera en el Chocó, demuestra una vez más la degradación y la dinámica diabólica a que lleva el hábito de la guerra: en un comunicado distribuido por la dirección de ese frente, vía internet, se dice tranquilamente que no se había dado autorización de atentar contra la integridad física de Isaramá, pues sólo se planeaba interrogarlo. Los guerrilleros se disculpan de lo ocurrido diciendo que una acción del propio líder indígena desencadenó el “trágico desenlace” (pues), “detenido y en camino al lugar del interrogatorio, el gobernador Aulio Isaramá Forastero se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros”.
De ese párrafo surgen varias preguntas: ¿no sabían los miembros del Frente de Occidente del Eln que ese grupo pactó con el Gobierno un cese al fuego y a las hostilidades y que asesinar a una persona es una violación de ese pacto? ¿Hay cohesión entre ese grupo y el resto del Eln que está negociando con el Gobierno? ¿Cómo pueden afirmar que no se había dado autorización para atentar contra la vida del indígena? ¿A cuenta de qué creen ellos que pueden decidir si un ser humano puede vivir o no? ¿Con qué derecho penetran en la vivienda del indígena y lo sacan a la fuerza? ¿Cómo quieren que reaccione cualquier persona que se ve sometida a ese tratamiento violento si no es utilizando la fuerza para tratar de salvarse de la situación?
La respuesta a la mayoría de esas preguntas no es sino una: son la superioridad y la omnipotencia que infunden el tener un arma en la mano las que mueven a estos guerrilleros a creerse los dueños de la “Justicia”, del poder, del destino y de la vida de la gente. Y es la degradación a la que lleva el habituarse a matar la que permite matar con tanta facilidad y referirse, luego, tranquilamente, a la “dolorosa” muerte del gobernador indígena.
Pero hay que reconocer que el comunicado del Frente de Occidente del Eln tiene de bueno que, por una parte, admite que ese grupo fue el autor del homicidio y, por otra, dice que sus miembros están dispuestos a hacer un “ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir”.
Así lo esperamos, porque sería inaudito que hechos similares volvieran a ocurrir y que dieran al traste con ese esquivo proceso de paz con el Eln el cual, por fin, estaba marchando por buen camino.
Lo lógico, lo que les conviene al país y al Eln, es que las conversaciones sigan progresando, que la sociedad civil se incorpore al proceso y que el cese al fuego y a las hostilidades, que vence en enero, se prorrogue mientras las negociaciones continúen y, ojalá, desemboquen en la firma de la paz completa.
Pero para llegar allí, hay que erradicar y superar creencias como la manifestada por la guerrillera Consuelo Tapias, delegada del Eln para concertar con sectores como el empresarial y el sindical, el mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso. Según ella, “la lucha armada en Colombia todavía sigue siendo necesaria.” Y da como justificación el que “no hemos superado este estado de gobierno y de dominación”.
Es hora de que Consuelo y el Eln en su conjunto reflexionen y se convenzan sinceramente de que tienen que renunciar para siempre a la lucha armada.
Son esos clichés que repiten como loros los que han llevado a propiciar el desangre del país.
El asesinato del gobernador indígena Aulio Isaramá Forastero, aceptado como de su autoría por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, grupo del Eln que opera en el Chocó, demuestra una vez más la degradación y la dinámica diabólica a que lleva el hábito de la guerra: en un comunicado distribuido por la dirección de ese frente, vía internet, se dice tranquilamente que no se había dado autorización de atentar contra la integridad física de Isaramá, pues sólo se planeaba interrogarlo. Los guerrilleros se disculpan de lo ocurrido diciendo que una acción del propio líder indígena desencadenó el “trágico desenlace” (pues), “detenido y en camino al lugar del interrogatorio, el gobernador Aulio Isaramá Forastero se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros”.
De ese párrafo surgen varias preguntas: ¿no sabían los miembros del Frente de Occidente del Eln que ese grupo pactó con el Gobierno un cese al fuego y a las hostilidades y que asesinar a una persona es una violación de ese pacto? ¿Hay cohesión entre ese grupo y el resto del Eln que está negociando con el Gobierno? ¿Cómo pueden afirmar que no se había dado autorización para atentar contra la vida del indígena? ¿A cuenta de qué creen ellos que pueden decidir si un ser humano puede vivir o no? ¿Con qué derecho penetran en la vivienda del indígena y lo sacan a la fuerza? ¿Cómo quieren que reaccione cualquier persona que se ve sometida a ese tratamiento violento si no es utilizando la fuerza para tratar de salvarse de la situación?
La respuesta a la mayoría de esas preguntas no es sino una: son la superioridad y la omnipotencia que infunden el tener un arma en la mano las que mueven a estos guerrilleros a creerse los dueños de la “Justicia”, del poder, del destino y de la vida de la gente. Y es la degradación a la que lleva el habituarse a matar la que permite matar con tanta facilidad y referirse, luego, tranquilamente, a la “dolorosa” muerte del gobernador indígena.
Pero hay que reconocer que el comunicado del Frente de Occidente del Eln tiene de bueno que, por una parte, admite que ese grupo fue el autor del homicidio y, por otra, dice que sus miembros están dispuestos a hacer un “ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir”.
Así lo esperamos, porque sería inaudito que hechos similares volvieran a ocurrir y que dieran al traste con ese esquivo proceso de paz con el Eln el cual, por fin, estaba marchando por buen camino.
Lo lógico, lo que les conviene al país y al Eln, es que las conversaciones sigan progresando, que la sociedad civil se incorpore al proceso y que el cese al fuego y a las hostilidades, que vence en enero, se prorrogue mientras las negociaciones continúen y, ojalá, desemboquen en la firma de la paz completa.
Pero para llegar allí, hay que erradicar y superar creencias como la manifestada por la guerrillera Consuelo Tapias, delegada del Eln para concertar con sectores como el empresarial y el sindical, el mecanismo de participación de la sociedad civil en el proceso. Según ella, “la lucha armada en Colombia todavía sigue siendo necesaria.” Y da como justificación el que “no hemos superado este estado de gobierno y de dominación”.
Es hora de que Consuelo y el Eln en su conjunto reflexionen y se convenzan sinceramente de que tienen que renunciar para siempre a la lucha armada.
Son esos clichés que repiten como loros los que han llevado a propiciar el desangre del país.