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Bien hará el presidente Petro en irse una semana a gobernar a La Guajira, como se anunció en días pasados. Allá están ocurriendo hechos muy graves. Tal vez el más preocupante sea la suspensión del proyecto de generación de energía eólica que desarrollaba la empresa Enel, que debía entrar en funcionamiento el año pasado. Que Enel hubiera preferido no continuar con el proyecto es un golpe muy duro para los planes del Gobierno y para la futura oferta de energías limpias en el país. Máxime en momentos en que el Gobierno supuestamente le está apostando todo a la transición energética y las posibilidades de nuevas exploraciones de gas y petróleo están en veremos, a pesar de que las reservas de esos productos solo alcanzan para siete años y tal vez para menos, porque su demanda está aumentando.
Para entender por qué Enel prefirió abandonar una inversión que supera los US$200 millones, en lugar de seguir luchando por ese proyecto, hay que mirar cuál es la situación en esa zona:
Por una parte, La Guajira es una de las regiones más ricas de Colombia por sus reservas minero-energéticas, su potencial turístico y su gran riqueza en vientos, lo cual permite desarrollar allí importantes proyectos de energía eólica. Pero la presencia del Estado en ese departamento es nula: allá todo es deficiente o inexistente: los hospitales, los colegios, las carreteras, los acueductos... Y ello se debe en gran parte a la corrupción.
Por otra parte, en La Guajira habitan comunidades indígenas, algunas nómadas, muy abandonadas por el Estado, con derechos sobre esos territorios. Con ellas el Estado tendría que estar en contacto, desarrollando un diálogo que las lleve a entender la importancia de que en La Guajira se desarrollen proyectos de esa magnitud, que les brinden empleo y desarrollo.
Finalmente, por esa falta de información y comprensión de la situación de las empresas, que requieren producir todos los días con el fin de generar recursos para pagar sus nóminas y gastos, las comunidades realizan bloqueos casi permanentes de las carreteras y los caminos, a tal punto que Enel el año pasado solo pudo operar la mitad de los días hábiles y este año solo ha operado el 40 %. Además, por supuesto, la autoridad estatal no se ha hecho presente, no existe; eso es tierra de nadie.
Esa situación no es atribuible solo a la administración de Petro. Así ha sido desde la época de Duque, cuando se definió que en La Guajira se desarrollaría una industria eólica competitiva: entonces el Gobierno no preparó a las comunidades y la empresa llegó sola, sin acompañamiento. No obstante, hizo algunos acuerdos con las comunidades, pero “de una fragilidad absoluta”, según un funcionario de Enel, quien agrega que “esa situación terminó reventándose porque las comunidades tienen exigencias abismales que son imposibles de soportar: no podemos sustituir al Estado haciendo vías, hospitales… Ellos exigen todo porque no hay nada. Y el Estado no dice nada. Si antes estaba ausente, ahora está peor. Además, el Gobierno está envalentonando a esas comunidades para que pidan ser socias de los proyectos. Y eso no lo podemos aceptar”.
De manera pues que Enel no aguantó más y se fue de La Guajira. Ahora la solución que está en que alguna empresa estatal (Ecopetrol, ISA, Gecelca) se haga cargo del lío.
Ojalá el presidente Petro logre, en su semana de gobierno en La Guajira, salvar tan importante proyecto.
