Buenos y malos

Fue Camus, según parece, el que dijo que una sociedad se conoce por sus cárceles. ¡Y de qué manera! Basta ver lo que está pasando un año después en Haití –un país inseguro, pauperizado, sin Dios ni ley– con los 18 mercenarios colombianos que participaron en el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Al hecho de estar privados de libertad y sin ser llevados a juicio, se suma que pasan hasta 72 horas sin comer, sin poder ir al baño –“nos toca hacer del cuerpo aquí adentro”, testimonió uno de ellos– y sufriendo tortura, a pesar de que la mayoría aceptó su participación en el hecho. En un informe que trae El Espectador del 7 de julio, la abogada de Eladio Uribe cuenta: “A él le quemaron con ácido los testículos y le arrancaron las uñas de los pies. Le dijeron que sabían dónde vivía su familia y que los iban a matar”. Esta semana la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, informó que su viaje a ese país debió cancelarse por “razones de seguridad”. Sin embargo, uno se pregunta por qué en todo este tiempo el gobierno colombiano, informado desde el principio de esos horrores, no ha hecho algo drástico como acudir formalmente a la CIDH.