Estremece el relato de Luz, la madre de una víctima de un “falso positivo” que fue detenido y asesinado por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 42 del Ejército. Ella, que en cinco audiencias tuvo que repetir su historia, dice: “Lo que más recuerdo fue cuando le preguntaron al capitán, uno de los soldados responsables, el porqué de la muerte de mi hijo, y el respondió: «Para eso me entrenaron, para matar»” (El Tiempo, domingo 21 de febrero). Si ese capitán piensa que asesinar de forma fría y premeditada a un inocente, así sea cumpliendo órdenes, es parte de su tarea como militar, es porque perdió su noción de bien y mal y también todo rasgo de humanidad. ¿Cuántos de los autores de los 6.402 casos de falsos positivos denunciados por la JEP pensarán como él? Porque lo primero que aniquila la guerra sucia es la propia conciencia.
En un video artístico que presentó en una charla sobre reconciliación Lucía González, miembro de la Comisión de la Verdad, un hombre de 33 años que trabajó primero como sicario y luego como paramilitar en el Bloque Calima cuenta que a los 18 años, para probar “que era fuerte”, fue obligado a matar a un muchacho que lloraba arrodillado frente a él. “Lo hice, pero no de un tiro (como debía) sino de tres”. Después asesinar se hizo costumbre. “Me gustaba”, dice. Aprendió a desmembrar. Que su vida ha sido aterradora, afirma hoy que intenta volver a la vida normal y pide perdón a la gente de Buenaventura a la que hizo daño. Contar la verdad y pedir perdón es para este victimario una oportunidad para reconciliarse con la sociedad agraviada, pero sobre todo con él mismo. Volver a ser.
¿Qué diferencia los dos casos? Que los “falsos positivos” fueron ejecutados por militares cuyo deber es proteger y defender los derechos humanos. Y que no se trató de bajas en combate, sino de la fría aniquilación de miles de jóvenes inocentes, muchos de ellos vulnerables. Como se ha dicho, 100 casos deberían causar la misma indignación y vergüenza que los 6.402 casos que denuncia la JEP. Pero la dimensión de esta cifra muestra algo aterrador: que no se trató de acciones aisladas ejecutadas por grupos salidos de madre, sin control, sino de una política sistemática que obedecía a unos lineamientos y por eso pudo aplicarse en lugares distintos del territorio nacional.
“Si no es capaz, lo matamos”, le dijeron sus comandantes al joven paramilitar. Se nos olvida que a veces los victimarios pueden, a su vez, ser víctimas del sistema en que están atrapados, lo cual no quiere decir que no deban pagar por sus actos. Por eso la verdad es necesaria: para entender y juzgar. Algo, por supuesto, que a muchos de los que dieron la orden no les interesa. Tampoco al expresidente Uribe que, sintiéndose aludido, no sólo reaccionó atacando a la JEP y cuestionando las cifras —como si un solo falso positivo no ameritara indignación—, sino que, como una fiera herida y con el tono de energúmeno que ya le conocemos, se atrevió a insultar a José Miguel Vivanco —quien afirma que hay evidencias de que directivas ofrecían recompensas— diciéndole: “Ya que usted es militante de Farc no debería dar apariencia de defensor de DD. HH.”. Inconcebible. Tanta desmesura da mucho qué pensar.
