Aunque es muy importante la cumbre del clima de la ONU COP26, este tipo de eventos no se libran del blablablá histórico del que habla García Márquez. El presidente Iván Duque, siempre el primero de la clase, declaró que para el 2022, mucho antes de lo pactado, un 30 % del territorio de Colombia será declarado área protegida. Algo que suena maravilloso teóricamente, pero que, aunque suceda, no garantiza mayor cosa. ¿Por qué? Un reciente informe de Crisis Group —una prestigiosa organización no gubernamental independiente, “que se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno y cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos”— muestra de manera muy concreta cuántos factores complicadísimos inciden en la deforestación en Colombia.
Algunos de los datos del informe nos son familiares, como que la deforestación se ha incrementado desde que las Farc pactaron la paz. Ante la ausencia del Estado las disidencias, el Eln y el crimen organizado se apoderaron de los que fueron territorios de las Farc, que están talando para abrirles camino a las rutas del narcotráfico y establecer sus centros de poder criminal. Pero la tala de bosques, aclara Crisis Group, no sólo es producto de manos ilegales: la pobreza, el desplazamiento, la incompetencia, la corrupción y el poder manipulador de los terratenientes, muchos de los cuales se han hecho dueños de la tierra de manera espuria, tienen una incidencia enorme. Muchos campesinos, por ejemplo, están deforestando, bien sea por necesidad —son colonos expulsados de su lugar de origen— o doblegados por las amenazas de los grupos criminales. La Operación Artemisa, que hace parte de la estrategia de Duque y de los militares para detener la deforestación, no sólo ha resultado excesivamente costosa, sino que ha provocado la indignación pública por su tendencia a perseguir ante todo campesinos, en vez de “identificar y judicializar a los grandes patrones de la deforestación”.
Dos datos más resultan desalentadores: la principal causa de la tala de bosques, de lejos, es la ganadería. Cito: “Aunque la ganadería es una industria legal, a menudo se asocia con intereses insurgentes y criminales, y muchas reses pastan en áreas que se supone están protegidas. Las ganancias del tráfico de cocaína se lavan fácilmente a través de la ganadería. (…) Gran parte de la tierra utilizada para la ganadería ha sido obtenida ilegalmente. En varios focos de deforestación, grupos posparamilitares y disidentes de las Farc ocuparon tierras cuando la guerrilla entregó sus armas y salió del lugar”. Para acabar de completar este aterrador panorama, Crisis Group denuncia la corrupción de las CAR, cuyos miembros, sólo en 2018, fueron sujeto de 398 acciones preventivas y disciplinarias por malos manejos.
Entre las conclusiones del resumen ejecutivo del informe se lee: “Cruzarse de brazos mientras las zonas más alejadas de Colombia son arrasadas para obtener beneficios económicos ilícitos supone el riesgo de alimentar continuos ciclos de violencia”. Parecieran palabras al oído de Duque. ¿Cómo la ven?
