Las cifras de los asesinatos de líderes sociales, solas, se convierten en una estadística que no muestra la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, por iniciativa de esa enamorada de la paz que es Gloria Arias, un grupo de columnistas, encabezados por Humberto de la Calle y Rodrigo Uprimny, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos, que terminaron asesinados en esta Colombia sobre la que Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, afirmó que es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Para corroborarlo basta recordar, por ejemplo, los gritos que el 21 de junio de 2019 daba ese niño que, enloquecido, corría por las calles de Tierralta, Córdoba, pidiendo ayuda para salvar a su madre, María del Pilar Hurtado, quien acababa de ser acribillada en la puerta de su casa.
María del Pilar, de 34 años, madre de cuatro hijos, ejercía su liderazgo social en un asentamiento de lotes de invasión. Había llegado allí un año antes, desplazada de Puerto Tejada, Cauca, donde, a través de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza, había denunciado redes de narcotráfico y “casas de pique”.
En Tierralta vivía del reciclaje y, con otras familias, había ocupado lotes y terrenos en desuso, entre los cuales se encontraba uno del padre del alcalde. María del Pilar se había convertido en vocera de las familias ante los dueños de los terrenos y la Alcaldía.
A raíz de su papel como líder, fue amenazada de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La amenaza iba dirigida únicamente a los pobladores de la “invasión”. Días después, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta la asesinaron frente a su casa en presencia de ese hijo; al ver a su madre muerta, empezó a correr y a dar esos alaridos de dolor que quedaron grabados en un video que, por unos días, conmovió a los colombianos. Pero, después, nos olvidamos de María del Pilar y, probablemente, la investigación sobre su crimen, del cual se dijo que era sospechoso el padre del alcalde de Tierralta, llegó a la Fiscalía a poblar los anaqueles del olvido.
También el 22 de diciembre de ese año nefasto fue abaleada, en Saravena, Martha Cecilia Pérez Giraldo, de 40 años, miembro de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) y de la Red Departamental de Mujeres Emprendedoras. Martha Cecilia defendía los derechos de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar. Como casi siempre ocurre, quien figura como responsable del crimen es un “desconocido”. Y como si su muerte no hubiera bastado, ese mismo día, en Saravena, también su hermana fue asesinada.
Al día siguiente, en Nariño, Lucy Villarreal, de 32 años, activista cultural e integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, impulsora del Carnaval de Negros y Blancos, madre de dos niñas, quien resaltaba la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio, fue asesinada en el corregimiento de Llorente, cuando salía de dictar un taller de arte para niños.
A manera de despedida, una de sus hijas escribió en las redes sociales: “Te vas siendo la mejor persona, la que llenaba con su sonrisa el alma de cualquier persona. Me haces mucha falta, mi mamita”.
¿Hasta cuándo seguiremos inconmovibles ante los asesinatos de los líderes sociales? ¿Cuándo seremos capaces de despertar y darnos cuenta del horror del que nuestro silencio nos hace cómplices?
Las cifras de los asesinatos de líderes sociales, solas, se convierten en una estadística que no muestra la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, por iniciativa de esa enamorada de la paz que es Gloria Arias, un grupo de columnistas, encabezados por Humberto de la Calle y Rodrigo Uprimny, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos, que terminaron asesinados en esta Colombia sobre la que Michel Forst, entonces relator de Naciones Unidas, afirmó que es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos.
Para corroborarlo basta recordar, por ejemplo, los gritos que el 21 de junio de 2019 daba ese niño que, enloquecido, corría por las calles de Tierralta, Córdoba, pidiendo ayuda para salvar a su madre, María del Pilar Hurtado, quien acababa de ser acribillada en la puerta de su casa.
María del Pilar, de 34 años, madre de cuatro hijos, ejercía su liderazgo social en un asentamiento de lotes de invasión. Había llegado allí un año antes, desplazada de Puerto Tejada, Cauca, donde, a través de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza, había denunciado redes de narcotráfico y “casas de pique”.
En Tierralta vivía del reciclaje y, con otras familias, había ocupado lotes y terrenos en desuso, entre los cuales se encontraba uno del padre del alcalde. María del Pilar se había convertido en vocera de las familias ante los dueños de los terrenos y la Alcaldía.
A raíz de su papel como líder, fue amenazada de muerte por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La amenaza iba dirigida únicamente a los pobladores de la “invasión”. Días después, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta la asesinaron frente a su casa en presencia de ese hijo; al ver a su madre muerta, empezó a correr y a dar esos alaridos de dolor que quedaron grabados en un video que, por unos días, conmovió a los colombianos. Pero, después, nos olvidamos de María del Pilar y, probablemente, la investigación sobre su crimen, del cual se dijo que era sospechoso el padre del alcalde de Tierralta, llegó a la Fiscalía a poblar los anaqueles del olvido.
También el 22 de diciembre de ese año nefasto fue abaleada, en Saravena, Martha Cecilia Pérez Giraldo, de 40 años, miembro de la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) y de la Red Departamental de Mujeres Emprendedoras. Martha Cecilia defendía los derechos de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar. Como casi siempre ocurre, quien figura como responsable del crimen es un “desconocido”. Y como si su muerte no hubiera bastado, ese mismo día, en Saravena, también su hermana fue asesinada.
Al día siguiente, en Nariño, Lucy Villarreal, de 32 años, activista cultural e integrante de la Fundación Cultural Indoamericanto, impulsora del Carnaval de Negros y Blancos, madre de dos niñas, quien resaltaba la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio, fue asesinada en el corregimiento de Llorente, cuando salía de dictar un taller de arte para niños.
A manera de despedida, una de sus hijas escribió en las redes sociales: “Te vas siendo la mejor persona, la que llenaba con su sonrisa el alma de cualquier persona. Me haces mucha falta, mi mamita”.
¿Hasta cuándo seguiremos inconmovibles ante los asesinatos de los líderes sociales? ¿Cuándo seremos capaces de despertar y darnos cuenta del horror del que nuestro silencio nos hace cómplices?