Todo es atroz en lo que se refiere al incendio sucedido el 4 de septiembre en el CAI de San Mateo, en Soacha, que causó la muerte de nueve muchachos detenidos. Atroces las denuncias sobre lo que pasaba allí antes de ese día: hacinamiento que hacía que durmieran sentados o acurrucados, golpizas, carencia de comida y prohibición de visitas. Horribles también las imágenes: madres suplicando a gritos que dejaran salir a sus hijos, niños llorando por la posible muerte de sus padres, intentos de una mujer de usar una manguera para aplacar el incendio mientras un policía se la arrebata de las manos. Y lo que se pudo ver por un instante en los noticieros: los jóvenes íntegramente quemados, desfigurados, como zombis a la espera de las ambulancias. Y de la muerte. Atroz también la sospecha de que un agente haya podido avivar el fuego con gasolina, algo que está siendo investigado. Y el hecho de que la noticia sólo haya trascendido a los medios dos meses después, gracias a las denuncias del concejal de la Alianza Verde Diego Cancino; que el alcalde de Soacha haya afirmado, como si alguna diferencia hubiera, que murieron por inhalación de humo y no quemados; que hayan tachado a Cancino de populista por sacar el hecho a la luz, y que, una vez más, el ministro Carlos Holmes Trujillo se haya atrevido a decir que todo hace parte de una campaña de desprestigio contra la Policía, en vez de pedir una investigación.
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Seguramente Cristian, Juan David, Ánderson, Yeison, Bernar, Gilberto, Alejandro y Óscar habían cometido algún delito. Pero nada justifica ese trato y ese final cruel. Entender lo que significa ser joven en Soacha —y no sólo en Soacha, sino en otros barrios populares de las ciudades colombianas, pues no se trata de estigmatizar a una población— puede ayudar a comprender. En febrero de 2020 La Silla Vacía publicó, en el reportaje “La clase del León de Soacha cinco años después le da la razón al paro”, los resultados del seguimiento a algunos alumnos del curso 1101 que se graduaron en 2015 en el León XIII. ¿Qué había pasado con sus vidas cinco años después? Casi todos habían querido ir a la universidad, pero la mayoría ni siquiera lo había intentado por carecer de recursos económicos y temor a endeudarse. Algunos no pasaron las pruebas del Icfes o de la universidad pública, y varios se quejaron de que no valió ser buenos estudiantes. El que quería estudiar Medicina se encontró con que el semestre cuesta seis millones y medio y tuvo que optar por una carrera técnica. El Sena fue una buena opción para unos, pero al graduarse se encontraron con que no había trabajo o les pedían experiencia, y terminaron vendiendo puerta a puerta o trabajando en algún call center. Muchas de las mujeres, las que expresan mayor deseo de estudiar, quedan embarazadas en la adolescencia y deben optar por un trabajo con sueldo mínimo. Todos se mostraron de acuerdo con las marchas. Sabemos de presencia de guerrilleros en Soacha, de Águilas Negras y narcotráfico. Muchos de los padres de estos jóvenes son personas sin educación, pero lograron en los últimos diez años comprar una casa o un carro, algo esperanzador cuando pensamos en movilidad social. Es triste pensar que la pandemia nos devolverá precisamente diez años y que a muchos de ellos los seguirá esperando un no futuro.
