Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Mientras avanza el más absurdo paro general convocado por el Gobierno contra el Congreso por hundir la consulta popular para someter a votación una reforma laboral que el martes se concilió y aprobó en la Comisión Cuarta del Senado, escribo sobre un hecho importante que pasó desapercibido en medio de tanta insoportable e interminable peleadera. En días pasados, se acordó entre la delegación del Gobierno, liderada por Armando Novoa, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, cuyo jefe es Walter Mendoza, un compromiso para que sus combatientes se concentren en dos lugares de Nariño y Putumayo, dejen de trabajar en la coca, se ganen la vida en economías lícitas e inicien un proceso hacia la dejación de las armas (“desuso”, dicen) y la reincorporación a la vida civil.
Este proceso es muy importante por varias razones: la primera, porque en Nariño y Putumayo hay sembradas cerca de 100 mil hectáreas de coca, es decir, la tercera parte de la hoja que hay en el país. La segunda, porque los combatientes van a ubicarse en lugares delimitados, denominados Zonas para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) que tendrán el acompañamiento de Suiza, Noruega y Venezuela, y no estarán desperdigados por el territorio, como ha sido el caso con el ELN, lo cual hace muy difícil, por una parte, vigilar que no delincan y, por otra, protegerlos. La tercera, que si bien inicialmente van a estar en esas zonas solamente 120 desmovilizados (60 en cada una), ese proceso tiene muchas posibilidades de crecer porque la CNEB cuenta con dos estructuras grandes: los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que suman cerca de 5.000 miembros entre combatientes y auxiliadores. La cuarta, que los desmovilizados llegarán a esas zonas sin armas. Y la quinta, y más importante de todas, que los miembros de esa Coordinadora, según lo dicho por Walter Mendoza en una entrevista que le dio a este diario, quieren vivir en paz y ya tomaron la decisión de abandonar la guerra.
Pero, además, como se lo dijo a la revista Cambio el jefe negociador del gobierno, Armando Novoa –de quien hay que decir que ha llevado ese proceso de manera estructurada, ordenada e inteligente– no se trata solo de que silencien los fusiles, sino de que se capaciten para que den el salto de las economías ilícitas a la economía lícita ya que están dispuestos a participar en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
“Este es un gran paso porque estamos trazando un camino hacia la paz territorial”, le dijo Novoa a Cambio. Y la paz territorial, a mi juicio, es el único sendero de paz que puede funcionar en Colombia, porque en cada territorio el conflicto tiene características diferentes.
Sin embargo, el proceso con la CNBE tiene riesgos grandes porque en Nariño y Putumayo operan otros grupos armados, especialmente el de Iván Mordisco y reductos del ELN. E Iván Mordisco es enemigo de Mendoza, según le dijo él a El Espectador. Esto significa, le advierte Novoa a Cambio, “que sin protección estatal será difícil garantizar la sostenibilidad del proceso”.
Y ese es el gran desafío del gobierno de Petro y de sus Fuerzas Armadas en este caso: asegurarles la vida a esos excombatientes para que no les pase como a los desmovilizados de las FARC, que ya llevan más de 400 muertos desde que firmaron la paz.
