La trampa de la guerra

Una sola condición hermana a los jóvenes de Iguala, donde fueron desaparecidos 43 normalistas, y a los de Caloto y otras regiones del Cauca: sus vidas están sitiadas por la violencia.

 Según los que han estudiado el fenómeno mexicano, ahora que el poder de los narcotraficantes es inmenso en esas zonas paupérrimas, las opciones de los muchachos se reducen a tres: migrar, unirse a la delincuencia narco o estudiar para maestros. Cualquiera de ellas los aboca a destinos difíciles: unirse a los narcos significa caer en una trampa de la que es ya imposible escapar; migrar, sobre todo cuando es ilegalmente, implica riesgos a menudo mortales: recuérdese, por ejemplo, el asesinato de 72 migrantes indocumentados encontrados en un rancho de Tamaulipas, y ser maestro no es fácil en un momento de profunda crisis en el magisterio mexicano, y enfrentando precariedades y presiones políticas.

Las gentes de Caloto y otras zonas del Cauca también saben, como las de Iguala, lo que es vivir en medio de la guerra. La presencia guerrillera data de los años 50, y arrecia a mediados de los 60, cuando las Farc se repliegan hacia Tierradentro y se asientan en buena parte del territorio; pero no es ese el único actor armado en la región: el Eln, el Epl, el M-19 y el Quintín Lame son algunos de los grupos guerrilleros que han estado en esa zona. Más tarde hacen su aparición los paramilitares, que según declaración de H.H., seudónimo de Jorge Éver Veloza, fueron financiados por empresarios del Valle y del Cauca, que en alianza con narcotraficantes cometieron atroces matanzas, entre ellas la de la hacienda El Nilo, donde murieron 24 miembros de la comunidad nasa, y la que se extendió a lo largo de la cuenca del río Naya entre el 10 y el 12 de abril de 2001, en la que mataron e hirieron al menos 27 hombres y mujeres y niños campesinos e indígenas. Y está, por supuesto, el Ejército, que cada tanto hace incursiones armadas contra sus enemigos.

Ahí, en medio del fuego y de las amenazas, el pueblo nasa y otras comunidades indígenas luchan por su dignidad y su autonomía, declarada en la Constitución del 91, pero teniendo que enfrentar el reclutamiento forzado de sus jóvenes por parte de los actores armados o su elección de irse a la guerrilla porque esperan un cambio en sus vidas y en la de su pueblo. Basta ver la foto en que la Guardia Indígena custodia a los siete hombres que asesinaron a sus dos líderes y que confesaron ser miembros de las Farc, para entender que son todos nativos, como sus víctimas. “Es duro saber que aquellos que nos matan sean nuestros propios hermanos”, dijo el gobernador de Tacueyó en la crónica que sobre el tema apareció en El Espectador. Y Fercho, el autor material del crimen, dijo “que tenía la orden de su comandante (…) de no dejarse quitar las armas, ni de entregarse vivo a la autoridad. Por esa razón disparé”.

Hay que decir que así discrepemos de los latigazos como castigo, las comunidades indígenas del Cauca han hecho el juicio más efectivo de los últimos tiempos en Colombia. Lástima que haya tenido que ser contra aquellos que se desprendieron de su propia entraña porque cayeron en la trampa de la guerra.