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Aquí la muerte de niños nos importa poco. Para la muestra, este botón: la revista Cambio renació esta semana con varias chivas:
Primera, la entrevista a la exparlamentaria Aida Merlano, en la que habla de sus amores con los políticos Julio Gerlein y Álex Char, denuncia con nombres y apellidos la corrupción de la política en el Atlántico, y cuenta su participación en ella (“a mí me criaron en una familia compradora de votos. Yo qué iba a pensar que eso es ilegal”, dice).
Segunda, la grabación de una charla entre la senadora María Fernanda Cabal y un militar, en la que ella comenta que el presidente “Duque es mamerto” y que a Uribe “le ha sabido a mierda”, afirmación que la senadora confirmó a los medios.
Tercera, un relato recogido en Morichal por Cambio, donde se cuenta cómo los restos del adolescente indígena Brayan Esteven Martínez, muerto en un bombardeo de la Fuerza Aérea, se los entregaron en pedacitos, envueltos en una mortaja, a su hermano Fabián. Agrega que entonces (septiembre de 2021) había en la morgue otra adolescente de 15 años fallecida en las mismas circunstancias; documenta que durante el gobierno de Duque van “26 niños muertos en bombardeos —entre ellos una niña de 12 años—”, según consta en un oficio de Medicina Legal enviado al secretario de la Comisión Primera del Senado por solicitud de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras; y añade que el Gobierno ha presentado los bombardeos de niños como casos aislados, a pesar de que en 10 de 29 de ellos (casi la tercera parte), realizados entre agosto de 2018 y el 30 de octubre de 2021, el Instituto de Medicina Legal ha practicado la necropsia de 26 menores.
Se trata de niños que no participan directamente de las hostilidades, así lo piense de ese modo la general Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, porque en su inmensa mayoría son menores reclutados forzosamente y por lo tanto, como sostiene el jurista Rodrigo Uprimny, “deben ser considerados población civil, porque no están participando en las hostilidades”.
Presidente Duque, ministro Molano, general Leguizamón: aun cuando no sean sus hijos, se trata de niños muertos, de pequeñas víctimas bombardeadas; no son “máquinas de guerra”, como dijo una vez Molano. Son niños obligados a ir a la guerra o, como en el caso de Brayan, que han sido vendidos a la guerrilla por gente sin corazón. Brayan cursaba séptimo grado y, poco antes de morir, lo dejó todo —hogar, novia, estudios— para ir a raspar coca en la finca de un tal Botalón, quien acostumbra engatusar a los niños con la promesa de pagarles bien si se van a trabajar como raspachines, pero él acaba emborrachándolos y vendiéndoselos a la guerrilla.
¿Saben por qué en esas zonas la mayoría de los niños lo hacen? Porque sus padres no trabajan, ellos quieren estudiar pero no pueden pagar sus útiles escolares, no consiguen otros empleos y raspando coca ganan unos $44.000 diarios, menos que un salario mínimo, si se considera que a los raspachines no les pagan prestaciones sociales.
Cuando se cayó Guillermo Botero como ministro de Defensa por el bombardeo de niños, los menores muertos eran 12. Sin embargo, en la época de Molano la cuenta va en 26. Pero a nadie parece importarle: esa noticia no vende y quizás por eso los medios la callan. Entonces se detienen en los escándalos de la Merlano y la Cabal.
Mientras tanto, ¿que continúe el bombardeo de niños?