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Señor fiscal general, Francisco Barbosa:
En las últimas semanas se han dado a conocer entrevistas de prensa y versiones que los exparamilitares Jorge Iván Laverde, alias el Iguano; Úber Banquez, alias Juancho Dique, y Salvatore Mancuso han rendido ante los tribunales de Justicia y Paz. En ellas, los tres coinciden en hacer señalamientos muy graves contra las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. A usted, doctor Barbosa, como fiscal general, le corresponde precisar y no dejar pasar por alto esas sindicaciones, para que se judicialice a los responsables y no queden flotando en el ambiente esas acusaciones contra las Fuerzas Armadas como institución.
En esencia, los tres exparamilitares afirman que las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y otras instituciones les suministraban a las Autodefensas Unidas de Colombia listados de personas que consideraban cercanas a los grupos subversivos para que las asesinaran.
Aquí, apartes de sus declaraciones:
El Iguano: “Recibíamos información de la Fuerza Pública, Sijín, Policía, Fiscalía, DAS, organismos de inteligencia, para darles muerte a las personas (…). De esas personas ya hemos hablado: hemos manifestado, tal cabo, tal sargento, tal teniente, tal capitán, tal coronel... A todos los hemos mencionado”.
Juancho Dique: “Si dejábamos los cuerpos por ahí, la Fuerza Pública nos llamaba la atención y decía que se les iban a incrementar las estadísticas de violencia y que eso podría (…) traer a la gente de derechos humanos (…). Por eso desaparecíamos a las personas (…). Y aunque yo no puedo decir que eso fue una política de Estado, sí puedo dar fe de que sabía el comandante de la estación de Policía, y de ahí para abajo y para arriba toda la jerarquía (...). No era un secreto. Por ejemplo, pasaba que cuando capturaban una persona en equis municipio, le daban libertad y nos daban la instrucción de cogerla y desaparecerla. Yo tengo todavía la orden de batalla de la Fuerza Naval de la Costa. Allí hay centenares de personas sindicadas con nombre, dirección, teléfono (…). A esos jóvenes los cogíamos, los desmembrábamos y los arrojábamos a las aguas del Canal del Dique (…), para que no fueran recuperados los restos óseos, porque si a la persona se le bota completa, el cuerpo a las 72 horas sube a la superficie”.
Salvatore Mancuso: “(Las decisiones de matar a Eduardo Umaña, Elsa Alvarado y Mario Calderón, Jaime Garzón, Jesús María Valle) eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaba a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.
Señor fiscal, esas afirmaciones de los exparamilitares no son nuevas: empezaron a hacerlas en las versiones libres que desde hace 15 años están rindiendo ante los tribunales de Justicia y Paz. En ellas, incluso, mencionan nombres de militares, políticos y empresarios involucrados con el paramilitarismo.
¿Qué ha hecho hasta ahora la Fiscalía con esas informaciones? ¿Qué investigaciones ha abierto? ¿A qué conclusiones ha llegado? ¿Ha obligado a los exparamilitares a precisar quiénes, en el DAS y en las Fuerzas Militares y de Policía, les suministraron los listados de personas a las que debían matar?
Su deber, doctor Barbosa, es investigar si son ciertas esas revelaciones y, si lo son, descubrir quiénes fueron los funcionarios determinadores de esos miles de asesinatos para dar a conocer sus nombres. Si no lo hace con prontitud, señor fiscal Barbosa, usted estará ayudando a enlodar a las Fuerzas Armadas como institución.
