Los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios tienen la posibilidad de resolver sus divergencias políticas cuando las mayorías, en el interior del Parlamento, consideran necesario votar una moción de censura para convalidar los gobiernos de turno. En otros términos, esos períodos gubernamentales, contrario al nuestro que es presidencialista, no son fijos cuando de controversias políticas de alto calado se trata. En el parlamentarismo el gobierno conformado por unas mayorías se juega día a día su permanencia en el poder. En los sistemas puramente presidenciales, como el colombiano, los tiempos son permanentes, aunque también tienen sus irrupciones definitivas, como ocurrirá el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales. Aún más, siendo protagonista el primer gobierno de izquierda rupturista de nuestra era republicana.
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A comienzos del siglo pasado la hegemonía conservadora gobernó Colombia en toda la línea. Los “hermanos godos” tenían mayorías absolutas en el Congreso y ganaban elecciones de forma consecutiva. Las elecciones de alcaldes y gobernadores son asuntos constitucionales de finales del siglo XX. A partir de 1930 los “cachiporros” o liberales iniciaron una senda de predominio que concluyó en 1994. Solo hubo dos interrupciones durante ese período: la dictadura de Rojas Pinilla y la paz política del Frente Nacional, un intercambio partidista entre liberales y conservadores para manejar milimétricamente el Estado, con el que lograron tener una “democracia burocráticamente controlada”. Afortunadamente llegó la Constitución de 1991, que permitió el desbloqueo participativo en términos políticos, a tal punto que uno de los integrantes del triunvirato que condujo la Asamblea Nacional Constituyente fue Antonio Navarro, quien se ganó ese espacio luego de una poderosa primera campaña del reinsertado M-19 y sus aliados.
A partir de la implementación de la carta de navegación política colombiana, la consolidación de las mayorías se hizo cada vez menos preponderante y el multipartidismo se hizo la norma. Hoy el único espacio para ratificar si los colombianos están acompañando al Gobierno nacional en su período constitucional de cuatro años son las elecciones locales, que se realizan un año después de la posesión del presidente de turno. Son una especie de “equilibrio democrático” que se mide por medio del resultado de los ganadores en materia de concejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías y gobernaciones. En ese mosaico electoral será donde podremos saber si el constituyente primario está asimilando la agenda del Gobierno de Gustavo Petro. De igual forma, se podrá comprobar si el votante de lo que algunos llaman “la Colombia profunda” apoya o tiene cuestionamientos frente a las denuncias que han provocado una de las crisis políticas más complejas y difíciles, entre las muchas, de un mandatario colombiano.
Las principales capitales del país hoy están en manos de sectores afines al proyecto del presidente Petro. Las gobernaciones, salvo Magdalena, son de los sectores tradicionales del país o en coaliciones. Los diputados (a propósito, ojalá les pongan algunas tareas que los empoderen o de otra manera deberían eliminar esa figura cooptada por los gobernadores) son de mayoría liberal y de los partidos tradicionales. En relación con los concejos, la primacía sigue recayendo, cada vez más menguada, en los partidos históricos.
Frente a este mapa actual, el próximo 29 de octubre se podrá saber si en materia electoral local le hacen o no una moción censura simbólica al presidente Gustavo Petro y su Gobierno.
