La toma del Parque Nacional por parte de los emberá ha tenido mucho despliegue en los medios, pero poco análisis riguroso sobre sus causas y efectos. En primer lugar, porque es un problema con muchas y delicadas aristas, pero también por miedo de los analistas de ser tachados de políticamente incorrectos por una sociedad que ha romantizado todo lo referente a las culturas indígenas. Y porque, hay que decirlo, sólo a unos pocos les interesa, en este convulsionado mundo preelectoral, la tragedia de una comunidad que ha llegado a tener hasta 38 personas hospitalizadas, muchas de ellas niños.
Este grave problema fue tocado con acierto por Jhon Torres, Editor de El Tiempo, en una columna. Quisiera retomar algunos de sus puntos. Empecemos por decir que los emberás no están aquí porque quieren. Si en los años noventa los desplazamientos desde Risaralda y Chocó obedecían sobre todo a las violencias del conflicto armado, hoy se deben a otra forma de violencia: la de las carencias y falta de oportunidades ocasionadas por el histórico abandono del Estado. Acudiendo a las vías de hecho en la capital, estas familias buscan visibilización de su situación, solidaridad ciudadana –que responde muy bien a sus duras circunstancias- y amparo en una institucionalidad fuerte que los protege durante los primeros tres meses, por ley, con alojamiento y ayudas humanitarias.
Sin embargo, ya aquí radicados, el proceso empieza a llenarse de oscuridades. La gestión de los líderes indígenas, que aducen cada tanto diversas causas para no regresar a los territorios y ponen permanentemente nuevas condiciones a las autoridades, empieza a crear un círculo vicioso. Esos líderes, como cualquiera puede comprobar, son hombres, muchos de los cuales ni siquiera pernoctan en el parque. Ellos son los que reciben y administran las ayudas, que reparten según su criterio entre los suyos, y dicen los expertos que han estado lidiando con la situación desde el Distrito, que son las mujeres y los niños los que llevan la peor parte, porque en su sociedad, como en la nuestra, existe un machismo estructural que menosprecia a las mujeres y deposita en ellas todas las responsabilidades del cuidado y de los trabajos que los machos desdeñan. El Distrito ha invertido en los emberá, durante la pandemia, 7.000 millones de pesos, pero, con justa razón, plantea que el asistencialismo es una política que termina por perpetuar, perversamente, la condición de víctima de los beneficiarios, y por desarraigarlos de sus territorios a costa de la dignidad a sus vidas. El ejemplo más claro es el de la condena a la mendicidad de muchas mujeres y niños emberá, muy seguramente patrocinada por explotadores de los mismos. ¿O han visto ustedes a padres indígenas sentados en las aceras mendigando con su prole?
Pero hay más: políticos populistas de todas las tendencias están usando esta causa para capitalizar votos. Y la cultura emberá –sus tradiciones, sus saberes- se está viendo deteriorada por las condiciones inhumanas de su desarraigo. Mientras tanto, sus territorios, sin quién los defienda, corren el riesgo de ser tomados por los expoliadores de siempre: la minería ilegal, los depredadores madereros, y todos los que persiguen adueñarse de tierras ajenas. Triste.
