Por fin, muy tímidamente, después de que —según la fuente que se tome— entre 100 y 156 líderes sociales han sido asesinados en el 2016 y 2017, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que “se está indagando sobre la posible presencia de reductos paramilitares en ciertas regiones del país, que estarían relacionados con asesinatos de defensores de derechos humanos”.
Esa cauta afirmación de un hecho tan evidente y peligroso de minimizar se produjo después de la lógica indignación que suscitaron las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre que los homicidios de líderes sociales eran, “en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de reivindicación, de pelea por rentas ilícitas”. Pero Villegas sólo repitió, en términos carentes de todo sentido político, la tesis que hasta ahora habían sostenido la Fiscalía y el Gobierno: que los asesinatos de líderes sociales tenían múltiples causas, y que no obedecían a un patrón sistemático.
Pero, frente al escándalo, ahora el fiscal salió a decir que “estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”.
Y el presidente, también por fin, anunció que va a poner en marcha el Plan Orus, que se propone detener el asesinato de líderes sociales al brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacían presencia las Farc.
Es algo que ha debido hacerse hace mucho tiempo. Igual que, desde cuando se produjo el primer asesinato, el Gobierno en pleno, empezando por el presidente, el ministro de Defensa y el fiscal general, han debido ponerse en estado de alerta y darles todo la prioridad tanto a las investigaciones como a la prevención de los asesinatos, en lugar de hacerse los locos y minimizar el asunto, como lo han hecho desde entonces.
Puede haber uno o dos casos en que el móvil del crimen haya sido un asunto personal. Pero lo que es innegable es que la mayoría de los asesinatos ocurren en zonas que antes controlaban las Farc las cuales, aun cuando no nos guste reconocerlo, ejercían una especie de función de Estado, en unos territorios donde el Estado jamás había llegado. ¡Y sigue sin llegar, incluso más de un año después de firmada la paz! Y es que el Ejército estaba acostumbrado a atacar a la guerrilla y retirarse de la zona. Y ahora lo que tiene que hacer es lo contrario: quedarse y ejercer control territorial en esas regiones donde grupos paramilitares y disidentes de las Farc se están disputando esas tierras sembradas de coca y están empeñados en evitar a sangre y fuego que los reclamantes de ellas, y los líderes sociales que los apoyan, tomen posesión legítima de esos territorios.
¿Y qué opina de todo esto el vicepresidente Naranjo? Recuerdo que en vísperas de su posesión me dijo que él se iba a empeñar en lograr que los encargados de la seguridad en las zonas donde se produjeran los crímenes fueran destituidos de sus cargos por no cumplir eficazmente con sus funciones. ¿Qué pasó con ese propósito?
La peor actitud que pueden asumir el presidente, su equipo y el fiscal general, ante la matazón de líderes sociales, es la de esconder la cabeza como el avestruz.
La única actitud sensata es reconocer el problema y que el Estado, como un todo, decida solucionarlo asumiendo su responsabilidad de controlar esos territorios.
* * *
¡Feliz Navidad, queridos lectores!
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa
Por fin, muy tímidamente, después de que —según la fuente que se tome— entre 100 y 156 líderes sociales han sido asesinados en el 2016 y 2017, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que “se está indagando sobre la posible presencia de reductos paramilitares en ciertas regiones del país, que estarían relacionados con asesinatos de defensores de derechos humanos”.
Esa cauta afirmación de un hecho tan evidente y peligroso de minimizar se produjo después de la lógica indignación que suscitaron las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre que los homicidios de líderes sociales eran, “en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de reivindicación, de pelea por rentas ilícitas”. Pero Villegas sólo repitió, en términos carentes de todo sentido político, la tesis que hasta ahora habían sostenido la Fiscalía y el Gobierno: que los asesinatos de líderes sociales tenían múltiples causas, y que no obedecían a un patrón sistemático.
Pero, frente al escándalo, ahora el fiscal salió a decir que “estamos identificando unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de eventual presencia de reductos de autodefensas, que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”.
Y el presidente, también por fin, anunció que va a poner en marcha el Plan Orus, que se propone detener el asesinato de líderes sociales al brindar seguridad en 67 municipios y 595 caseríos en donde hacían presencia las Farc.
Es algo que ha debido hacerse hace mucho tiempo. Igual que, desde cuando se produjo el primer asesinato, el Gobierno en pleno, empezando por el presidente, el ministro de Defensa y el fiscal general, han debido ponerse en estado de alerta y darles todo la prioridad tanto a las investigaciones como a la prevención de los asesinatos, en lugar de hacerse los locos y minimizar el asunto, como lo han hecho desde entonces.
Puede haber uno o dos casos en que el móvil del crimen haya sido un asunto personal. Pero lo que es innegable es que la mayoría de los asesinatos ocurren en zonas que antes controlaban las Farc las cuales, aun cuando no nos guste reconocerlo, ejercían una especie de función de Estado, en unos territorios donde el Estado jamás había llegado. ¡Y sigue sin llegar, incluso más de un año después de firmada la paz! Y es que el Ejército estaba acostumbrado a atacar a la guerrilla y retirarse de la zona. Y ahora lo que tiene que hacer es lo contrario: quedarse y ejercer control territorial en esas regiones donde grupos paramilitares y disidentes de las Farc se están disputando esas tierras sembradas de coca y están empeñados en evitar a sangre y fuego que los reclamantes de ellas, y los líderes sociales que los apoyan, tomen posesión legítima de esos territorios.
¿Y qué opina de todo esto el vicepresidente Naranjo? Recuerdo que en vísperas de su posesión me dijo que él se iba a empeñar en lograr que los encargados de la seguridad en las zonas donde se produjeran los crímenes fueran destituidos de sus cargos por no cumplir eficazmente con sus funciones. ¿Qué pasó con ese propósito?
La peor actitud que pueden asumir el presidente, su equipo y el fiscal general, ante la matazón de líderes sociales, es la de esconder la cabeza como el avestruz.
La única actitud sensata es reconocer el problema y que el Estado, como un todo, decida solucionarlo asumiendo su responsabilidad de controlar esos territorios.
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¡Feliz Navidad, queridos lectores!
www.patricialarasalive.com, @patricialarasa