Las pandillas

Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la inseguridad en Haití está en los niveles más altos de toda su historia. Crisis Group publicó un pormenorizado informe sobre la situación, con datos tan alarmantes como que el número de mujeres asesinadas aumentó en un 75 %, o que solamente en abril de este año las pandillas mataron a 600 personas. Las organizaciones delictivas han ido adquiriendo cada vez más poder, formando “coaliciones” de pandillas dedicadas a las extorsiones y el secuestro, que les han permitido una mayor independencia de sus antiguos patrocinadores –”políticos y empresarios poderosos”–. Grupos armados, informa este grupo investigativo, “han saqueado y quemado casas, mutilado y asesinado personas, e incluso quemado cadáveres a plena vista. (…) también utilizan la violencia sexual, incluidas violaciones colectivas sistemáticas, especialmente de mujeres, niñas y personas LGBTQI+, para someter a la población local”.

El resultado es una realidad distópica de miedo y caos donde el grito de los haitianos es ¡sálvese quien pueda!, y donde los civiles hacen justicia por mano propia. Hoy proliferan grupos de autodefensa que, en un esfuerzo por la supervivencia, se organizan contra las pandillas, con la connivencia de las fuerzas del Estado, logrando disminuir en algo los ataques, pero dando lugar a horrores como que un simple rumor o alerta acabe en linchamientos colectivos. El analista de Crisis Group anota que, ante el abandono del Estado, no es de extrañar que el movimiento Bwa Kale (gestor de las autodefensas) se haya ganado el apoyo de muchísimos haitianos.

Es un hecho que la delincuencia organizada está creciendo amenazadoramente en muchos de nuestros países, como México, Guatemala, El Salvador y Ecuador. Este último un país tradicionalmente pacífico cuya delincuencia se ha aliado con bandas colombianas y mexicanas. En estos países hay ya miles de ciudadanos migrando para liberarse del accionar de las pandillas en las ciudades. Colombia, como constatamos a diario, está sufriendo igualmente de una inseguridad y de una violencia galopantes: La Oficina de Tuluá asesinó hace unas semanas a tres funcionarios de la Dirección de tránsito; en Barranquilla, no cesan las extorsiones; en regiones como Putumayo y Catatumbo, a la extorsión se suman los crímenes por tráfico de narcóticos; hay inseguridad en el sur del Huila y Tolima, que habían recuperado seguridad; en Bogotá, donde el sicariato se ha disparado y el Tren de Aragua comete crímenes llenos de sevicia; en Buenaventura, donde vemos las bandas haciendo alarde de sus armas en las calles; y, en el campo, donde las Autodefensas Gaitanistas no tuvieron inconveniente, por ejemplo, en intimidar a contratistas de la doble calzada en Sucre, haciéndolos abandonar la obra por temor a represalias del Clan del Golfo.

No se me ocurre, por supuesto, comparar la situación de Haití con la nuestra, pero no creo inútil preguntarnos si tenemos en Colombia un riesgo semejante de que, frente al desbordamiento de la inseguridad y el crimen, se incremente la justicia por mano propia; y que, de paso, en la ciudadanía vaya creciendo una tendencia de derecha que, desde una visión simplista, abogue por mano firme, aunque sea violando los derechos humanos, como en el caso Bukele.