“EN CASO DE DUDA ABSTENTE”. A este antiguo proverbio se acogió sabiamente el ministro de Salud cuando recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes “suspender de manera inmediata el uso del glifosato”, basado en la alerta de la OMS sobre los posibles efectos cancerígenos de esta sustancia, que ha sido asociada por los científicos con defectos de nacimiento, con el linfoma no-Hodgkin e incluso con trastornos nerviosos y con el mal de Parkinson.
El diagnóstico no es de ahora. Ya en 2011 Greenpeace publicó un estudio aseverando que hay evidencia científica sobre los riesgos del glifosato para la salud y el medio ambiente. Y la Corte Constitucional reglamentó su uso hace unos meses y alertó sobre la necesidad de prohibirlo si se probaban sus efectos dañinos.
Cuando el río suena, piedras lleva. Cada tanto los laboratorios químicos y médicos deben retirar productos del mercado ante la evidencia de que producen graves efectos secundarios. Pero siempre hay quien los minimiza porque, ¿qué importa sacrificar unos cuantos con tal de conseguir una buena comercialización? Los intereses financieros suelen imponerse sobre cualquier sentido humanitario.
Todo hace pensar que poco va a pasar con el glifosato en Colombia, último país de la Tierra empeñado en usar el herbicida, porque los intereses son también políticos, no sólo monetarios. Está, por supuesto, la presión de Monsanto; pero también la de EE.UU., cuyas autoridades juran que no hay daños probados. Y la del Ministerio de Defensa, al que no le conviene sumar otro descontento al que ya tienen las Fuerzas Armadas con los pactos de La Habana. Y ahora, para acabar de ajustar, el procurador, invitado de toda boda, asegura, con su tono escandaloso, que la medida “sería peor que la decisión de cesar bombardeos” contra los campamentos de la guerrilla. Ante tantas presiones el Gobierno colombiano recula: ya la canciller María Ángela Holguín dijo que a corto plazo el Gobierno no tomará una decisión al respecto y el ministro Juan Carlos Pinzón dice que seguirán con el glifosato mientras buscan otras estrategias de aspersión, “porque no podemos permitir que se terminen beneficiando la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo...”.
Pero está probado que no es fumigando como se gana esta guerra. Los estudios de los expertos señalan que los cultivos ilícitos no sólo no han disminuido, sino que han aumentado en los últimos años. Que la aspersión empobrece a indígenas y campesinos que pierden sus cultivos de maíz o plátano, y a veces los empuja al desplazamiento. Que es Colombia la que financia el porcentaje más alto de las fumigaciones, y que asperjar una hectárea cuesta US$72.000, mientras la cocaína que esa misma hectárea produce se vende en US$3.500. Que la guerrilla, los paramilitares y las bacrim sean los primeros beneficiarios de estos cultivos sólo tiene una razón: los altos precios que genera la prohibición; pero perseguir y castigar no es la única salida al problema de los estupefacientes. No es un dilema fácil, pero otra vez la coyuntura nos lleva a repensar en otras formas de abordar el problema. Porque entristece pensar cuánta educación, salud y carreteras se lograría con el dinero que hoy se gasta en esta otra guerra, totalmente estéril.
